Por redacción de Sin Comillas
El Gobierno trabaja ya en lo que sería la cuarta o quinta reforma contributiva en Puerto Rico desde 2006. “El número exacto depende de cómo se defina reforma contributiva”, señala Sergio M. Marxuach, editor de CNE Review, la publicación del Centro para una Nueva Economía (CNE), que presenta un análisis sobre qué debe incluir esa reforma.
El sistema contributivo se diseñó originalmente en la década de 1950 y desde entonces ha acumulado legislación hasta convertirse en una red compleja de tasas contributivas preferenciales superpuestas sobre múltiples créditos, deducciones, exclusiones y exenciones que en muchos casos no están justificados. Además, impone elevadas tasas marginales sobre los ingresos, haciendo recaer la mayor carga sobre la clase media, señala Marxuach, director de Política Pública de CNE.
“Puerto Rico tiene un sistema fiscal que nadie habría diseñado conscientemente desde cero. Es excesivamente oneroso de administrar y fiscalizar; es injusto, tanto en su dimensión horizontal como vertical; a menudo fomenta la asignación ineficiente de recursos; y desalienta ciertos tipos de actividad económica”, explica.
Este sistema contributivo deficiente ha socavado la competitividad; penaliza el trabajo, especialmente en los niveles más bajos de la escala salarial; fomenta el sector informal; y dificulta la actividad empresarial. “No debe sorprendernos que el ritmo de crecimiento económico de Puerto Rico se haya reducido en los últimos 25 años, que cerca de la mitad de su población viva en la pobreza y que más del 50% de nuestros habitantes no participe en la fuerza laboral”, añade Marxuach.
De acuerdo con el análisis, los siguientes principios deben guiar cualquier esfuerzo para llevar a cabo una reforma contributiva:
- La reforma contributiva debe ser abarcadora. El objetivo es considerar el sistema en su conjunto. Esto significa que todos los elementos del sistema contributivo -impuestos sobre el ingreso personal y corporativo, impuestos sobre el consumo e impuestos sobre la propiedad- deben estar sobre la mesa.
- El sistema contributivo debe proveer un financiamiento adecuado para el funcionamiento del gobierno. Debe ser capaz de recaudar suficientes ingresos para pagar por los servicios que presta el sector público.
- Ampliar la base impositiva. Eliminar algunos de esos créditos, deducciones, exclusiones, exenciones y aplazamientos que han proliferado a lo largo de los años y sustituirlos por un crédito universal reembolsable (para individuos) del 15%.
- Reducir las tasas contributivas marginales. Investigaciones recientes, especialmente en el campo de la conducta económica (“behavioral economics”), demuestran que las tasas contributivas marginales altas conducen a que la gente cambie sus actividades económicas y gaste considerables recursos tanto para evitar los impuestos legalmente como para evadirlos ilegalmente. La reducción de las tasas contributivas marginales reduce el incentivo para comportarse de esta manera y, si se complementa con una ampliación de la base impositiva, podría realmente llevar a una mayor recaudación de impuestos.
- Simplificar el sistema. Un código contributivo más sencillo, si se redacta correctamente, generaría menos costos de cumplimiento y fiscalización y aumentaría la recaudación de impuestos.
- Hacer el sistema más justo y equitativo entre los distintos sectores de la sociedad y entre generaciones.
- Considerar los impuestos verdes. Para desalentar las actividades perjudiciales para el medio ambiente.
“En el CNE estaremos pendientes de la reforma contributiva que se está diseñado en estos momentos y dispuestos a colaborar con los responsables del diseño de política pública para que tengan éxito en este difícil acto de equilibrio”, comentó Marxuach.
