Por redacción de Sin Comillas

Como parte del paquete de medidas presupuestarias que están por aprobarse, el Gobierno de Puerto Rico estaría recortando significativamente fondos actualmente destinados al programa del Fondo de Energía Verde de la Administración de Asuntos Energéticos (recientemente re-nombrada como la Oficina Estatal de Política Pública Energética) para la instalación de sistemas de energía solar en residencias y comercios. Así lo denunció Angel Zayas Duchesne, presidente de la Asociación de Contratistas y Consultores de Energía Renovable de Puerto Rico (ACONER).

El Fondo de Energía Verde entró en vigencia en el 2010 por virtud de la Ley 83 de ese año con el propósito de potenciar el desarrollo de la energía verde, reducir el costo de la energía en residencias y negocios, reducir el consumo de energía generada por fuentes fósiles no renovables como el petróleo, y a su vez minimizar el impacto de gases de invernadero nocivos al ambiente. Por medio del programa se han concedido cientos de reembolsos para instalación de este tipo de sistemas, también conocidos como generación distribuida. El reembolso es actualmente de 40% para residencias y pequeños negocios, y de hasta 50% para proyectos a mayor escala. El dinero asignado, que proviene de los arbitrios por compra de automóviles, comenzó en $20 millones en el año fiscal 2011-2015 y aumentaría paulatinamente hasta terminar en $40 millones por año entre el 2016 y el 2020.

“Los proyectos de Ley en vías de ser aprobados reducirían la asignación en un 48% para el año fiscal 2014-2015, un 43% en el 2015-2016 y un 50% entre el 2016 y el 2020”, explicó Zayas. “Queremos dejar claro que estamos conscientes de la situación fiscal actual del gobierno pero esta reducción impactaría negativamente una de las pocas industrias, si no la única, en franco crecimiento en Puerto Rico. Estimamos que por cada 12.5% de reducción del Fondo equivale a la eliminación de 300 a 400 plazas de empleos (entre directos e indirectos) de esta industria de generación distribuida. Y más aún, estas medidas se desvían totalmente de la Política Pública establecida por el Gobierno Actual según fue establecida en el Plan Energético Nacional “Luz al Final del Camino” propuesto por el Gobernador Alejandro García Padilla. Una industria que está creando empleos, los está reteniendo y que promueve el desarrollo económico local no la puedes detener, al contrario, debes de promoverla más”.

A nivel global, programas de política pública de incentivos como el Fondo han provocado cambios positivos en el mercado y un crecimiento de la cantidad de instalaciones nuevas de generación distribuida nunca antes visto. Añade Edward Previdi, vice-presidente de ACONER, que “aparte del crecimiento en esta industria y los empleos que esto añade, el programa de incentivos del Fondo genera un efecto multiplicador en la economía ya que los ciudadanos y empresas que instalan estos sistemas reciben un beneficio económico al reducir el costo energético, esto combinado con mejoras de eficiencia energérticas viables. Por ejemplo, el costo de energía es la causa número uno para el cierre de pequeños negocios en el país; hay decenas de negocios que han evitado cerrar al participar de este programa”.

“El fondo de energía verde es una inversión del gobierno, no un subsidio. Por cada $1 invertido por el gobierno se revierte en $3 y $4 en la economía local”, sentenció Zayas.

El impacto negativo también repercute en los beneficios ambientales que se buscaban con el programa. El Fondo de Energía Verde, al provenir de lo recolectado en los arbitrios de automóviles, crea una compensación por emisiones de bióxido de carbono (“carbón offset”) al incentivar mayor generación de energía limpia versus el aumento gradual en emisiones con las ventas de nuevos vehículos de motor. Sería un retroceso en cuanto a política pública ya establecida para proteger el medioambiente.

ACONER es una organización sin fines de lucro, fundada en el año 2007, con el objetivo principal de fomentar el desarrollo de la energía renovable por medio de generación distribuida en Puerto Rico. La Asociación cuenta en su matrícula con consultores en su carácter individual (diseñadores, vendedores, instaladores, etc.) y pequeñas empresas puertorriqueñas (contratistas, integradores, distribuidores, etc.).