Por Centro de Periodismo Investigativo
En lugar de la jueza federal Laura Taylor Swain, será la jueza Lauracelis Roque, del Tribunal de Primera Instancia en San Juan quien decida el caso en el cual el Centro de Periodismo Investigativo solicita al gobierno de Puerto Rico una serie de documentos públicos intercambiados con la Junta de Control Fiscal.
Esto, según una moción presentada este lunes por la Secretaria de Justicia Wanda Vázquez, quien indicó que no se opondrá a la petición del CPI para que el caso regrese a la sala del Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico donde fue radicado por Ia organización periodística.
El gobierno había intentado que la controversia legal fuera consolidada con los casos de Título III argumentando que estaban relacionados. La Junta de Control Fiscal, que enfrenta una demanda similar aunque incluye documentos adicionales, ha tratado también de que se consolide su caso con los del Título III. La jueza Laura Taylor Swain, que lidera el proceso del Título III en el Tribunal Federal en San Juan todavía no se ha expresado en esa controversia.
Fue luego de ver que ese mismo día más temprano Swain rechazó atender otro caso de acceso a la información presentado por la senadora Rossana López, que el Departamento de Justicia modificó su postura. El pasado 13 de junio ya Swain había tomado una decisión similar en el caso del senador Eduardo Bhatia, quien solicita ante el tribunal el presupuesto enviado por el gobierno de Ricardo Rosselló a la Junta de Control Fiscal.
Tras radicarse la demanda del CPI, el gobierno realizó el 12 de junio una entrega parcial de los documentos solicitados. Además, había alegado que varios de los informes solicitados por el CPI no los tiene o no los produce, a pesar de que fueron requeridos por la Junta de Control Fiscal desde su primera reunión pública el 30 de septiembre de 2016. Tal es el caso del informe mensual y actualizado al año corriente de cumplimiento con el presupuesto actual aprobado, por partida presupuestaria y por agencia (incluyendo fondos especiales locales y fondos federales); los informes mensuales de los fondos federales recibidos y desembolsados por área y por agencia; así como el informe trimestral de la productividad y desempeño de cada agencia con las respectivas métricas y una descripción narrativa.
Los otros documentos que están pendientes de entrega por el gobierno son todos los intercambios entre La Fortaleza y la Junta de Control Fiscal desde la aprobación de la Ley ‘PROMESA’, o entre el gobierno y sus dependencias y la Junta.
