Por Luisa García Pelatti
Scotiabank presentó una demanda contra el Gobierno y varias agencias, solicitan un interdicto preliminar para levantar la protección automática contra posibles demandas que ofrece la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés) en contra de demandas. Lo que se busca es el banco es declarar inconstitucional la ley de moratoria. Hasta ahora ya se han presentado más de una docena de demandas en contra de la suspensión automática de litigios que establece PROMESA.
Scotiabank le otorgó un préstamo de $37.5 millones a la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) en el 2012. El préstamo se venció en el mes de marzo, pero desde diciembre de 2015 no se realizan pagos. Con la demanda, el banco busca evitar que se desvíen los fondos que deberían utilizarse para el pago de la deuda. El préstamo de la AMA está respaldado por los ingresos provenientes del arbitrio de los cigarrillos, pero el gobierno ha dejado de transferir esos fondos. El Gobierno declaró un estado de emergencia para la AMA el 30 de junio de 2016.
Los demandados son el gobernador Alejandro García Padilla; el Secretario de Hacienda; el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto; la Autoridad Metropolitana de Autobuses; el presidente de la AMA; y el presidente de la Autoridad de Transportación y Obras Públicas.
Es la primera vez que se presenta una demanda contra el Gobierno relacionado con un préstamo y no sobre el pago de los bonos.
