Por redacción de Sin Comillas
Un juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York emitió un veredicto en contra del Banco Internacional de San Juan, una entidad bancaria internacional (EBI) de capital venezolano que inició operaciones en Guaynabo, Puerto Rico, en 2011.
El banco había demandado al Banco de la Reserva Federal de Nueva York por cancelar su cuenta maestra, ya que sin ella “no puede funcionar efectivamente como una institución de depósito”.
Ahora, un tribunal de Manhattan dice que el Banco San Juan Internacional no ha podido demostrar que sufriría un daño irreparable por no tener acceso al sistema bancario central de Estados Unidos. El banco ha informado que apelará la decisión.
En una decisión de 33 páginas, el juez John Koeltl dice no haber encontrado “ninguna probabilidad” de que la Reserva Federal de Nueva York actuara de manera arbitraria o caprichosa dado el “número significativo de señales de alerta” que había encontrado.
“Aceptar depósitos y proporcionar servicios financieros a una institución financiera con el historial de incumplimiento de Banco San Juan Internacional expone al Banco de la Reserva Federal de Nueva York y al sistema financiero a riesgos”, escribió Koeltl. “Aprobar la moción de Banco San Juan Internacional para solicitar ayuda de emergencia pondría al público en peligro”.
La cancelación de la cuenta está relacionada con el posible incumplimiento con las leyes sobre lavado de dinero y las sanciones del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela.
En 2020, Banco Internacional de San Juan aceptó pagar $1 millón para dar por finalizada una investigación federal sobre lavado de dinero relacionada con transacciones con Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), la empresa estatal venezolana. Como parte del acuerdo, el tribunal federal resolvió devolver los $53 millones incautados al banco y dar por finalizada la investigación. Banco Internacional de San Juan asegura que desde 2020 ha mejorado su programa de cumplimiento.
Según la investigación, el banco le otorgó un préstamo de $519 millones a PDVSA en abril de 2017 y habría ocultado a las autoridades reguladores en qué cuenta se depositó el repago de PDVSA. Las investigaciones señalan que la entidad financiera habría lavado más de $73.8 millones en transferencias bancarias realizadas por PDVSA.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos consideró que el dinero transferido era una violación a las sanciones impuestas por Estados Unidos contra el gobierno de Venezuela, por lo que confiscó $53 millones y realizaron un allanamiento en las oficinas del banco en febrero del 2020.
