Por redacción de Sin Comillas
La Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (Finra, por sus siglas en inglés) ordenó a Santander Securities pagar $50,000 en daños compensatorios a Amparo Méndez Class, una viuda de 90 años de “medios relativamente modestos”, después de que la firma realizara inversiones inadecuadas y altamente arriesgadas. La cartera de inversión completa se invirtió en bonos de Puerto Rico.
La demanda contra Santander Securities señala que hubo negligencia e incumplimiento del deber fiduciario, incumplimiento del contrato, falta de idoneidad de las inversiones y violación de las normas de la industria y los estándares de atención profesional.
No es la primera vez que Santander y otras firmas de inversión reciben multas por las inversiones en bonos de Puerto Rico. En el pasado mes de enero, Finra determinó que la firma de inversiones Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith, Inc. debía pagar más de $2 millones al ex-pelotero Angel Pagán y su esposa por las pérdidas experimentadas por las inversiones realizadas en bonos de Puerto Rico siguiendo los consejos de la firma de inversiones.
En 2017, Morgan Stanley tuvo que pagar $170,284 por vender bonos municipales, incluyendo bonos de Puerto Rico, a precios que fueron injustos e irrazonables.
En el 2015, UBS Financial Services of Puerto Rico fue obligada a pagar una multa de $34 millones, después de que el Securities and Exchange Commission (SEC) y Finra, en acciones separadas, acusaran a la firma de inversiones por no supervisar adecuadamente a Ramírez en la venta de fondos mutuos cerrados. UBS también ha pagado cerca de $480 millones a clientes en acuerdos con Finra, donde todavía hay más de 800 casos contra UBS pendientes.
En 2015, Santander se vio obligado a restituir $4.3 millones a varios clientes de la firma que compraron bonos de Puerto Rico. Además, Santander deberá devolver $121,000 a ciertos clientes y deberá comprar los bonos que les vendieron. Por otra parte, FINRA multó a Santander con $2 millones por fallas relacionadas con la venta de bonos de Puerto Rico y fondos mutuos cerrados, y por no supervisar adecuadamente las transacciones de sus corredores.
