Por Luisa García Pelatti

En los próximos meses, el Gobierno dejará de pagar los bonos emitidos por el Sistema de Retiro de Empleados cuando se agoten las reservas para el pago de esa deuda, advierte Moody’s Investors Service en una nota publicada el lunes.

La agencia clasificadora de deuda, anticipa que los recortes en los beneficios de los retirados serán comparativamente mayores a los que se han producido en otras quiebras municipales en Estados Unidos y que la quita de la deuda de los bonistas en una reestructuración

Cuando se agoten los activos, se necesitarán $1,500 millones al año para pagar a los 97,000 retirados, lo que representaría 8.7% de los ingresos del Gobierno. Entonces, el Gobierno se verá obligado a hacer una análisis de la sostenibilidad de los beneficios de los pensionados, lo que pondrá a los tenedores de bonos en contra los pensionistas.

Moody’s opina que aunque las leyes de Puerto Rico le dan prioridad al pago de los GO’s, “asumimos que el Gobierno, antes de completar cualquier reestructuración de la deuda, considerará los beneficios de los pensionados como un servicio esencial”. Sin embargo, al final, tanto los pensionados como los bonistas tendrán que hacer sacrificios.

El hecho de que la mayoría de la deuda de Go’s y Retiro esté en mano de puertorriqueños complica el panorama.

En junio, el gobernador Alejandro García Padilla había firmado una orden suspendiendo los pagos de la deuda del Sistema de Retiro de Empleados y de las Obligaciones Generales (GO’s por sus siglas en inglés). Los pagos de deuda de retiros se han dio haciendo con las reservas de fondos. El 1 de julio se dejó de pagar la deuda de los GO’s.

Por su parte, los tenedores de bonos de Retiro han estado cobrando unos $14 millones mensuales en intereses de las reservas existentes que se podrían acabar.

Los activos de Retiro totalizaban $655.3 millones en noviembre de 2016. Las proyecciones más recientes contemplan que se acabarán en el mes de junio de este año o la primera mitad del año fiscal 2018.

Moody’s destaca que las órdenes ejecutivas aprobadas por el gobernador Ricardo Rosselló no han ayudado a extender la vida de los activos porque permitieron relocalizar las contribuciones a las pensiones hacia otras necesidades del Gobierno.

La deuda del Sistema de Retiro se emitió en el 2008 y asciende a $3,100 millones.