Por Efraín O’Neill-Carrillo*

Partes del Título V “Puerto Rico Revitalization Act” del borrador de proyecto de ley de la Cámara federal “Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act” (PROMESA) son bien similares a la orden ejecutiva del gobernador que declaró un estado de emergencia energética en Puerto Rico hace unos años.

Esa orden creó un ambiente que atrasó, en lugar de acelerar, la agenda energética de la Isla. Por ejemplo, en ese ambiente de emergencia la Junta de Gobierno de la AEE firmó entre 2009 y 2012 sobre 2,200 MW en contratos de compra de energía renovable de proyectos a gran escala, aunque algunos de esos proyectos se proponían construir en áreas ambientalmente sensitivas, aunque el costo y las condiciones de esos contratos no eran favorables para Puerto Rico, aunque no hubo un proceso competitivo o llamado a propuestas, y aunque una parte de los beneficiados originales con contratos sabían muy poco de los proyectos que proponían. Pero algo aún más elemental, no había manera técnica de integrar a la infraestructura eléctrica de aquel momento ni a la actual 2,200 MW de proyectos de energía renovable a gran escala, considerando además el reto operacional de tal integración en un sistema que apenas ha llegado a un máximo de 3,300 MW unas pocas veces en los últimos 10 años. Debido a las dificultades técnicas, sociales, y ambientales de integrar esos 2,200 MW a nuestra red eléctrica, la mayoría de esos proyectos sufrieron largos retrasos y eventualmente ahuyentaron a varios inversionistas serios, haciendo de la Isla un hazme-reír en la industria de energía renovable en EEUU. Para abril de 2016 menos de 200 MW de esos proyectos se han completado. Lo triste es que existió en 2009 un plan para integrar sobre 300 MW de energía de viento (págs. 31-42), en los lugares que mejor le convenía a Puerto Rico y a los mejores costos posibles pues se propuso hacer un proceso competitivo. De haberse seguido aquel plan posiblemente tuviéramos en la Isla mucho más participación de renovables. Por otro lado, para el 2009 se habían firmado contratos por energía eólica a $0.09 el kWh, pero acabamos pagando $0.15 el kWh en los contratos firmados entre 2009 y 2012.

El estado de emergencia energética y su proceso expedito dañaron, quizás para siempre, el sector de energía renovable a gran escala en Puerto Rico.  Ese sector, bien planificado, ejecutado y operado representaba grandes oportunidades y beneficios para la Isla.

El Título V del borrador de Proyecto de ley no debe aprobarse pues podría involuntariamente dañar una vez más, opciones y oportunidades energéticas en Puerto Rico, esta vez con la bendición del Congreso.

El Título V establece un proceso expedito para proyectos que incluyen lo que llaman “generación privatizada”. Esa generación será construida seguramente con muy favorables términos para los inversionistas, pues después de todo, Puerto Rico sigue siendo una inversión “riesgosa”. Los dueños de esa generación querrán maximizar su inversión y buscarán garantizar que la AEE les compre la electricidad generada. Sin embargo, un estudio de 2014 por Siemens demuestra que para movernos a un mayor uso de energía renovable, la red eléctrica de Puerto Rico no solo necesita la electricidad de nuevos generadores, sino una operación flexible y unos servicios de red para asegurar la estabilidad y seguridad de la red en presencia de variaciones en el sol o el viento (“ancillary services” que pudieran ser menos lucrativos). Por otro lado, si en un futuro cercano Puerto Rico es exitoso en la integración de más energía renovable y en fomentar mayores niveles de conservación y eficiencia, una buena parte de la capacidad de esa “generación privatizada” no será necesaria. Sin embargo, dado el historial pasado en Puerto Rico, vamos a tener que pagar por una sobre-capacidad que no usemos, de igual manera que debido a las condiciones de los contratos de energía renovable a gran escala tenemos que pagarle a los proyectos renovables de gran escala (actuales y futuros) aunque haya momentos que no puedan vender su producción por condiciones de seguridad y estabilidad de la red eléctrica.

El Título V permite no solo que proyectos futuros, sino aquellos existentes o en progreso puedan ser considerados “proyectos críticos” y acogerse al proceso expedito. Esto parece indicar que ya algunos tienen listas sus solicitudes para lograr ser “proyectos críticos” bajo el Título V.

Por otro lado, ¿quién se beneficia del poder casi de veto que tendría la propuesta junta sobre la legislatura y hasta sobre el gobernador en asuntos asociados a estos “proyectos críticos”? ¿Quién se beneficia de elevar a la corte federal en Puerto Rico casi al mismo nivel que la Corte Suprema de EEUU en cuanto a la constitucionalidad o validez de asuntos asociados al Título V? Ciertamente no la democracia y ciertamente no el Pueblo de Puerto Rico.

Si hay inversionistas ansiosos por hacer negocios en Puerto Rico, ¿habría interés en invertir en un plan ambicioso para desarrollar “comunidades solares” en sectores marginados? ¿Pueden ayudar los inversionistas a establecer un plan de financiamiento para la compra de equipos y enseres de alta eficiencia? ¿Habrá fondos para programas que aumenten el conocimiento en temas de energía y ambiente? ¿Cuántos fondos hay disponibles para crear verdaderos espacios de participación ciudadana que fomenten discusiones multi-sectoriales para alcanzar una visión acordada y común del futuro energético que queremos y necesitamos?

Por supuesto, los inversionistas no obran por caridad, tienen que tener un beneficio de acuerdo a su inversión.  Pero ¿por qué sesgar tanto a su favor el lenguaje en el Título V? ¿Acaso no se dan cuenta que aun mirando en términos puramente económicos y técnicos no es sostenible el plan que han logrado plasmar tras bastidores? El caos con los contratos de energía renovable a gran escala de 2009 a 2012 no fue causado por la lentitud de los procesos o por capricho. Había problemas técnicos, ambientales y económicos muy serios que debieron atenderse y no se atendieron antes de firmar los contratos. Los problemas ocurridos no se resuelven con una ley federal que asegure que ahora de forma final y firme se aplasten las opciones de participación ciudadana y se cierren los pocos espacios para presentar preocupaciones sociales, ambientales y hasta económicas de posibles proyectos. Los problemas en el sector eléctrico no se resuelven simplemente tirándoles dinero. Si el dinero es escaso, si las oportunidades de acceso a capital son mínimas, pues seamos estratégicos en los esfuerzos que se seleccionen, y aseguremos que tanto beneficios como consecuencias se distribuyan de forma apropiada, y que el Pueblo no cargue con todas las consecuencias y costos mientras unos pocos se lucran del dolor y la crisis que vivimos. ¿Acaso no se está dando un proceso histórico de planificación integrada de recursos, donde por primera vez la AEE tiene que presentar sus estrategias, y éstas están siendo revisadas de cerca por la Comisión de Energía y un grupo de interventores? Aunque imperfecto, ese proceso de planificación resultará en estrategias y acciones con una perspectiva mucho más amplia de la que pueda tener un “coordinador de revitalización” que busca asegurar en primer lugar la rapidez de los procesos, sin importar las consecuencias a largo plazo.

Una alternativa en lugar del lenguaje actual en el Título V es fortalecer la colaboración con el Departamento de Energía Federal (DOE por sus siglas en inglés) que existe desde 2010 para ayudar a Puerto Rico en sus retos energéticos (como parte del grupo inter-agencial de Casa Blanca). El esfuerzo ha tenido sus altibajos pero ha tenido sus logros, por ejemplo un importante estudio del “National Renewable Energy Laboratory” que ayudó a resolver parte de los problemas técnicos de los proyectos de energía renovable a gran escala. La colaboración se formalizó con la firma de un memorando de entendimiento entre Puerto Rico y DOE en octubre de 2014, similar a los que firmaron Hawaii e Islas Vírgenes y que han ayudado a adelantar el uso de energía local en esas jurisdicciones. ¿Puede el Congreso fortalecer ese esfuerzo del DOE o proveer los recursos para expandir dicho esfuerzo?

Otra alternativa que no solo beneficiaría a Puerto Rico sino también a otras jurisdicciones en EEUU es apoyar el nuevo régimen regulatorio creado por la Ley 57-2014. A la vez se renovó la oficina de energía local y se crearon un ente regulador del sector eléctrico y un “utility consumer advocate” (probablemente la primera vez que esto sucede en una jurisdicción de EEUU). Aquí tenemos una “tabula rasa” para explorar contestaciones a la pregunta: ¿cuáles acciones regulatorias hacen más sentido para un sector eléctrico con menor uso de generación convencional, estructuras menos jerárquicas y más participativas, demanda en descenso, aumentos sostenidos en eficiencia y conservación, y un mayor uso de energía renovable local? En Puerto Rico no tenemos la magnitud de complicaciones de otros lugares que tienen que contestar esa pregunta con una multiplicidad de dueños e intereses de la infraestructura eléctrica, haciendo de la Isla un potencial laboratorio en temas regulatorios. ¿Puede Puerto Rico obtener apoyo para su nueva estructura regulatoria en lugar de recibir una legislación que complica más de lo necesario la transición de nuestro sector eléctrico?

Puerto Rico pasa por una profunda crisis financiera y económica. La responsabilidad cae sobre nuestros propios hombros; sobre líderes políticos que por décadas a través de irresponsables acciones fallaron en su servicio al país, y sobre las mayorías silentes y divididas que cada cuatro años nos complacemos en elegir a la misma gente. Sin embargo, hubo un rol clave jugado por actores internos y externos que facilitaron que nuestros gobernantes siguieran aumentando nuestra deuda año tras año. Por eso aunque Puerto Rico necesita acción, inversión y capital privado para viabilizar acciones de recuperación económica, esa participación privada no puede ser un remedio peor que la enfermedad. Esas inversiones tienen que ser buenas para los inversionistas y para el Pueblo de Puerto Rico. Esas inversiones tienen que darse en un marco de respeto y dignidad. Y en el caso de energía eléctrica, esas inversiones tienen que viabilizar y apoyar una visión compartida de cómo mejorar nuestra infraestructura eléctrica. Pero si esas inversiones privadas se hacen desde una perspectiva económica de corto plazo, que beneficie principalmente al inversionista, o que sea la visión de una sola persona (el “coordinador de la revitalización”) Puerto Rico seguirá alejándose de la ruta hacia un verdadero futuro sostenible.

  • El autor es catedrático de ingeniería, UPR-Mayagüez