Recorrido por la Comunidad Masión del Sapo. En la foto Beatriz Rivera Roberto junto a su vecina Ana Iris O’neil, residentes del Mansión del Sapo por más de 20 años. (Foto: Nahira Montcourt)

Análisis de datos hecho por el Centro de Periodismo Investigativo apunta a las causas de las bajas tasas de vacunación de estas comunidades alrededor de todo Puerto Rico.

Por Omaya Sosa Pascual y Jeniffer Wiscovitch | Centro de Periodismo Investigativo

Pareciera que todos los problemas del mundo se concentran en Mansión del Sapo y Maternillo, en Fajardo, dos comunidades que son parte del sector de menor tasa de vacunación contra el COVID-19 en Puerto Rico durante los primeros dos meses y medio del proceso.

Aguas estancadas y pestilencia por las calles, vertederos clandestinos, criaderos de animales de granja en cualquier esquina, rescate de terrenos, temor a la expropiación, desempleo, trasiego y adicción a drogas, tiroteos, robos, y estructuras abandonadas por doquier. El muelle de los pescadores se lo llevó el huracán María y aún no ha sido reconstruido por el municipio, la pescadería está cerrada por problemas burocráticos, y el pequeño centro comunal que les construyó la Oficina de Comunidades Especiales nunca fue abierto.

La Policía nunca pasa por estas comunidades del sector Puerto Real en Fajardo, aseguró una treintena de vecinos que lleva décadas reclamando atención de las autoridades, primero del exalcalde de Fajardo, Aníbal Meléndez, y ahora de su hijo, el hoy alcalde José Aníbal “Joey” Meléndez, y del representante Carlos “Johnny” Meléndez.

Prácticamente cero actividad económica, cero escuelas, cero transportación colectiva, cero supermercados y cero farmacias a más de una hora de distancia a pie, que es como se mueven la mayoría de los residentes. Así vive la gente de Mansión del Sapo y Maternillo que conversó con el Centro de Periodismo Investigativo (CPI). Estas dos comunidades del sector Puerto Real tienen entre ambas poco más de 500 habitantes de tradición de pescadores, marineros y obreros de la industria de la caña, y quedan a pasos de lo que fue el principal puerto del este de la Isla, el terminal de lanchas de la Autoridad de Transporte Marítimo. El terminal, clausurado por el Gobierno apenas en el 2018, luce abandonado y maltrecho como un monumento a la ineptitud gubernamental. Justo al frente y a ambos lados también hay marinas de lujo y turismo náutico, y a 15 minutos por auto, el centro de Fajardo, la alcaldía, tiendas de comestibles y artículos de primera necesidad, hospitales y oficinas médicas. Pero muchos adultos mayores allí no tienen auto, y hasta buscar comida se vuelve una travesía inmanejable durante 40 minutos a pie bajo el sol implacable.

“Yo encuentro que cada día nos están marginando más y hay muchas necesidades. Desde la pasada administración… no ha pasado nada. Nos tienen al olvido”, sostuvo Elba Dávila García, presidenta de la Junta Comunitaria de Puerto Real y de la Asociación de Pescadores de Maternillo y Mansión del Sapo.

Dávila García proveyó evidencia de las cartas escritas al alcalde anterior, al actual, a la Legislatura Municipal, al Senado, a la ex gobernadora Wanda Vázquez y al gobernador Pedro Pierluisi, entre otros. Quien único les ha prestado atención y ha hecho gestiones concretas para ayudarlos ha sido el senador independiente José Vargas Vidot, aseguró.

El alcalde, Meléndez hijo, se enteró de que una de sus comunidades era la de menor tasa de vacunación al ser entrevistado por el CPI y no tuvo respuestas concretas sobre cuándo se estarían solucionando la larga lista de problemas que los residentes han traído a su atención, pero negó tajantemente que esté considerando expropiaciones. Tras la entrevista, anunció que llevará la primera clínica de vacunación a Maternillo el sábado, 17 de julio, a siete meses del inicio de la vacunación en Puerto Rico.

Al igual que Mansión del Sapo y Maternillo, decenas de comunidades vulnerables alrededor de Puerto Rico tuvieron el menor acceso a la vacuna de COVID-19 durante los primeros dos a tres meses de distribución cuando las dosis escaseaban y la ola de muertes se disparaba, mientras otros lugares en la Isla sí la recibían. El factor diferenciador entre las más altas tasas de vacunación y las más bajas durante ese periodo fue la desigualdad económica, reveló un análisis de datos del CPI.

El análisis hecho utilizando los datos anonimizados de los vacunados contenidos en el Registro de Vacunación del Departamento de Salud de diciembre a marzo, y los niveles de ingreso por código postal de la Encuesta de la Comunidad del Censo de 2019 arrojó que en las primeras semanas del proceso la tasa de vacunación en las comunidades más pudientes superó  por mucho la de las más pobres, aún cuando ubicaban en el mismo municipio.

 

En términos estadísticos, la correlación entre las variables de ingresos y tasa de vacunación se denomina como fuerte, superando el 0.5%. Durante este periodo, la directriz del Departamento de Salud era que solo se podían vacunar los profesionales de la salud, primeros respondedores y adultos mayores, pero una investigación del CPI encontró que estas normas se violentaron constantemente sin consecuencias y que allegados al Gobierno y a la industria de la salud lograron vacunar a cientos de personas fuera de fase, incluyendo a familiares, amigos y decenas de menores de 16 a 18 años.

Los contrastes entre barrios aledaños, con poblaciones comparables en términos de cantidad de habitantes, pero con niveles de ingresos dispares, fueron notables durante el primer mes de vacunación. Por ejemplo, mientras el área exclusiva de Ocean Park en San Juan logró una tasa de vacunación con primera dosis de un 7% con 467 vacunados, el código postal que queda justo al lado, cruzando la calle Loíza, y que incluye al Residencial Luis Llorens Torres, solo tuvo un 2%, con 177 inoculados. Unos minutos más adelante quedan las comunidades pobres de Barrio Obrero, Cantera y Playita, donde la tasa de mortalidad a diciembre figuraba entre las más altas de Puerto Rico con 7.6 muertes por 10,000 habitantes. Sin embargo, solo se había vacunado el 2% de sus residentes. La tasa de mortalidad de Ocean Park era de menos de la mitad, 2.8 muertes por 10,000 habitantes, pero su tasa de vacunación más del doble de las de las citadas comunidades marginales.

El lugar de mayor ingreso promedio según el Censo, el lujoso condominio Atlantis en Puerta de Tierra, logró el octavo lugar con mejor tasa de vacunación durante ese periodo con un 10% de sus residentes.

Los datos del Registro, cruzados con la Base de Datos de Mortalidad de Puerto Rico, además  prueban que la tasa de mortalidad por COVID-19 tampoco fue tomada en consideración en la distribución de las vacunas, contrario a lo que el secretario de Salud, Carlos Mellado, dijo que era la estrategia tras su plan de vacunación. Pero la correlación entre la tasa de vacunación y la tasa de mortalidad es débil a partir de la llegada de Mellado a la agencia. Por ejemplo, Punta Santiago en Humacao figura entre los lugares con más baja tasa de vacunación, pero con una de las más altas tasas de mortalidad durante el periodo analizado.

¿Por qué barrios contiguos y con cantidad de población similar registraron diferencias de hasta más de un 250% en el porcentaje de población que había recibido la vacuna al finalizar el primer mes de vacunación? Líderes comunitarios de seis de los barrios con menor tasa de vacunación entrevistados por el CPI apuntaron a una combinación de factores, algunos particulares de cada comunidad, pero otros que son comunes entre ellas, como la falta de medios de transportación de sus residentes, las dificultades para obtener cita de vacunación y las largas filas de esas semanas, así como la falta de proactividad del Departamento de Salud en llevar clínicas de vacunación a sus comunidades. La agencia comenzó a vacunar en los residenciales públicos, por ejemplo, apenas en abril, pese a que en dichas estructuras viven sobre 100,000 personas con escaso espacio físico entre los apartamentos, una característica que se ha demostrado que aumenta el riesgo de contagio.

El gobernador Pedro Pierluisi, en el marco de la Semana de la Transportación, enfatizó en conferencia de prensa la importancia del transporte colectivo para el desarrollo económico y bienestar de la población, particularmente en el caso de los adultos mayores y de los estudiantes. Sin embargo, cuando el CPI le planteó que la falta de transporte era una de las principales causas de bajas tasas de vacunación en comunidades, reconoció que no tiene un plan concreto para solucionar el problema. Dijo que atender estas comunidades también es responsabilidad de los municipios e indicó que en este momento no hay recursos para atender el asunto.

“Sí, reconozco que muchas veces los bolsillos, si le llamamos así a donde hay personas que no están vacunadas, usualmente residen en áreas rurales a las cuales no llega ningún tipo de transportación colectiva. Y me solidarizo con ellos. Lo que hemos hecho a nivel del Departamento de Salud es que estamos yendo a verlos, yendo allá, y hay alcaldes y alcaldesas haciendo lo mismo”, argumentó.

“Yo lo que estoy diciendo es que los recursos que tenemos son limitados, que históricamente siempre se ha enfocado el Gobierno en el área metropolitana de San Juan. En la medida en que tengamos recursos en el futuro, los cuales no tenemos ahora a la disposición, pues seguro que no se debe descartar, buscar la manera de incentivar que los municipios provean esa transportación. Así que no quiero decir que no haya un plan, sino más bien lo que yo te diría ahora mismo es que no hay los recursos disponibles para decir vamos a proveer transportación colectiva por todo Puerto Rico. Es decir, eso estaría faltando a la verdad”, agregó.

Iris Yolanda Ríos, líder comunitaria del Residencial Luis Llorens Torres, atribuyó la baja tasa de vacunación en el complejo de vivienda pública durante los primeros meses a las características demográficas de la población, que está dominada por adultos mayores y encamados, al hecho de que muchos de los residentes no cuentan con un auto ni medios alternos de transporte, y a las largas filas que se daban en los pocos centros designados por el Gobierno. Al ver el patrón, decidieron llamar al Departamento de Vivienda para solicitarles que trajeran una clínica a la comunidad y la agencia respondió al pedido con agilidad, dijo. El 14 de abril, el equipo del Departamento de Salud visitó el residencial y en un solo día – la única visita a la fecha – vacunaron 1,600 personas, equivalente al 34% de sus 4,665 residentes.

“No llamamos más temprano porque, como había varios centros vacunando, pensamos que se iban a poder vacunar, pero al ver que la población se estaba quejando de que no les cogían el teléfono [para obtener una cita], de que tenían que esperar en largas filas bajo el sol, entramos en la preocupación de que nuestros residentes estaban preocupados, querían vacunarse y no estaban pudiendo, y nos movimos a hacer la petición”, sostuvo Ríos en entrevista con el CPI.

Al 9 de julio, Salud, a través de la organización VOCES, había visitado 28 de los 300 complejos residenciales e inoculado a 5,182 personas con la segunda dosis, equivalente al 5% de los residentes de vivienda pública, según datos provistos por VOCES al Departamento de la Vivienda. Hasta el miércoles, había en Puerto Rico 1.8 millones de personas vacunadas con dos dosis, equivalentes al 56% de la población, según los datos que publica Salud.

Los datos analizados por el CPI también muestran una disparidad entre las zonas rurales y las costeras, pero lejanas a los centros urbanos, y las principales zonas urbanas de Puerto Rico durante esas primeras cuatro semanas, con algunos de los pueblos pequeños y barrios más remotos y de menores recursos económicos, entre los menos vacunados. Entre estos, Maricao, Punta Santiago en Humacao, Aguirre en Salinas, Jayuya, y Ensenada en Guánica con un 2% de vacunados con primera dosis al 15 de enero. También están las comunidades que registraron la menor tasa de vacunación a esa fecha, Maternillo y Mansión del Sapo, con solo un 1%. En conjunto, estos barrios tienen un ingreso per cápita de $6,668 al año.

La veterana epidemióloga y catedrática del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, Cruz María Nazario, revisó el análisis de datos hecho por el CPI y sostuvo que el mismo confirma la desigualdad social que existe en Puerto Rico y cómo “no hay una organización capaz de asegurar que los pobres, los más vulnerables, reciban las dosis completas de vacunas”. Indicó que las entidades de salud y el Gobierno incumplen con las normas y estándares internacionales de los derechos humanos afectando las decisiones de política pública necesarias para reducir la inequidad en salud pública.

“Es impresionante cómo [estos hallazgos] pueden evidenciar, sin lugar a dudas, dónde están las prioridades de vacunación del Gobierno de Puerto Rico. Estamos observando en el microcosmos de Puerto Rico, la disparidad en la distribución de las vacunas en Puerto Rico como si fuera el reflejo del discrimen y la inequidad que está ocurriendo en todo el planeta”, sostuvo la Dra. Nazario.

“Al asegurar la equidad en el acceso y el beneficio de recibir la serie completa de vacunas, estaríamos protegiendo aquellos que llevan la carga más pesada de esta pandemia, los más vulnerables, de enfermar severamente y morir por esta enfermedad de la COVID-19. Es verdaderamente vergonzoso”, agregó.

Nazario recordó que los países ricos han acaparado la mayoría de las dosis de las vacunas disponibles durante la pandemia, mientras que en países en vías de desarrollo están recibiendo “migajas”. Según la BBC de Londres, dijo, 70 países de bajos ingresos solamente podrán vacunar el 10% de su población, y esto ocurre a pesar de los esfuerzos que ha puesto la Organización Mundial de la Salud por medio del programa COVAX para asegurar que 700 millones de dosis lleguen a los países pobres.

“Vemos en Puerto Rico cómo las alegadas prioridades establecidas para la vacunación se correlacionan mejor con el ingreso, el poder, y las ‘conexiones’, que con las determinantes de riesgo de morir por la COVID-19”, puntualizó.

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Elba Dávila García, líder comunitaria del sector Puerto Real en Fajardo, aseguró al CPI que al momento, que ella conozca, no se ha hecho ningún evento de vacunación en su barrio, donde ubican las comunidades especiales Maternillo, Mansión del Sapo y Vieques en el Aire.

Entre las posibles razones detrás de la baja tasa de vacunación en el sector, indicó que la mayoría de los residentes son adultos mayores que no cuentan con un vehículo para poder hacer diligencias básicas como ir al supermercado, a la farmacia o el hospital. Tampoco hay un sistema de transportación pública tras la eliminación de las lanchas que transportaban personas a Vieques y Culebra, mencionó.

La farmacia más cercana, que quedaba a 40 minutos, fue incendiada, según contó al CPI. Asimismo, dijo que el hospital más cercano, y donde vacunan contra el COVID-19, el Caribbean Medical Center, también queda distante, en el casco urbano. Esto significa que no tienen opciones cercanas, a donde puedan ir caminando, para vacunarse.

“El alcalde aquí no nos ayuda en nada. Nosotros somos comunidades especiales y tras que somos comunidades especiales, nos han marginado toda la vida”, lamentó la líder, refiriéndose al programa de Comunidades Especiales que prácticamente se desmanteló durante la pasada década.

A raíz de los problemas de transportación, Dávila García aseguró que los adultos mayores no se están alimentando bien, ya que en la comunidad no hay negocios de comestibles.

“Eso es frustrante, porque uno ve a las personas y viejitos, que yo hablo y me dicen: ‘mira, yo tuve que ir al pueblo, y bajo y tengo que estar dos días acostado en la cama porque no aguantó el dolor en los huesos’”, puntualizó.

La otra comunidad costera con baja tasa de vacunación, Punta Santiago, en Humacao también cuenta con una población mayormente de adultos mayores y sin transportación, sostuvo Nancy Madden, directora fundadora del Proyecto PECES.

Tampoco hay farmacias cerca y “la gente ha tenido que salir de la comunidad a vacunarse”, agregó Madden en mayo.

Los que querían vacunarse tenían que llegar hasta el pueblo de Humacao, Yabucoa o Naguabo, dijo. En su caso, se vacunó en San Juan porque no se le hizo posible en el sureste.

La monja fundadora de PECES mencionó además que la farmacia Walgreens no estaba vacunando durante el primer mes y que hubo problemas de comunicación entre el Departamento de Salud y los proveedores cuando anunciaron la vacunación de mayores de 65 años. Asimismo, mencionó el factor de la tecnología como otro escollo que enfrentaron los residentes, ya que en algunos proveedores tenían que anotarse por internet.

Madden aseguró que la situación ha mejorado y que recientemente hubo una vacunación en la comunidad.

La vacunación contra el COVID-19 en Maricao tardó mucho en llegar, y cuando finalmente llegaron las vacunas, fueron para la zona urbana, dejando desprovistos a los residentes de los lugares más distantes del municipio como Bucarabones, aseguró Jacqueline Pérez, directora de la Fundación Bucarabón.

Ir en vehículo de Bucarabones al pueblo de Maricao toma de 25 a 40 minutos por las malas condiciones en que se encuentra la carretera desde el huracán María, dijo. Además, hay residentes de este lugar que no tienen vehículo.

“No todo el mundo tiene la facilidad de llegar a las áreas urbanas y poder vacunarse”, sostuvo Pérez, quien reside en Bucarabones.

Los primeros contactos que recibió para organizar una vacunación a nivel comunitaria en Bucarabones se dieron a mediados de mayo, aseguró.

El 12 de febrero el alcalde novoprogresista de Orocovis y aliado del gobernador Pedro Pierluisi, Gardy Colón, estaba tan molesto con lo que llamó el mal manejo del proceso de vacunación en la Isla y el abandono de los pueblos de la zona central, que solicitó públicamente la renuncia del secretario Mellado y del jefe de la Guardia Nacional, el general José Reyes, quien tan temprano como en enero estaba beneficiando a contratistas de la agencia y amigos personales con acceso VIP a la vacuna, según reveló una investigación del CPI. Con él coincidieron otros alcaldes de la región como el popular de Comerío, Josean Santiago.

En dicha ocasión, la Dra. Iris Cardona, directora del Programa de Vacunación, justificó la inequidad entre el campo y las áreas  urbanas con el mismo argumento de Mellado: que las vacunas se habían distribuido según las tasas de mortalidad. En febrero, el CPI solicitó a Mellado la información sobre las tasas de mortalidad que este alega haber utilizado para distribuir las vacunas, pero la información nunca fue provista.

Cuatro días después, el CPI también le envió dos preguntas sencillas a Mellado: ¿Secretario cree usted que ha habido inequidad y privilegios en la administración de la vacuna? Si no, ¿puede garantizar lo contrario?

Mellado no estuvo disponible para ser entrevistado para este reportaje aunque se le hizo la solicitud con una semana de anticipación. Su directora de comunicaciones Lisdián Acevedo dijo que el funcionario está de vacaciones. De hecho, pese a que concede múltiples entrevistas semanalmente a diversos medios de comunicación, el funcionario no ha concedido ni una entrevista al CPI desde que llegó al puesto en enero, pese a que se le han cursado sobre una decena de peticiones.

El 7 de abril, Mellado reconoció públicamente durante una ponencia hecha en el Puerto Rico Health Summit, que había problemas de equidad en la distribución de la vacuna y que tenía que cambiar la estrategia de vacunación – concentrada en grandes centros urbanos y en manos de proveedores privados – debido a que muchas comunidades habían quedado relegadas.

“¿Cómo generamos esa equidad en vacunación? ¿Cómo podemos ser más efectivos si hacemos actividades a gran escala en las grandes urbes, en Ponce, en Mayagüez, en San Juan? Pues, entonces, la gente de la montaña, es complicado que vengan”, sostuvo.

“Vemos cómo tenemos que cambiar las estrategias para poder llegar, por ejemplo, a lo que son pacientes encamados, a los de incapacidad intelectual, a las égidas de Puerto Rico. Son personas que no te van a llegar a los lugares, así que es importante que la capacidad de vacunación vaya dirigida a poder llegar a la mayor cantidad de pacientes posibles”, agregó, sosteniendo que la limitada cantidad de vacunas recibidas durante los primeros meses constituyó un agravante  adicional.

El economista Julio César Hernández atribuyó la baja tasa de vacunación en lugares de bajos ingresos económicos a factores educativos, de accesibilidad y transportación, y a la falta de información sobre la vacuna en español.

Hernández indicó que por lo general las personas que tienen más recursos económicos tienen niveles de educación más altos, mientras que entre la población de menos recursos existen muchas dudas sobre la vacuna, incluso porque buena parte del material educativo fue producido en inglés.

“Yo creo que uno de los grandes problemas es que no se ha hecho material en español explicando la vacuna y cómo es que funciona. La gente tiene desconfianza de los procesos y no se han vacunado”, dijo.

Hernández dijo además que el riesgo de contagiarse también pudo influir en que las personas que trabajan se vacunaran.

“Gente que trabaja y que tiene ingresos altos, si se enferma, no puede producir. Una persona que está fuera del mercado laboral, si se enferma, pasa la emergencia, pero su ingreso se queda igual y no tiene pérdida de ingresos graves”, sostuvo.

Sostuvo que la clase trabajadora tiene que protegerse porque estar fuera del trabajo uno o dos meses por la enfermedad le es económicamente oneroso.

La líder comunitaria del barrio Ensenada de Guánica, Teresa Soto Quiñones, indicó al CPI que al principio de la vacunación y todavía hasta mayo del 2021 había residentes que no querían vacunarse, a pesar de que la clínica de Migrant Health Center, ubicada en Ensenada, estaba vacunando contra el COVID-19 desde un principio, además de otras farmacias cercanas. La renuencia que ha observado, dijo, no es exclusiva de los adultos mayores, sino de los jóvenes también.

No obstante, dijo que las vacunaciones comunitarias comenzaron a hacerse en mayo y que todavía a esa fecha quedaban personas sin ser contactadas por los proveedores para recibir la vacuna.

¿Cuál es la solución a la marginación de las comunidades sin transporte ni acceso a los servicios de vacunación contra el COVID-19?

La respuesta podría estar en aquellas comunidades pobres que fueron la excepción a la tendencia, ya que lograron ubicarse entre las mayores tasas de vacunación, junto a comunidades de altos ingresos. Entre ellas, el casco urbano de Bayamón, que con un ingreso per cápita de $3,306 al año, registró la tercera tasa de vacunación más alta desde la segunda quincena del proceso, a mediados de enero. A finales de marzo ya estaba en segundo lugar con el 89% de sus residentes vacunados.

El alcalde de esa ciudad, Ramón Luis Rivera, hijo, dijo al CPI que lograron vacunar rápidamente a esta población porque se prepararon con neveras para almacenar los suplidos de antemano y las enfermeras y el personal de epidemiología del municipio se fueron a la calle a vacunar puerta por puerta a los residentes, incluyendo a los encamados, varias égidas y a las personas sin hogar, así como a todo el personal municipal, que comenzaron a trabajar presencial desde finales de marzo. También solicitó a Salud vacunas para ir a los residenciales públicos de su pueblo y vacunar a esta población. Ayudó mucho además que el municipio estableció un centro de vacunación el Estadio Juan Ramón Loubriel y la Guardia Nacional otro en el Coliseo Rubén Rodríguez, ambos lugares a distancia caminable desde el centro urbano.

“Nosotros le dijimos al secretario [de Salud], ‘Dámelas, que yo lo hago’. Y nosotros seguimos vacunando”, explicó el alcalde.

“Fuimos bien agresivos desde el principio, porque si no eras agresivo al principio, pensé que ibas a tardar más…Yo sé que a veces es una población que no se mueve a buscar el servicio, pues los fuimos a buscar, por  eso es que ya nosotros visitamos todos los residenciales de Bayamón”, agregó.

En Vieques y Culebra ocurrió un esfuerzo similar, pero organizado por el Departamento de Salud, y ambos municipios están entre los de mayor tasa aunque tienen niveles de ingresos bajos.

Esta es la misma estrategia que desde abril está implementando la organización sin fines de lucro Puerto Rico Salud, que se ha dado a la tarea de ir a comunidades marginadas y apartadas para inocular a los residentes. A la fecha han vacunado a más de seis mil personas incluyendo a los encamados que aún están rezagados, sostuvo Carla González, cofundadora de la organización.

“Ahora estamos dando bien duro a los encamados. En el último reporte que nos entregó el Departamento de Salud en junio nos dimos cuenta de que la cantidad y los números de encamados [no vacunados] sí están bien altos. En estas últimas dos semanas nos estamos enfocando en el encamado”, sostuvo.

“Puerto Rico Salud se enfoca  en llevar la vacuna a donde sabemos que ese paciente no va a llegar a la vacuna, ni va a tener acceso a la vacuna”, explicó sobre la misión de la organización que nació en el 2020 con el apoyo de Médicos Sin Fronteras (MSF), que es quien apoya económicamente este esfuerzo de vacunación.

“Vimos la gran necesidad, especialmente de las comunidades necesitadas”, puntualizó.

Por esto procedieron a contactar a líderes comunitarios y a hacer público el teléfono de la iniciativa 787-674-5905.

Ahora que la variante Delta ya ha hecho entrada firme en Puerto Rico y que la apertura total de la economía y el retiro de mascarillas por parte del gobernador Pierluisi ha generado un repunte de casos, particularmente entre los no vacunados, el CPI quiso saber cuántas comunidades siguen rezagadas con gran parte de sus residentes sin vacunar y cuál es el plan del Departamento de Salud. No hubo ningún funcionario disponible para atender estas preguntas.