El presidente de la Unión Europea dijo el viernes que 26 de sus 27 estados miembros están dispuestos a integrarse a un nuevo tratado que vincula sus finanzas para tratar de resolver la crisis del euro. Solamente Reino Unido se mantiene opuesta, creando una brecha en la Unión.

En negociaciones maratónicas que se extendieron más allá de la medianoche del jueves, los 17 países de la zona del euro convencieron gradualmente a los otros a que consideren sumarse al nuevo tratado que planean crear. Algunos de esos países pudieran enfrentar oposición parlamentaria al tratado, que permitiría una supervisión europea sin precedentes sobre sus presupuestos.

“A excepción de uno, todos están considerando participación”, dijo el presidente de la UE Herman Van Rompuy en declaraciones a reporteros.

Un documento dado a conocer cerca del final de una cumbre el viernes dijo que los líderes de nueve de los 10 países de la UE que no emplean el euro “indicaron la posibilidad de tomar parte en el proceso tras consultar a sus parlamentos”.

Al redactar el nuevo tratado, los países esperan ayudar a largo plazo a los países europeos agobiados con grandes deudas públicas, y en ese sentido hubo indicios tempranos de éxito. Un acuerdo así es considerado necesario antes de que el Banco Central Europeo y otras instituciones dediquen más dinero a rebajar los costos de crédito para naciones fuertemente endeudadas, como Italia y España.

Aunque el acuerdo pueda salvar el euro, las implicaciones políticas de la brecha con el Reino Unido podrían ser enormes. Alemania y Francia habían esperado convencer a los 27 países de la UE para que aceptasen cambiar el tratado que gobierna la unión. Pero Londres, que no usa el euro, dijo que no.

Los líderes británicos dijeron que el nuevo tratado amenazaría su soberanía nacional y dañaría el sector británico de servicios financieros. Alemania y Francia, las dos mayores economías de la eurozona, dejaron claro que el acuerdo entre los 17 países del euro y cualquier otro país que desee sumarse es mejor que nada.

Hungría, la República Checa y Suecia dijeron que necesitaban consultar a sus parlamentos, mientras que los otros seis países fuera de la zona del euro — Dinamarca, Polonia, Bulgaria, Rumania, Letonia y Litiuania — acordaron sumarse.