Por José E Pérez
“Puerto Rico atraviesa por unas de las peores crisis económicas y fiscales de su historia”. Esa fue la primera frase del resumen ejecutivo del informe del Consejo Asesor de Reconstrucción Económica y Fiscal (CAREF) publicado el 8 de enero de 2009. El entonces Gobernador Fortuño encomendó el informe y luego declaró una crisis fiscal. Las recomendaciones de CAREF pretendían lograr un presupuesto balanceado para el año fiscal 2011-2012. Según el informe, la deuda pública para el 2008 era de $46,700 millones.
Hoy, seis años más tarde, se publica el informe Krueger el cual contiene recomendaciones encaminadas a resolver la misma crisis económica y fiscal de aquel entonces. ¿Qué pasó con las magníficas recomendaciones del informe CAREF? ¿Por qué se tiraron al zafacón tan buenas ideas?
Si sus encomiendas se hubiesen implementado, hoy no tendríamos la enorme deuda de $72,000 millones. Estamos en la quiebra y no tenemos con qué pagar. ¿Cómo es que les hemos permitido a los políticos que nos hayan puesto en este estado de bancarrota? ¿Cuántos han perdido sus ahorros?
¿Cuántos han perdido sus hogares? ¿Cuántos han perdido sus empleos? ¿Quiénes han sido los responsables de causar tal debacle? Tenemos que pedirles cuentas a todos los que han causado tanto desasosiego.
Para el 2001 la deuda gubernamental apenas llegaba a $27,160 millones. Al presente les debemos cerca de $72,000 millones a los bonistas. ¿Dónde se esfumaron los $45,000 millones de la deuda adicional? ¿ Qué se hizo con los fondos? ¿En qué se invirtieron? ¿Cómo es que el incremento en la deuda no ha resultado en un estimulo económico para Puerto Rico?
Posiblemente, el incremento más dañino tomó lugar entre el 2005 y el 2013. Para ese periodo la deuda tuvo un incremento de cerca de $30,000 millones. La Legislatura nuevo progresista fue la mayoría durante esos dos cuatrienios. Durante ese periodo tuvimos Gobernadores de ambos partidos. En el 2005 tuvimos el gobierno compartido de Aníbal Acevedo Vilá y en el 2009 tuvimos a Luis Fortuño. No me explico cómo el Gobernador Fortuño cambió el buen curso que tuvo al empezar su cuatrienio. De un comienzo de austeridad, Fortuño transformó su administración en una de regalías, como lo hicieron tantos Gobernadores anteriores. Sus políticas no guardaron relación con el informe de CAREF que él había comisionado. Como consecuencia, bajo su administración, la deuda aumentó a niveles sin precedentes. Dejó un gobierno sin margen prestatario con corporaciones públicas prácticamente insolventes incluyendo el Banco Gubernamental de Fomento.
Tampoco puedo comprender cómo las agencias calificadoras de crédito fueron tan generosas en su calificación de la deuda de Puerto Rico durante ese periodo. ¿Qué análisis y proyecciones llevaron a cabo? ¿Acaso se dejaron llevar por los jugosos honorarios obtenidos por las calificaciones? El hecho que las degradaciones de nuestra deuda han sido tan severa en tan corto tiempo (a pesar de las medidas tomadas por Alejando García Padilla) indica que no hicieron bien su trabajo.
En una menor medida, la presente administración también tiene responsabilidad. Fueron muy lentos en reconocer la explosión de la crisis que se avecinaba. El primer presupuesto del Gobernador Alejandro García Padilla fue totalmente irrealista. Se han hecho muy buenos cambios para lograr una mejoría fiscal. El problema es que han venido por cuenta gotas. Tampoco ha tenido la mejor cooperación de su legislatura. La legislación de la “crudita” fue agonizante. La legislación del aumento del IVU ni se diga. Han creado un nivel de ansiedad innecesario.
La crisis fiscal de varios países europeos, quienes confrontaban problemas similares a los que tenemos (malas inversiones y financiamiento de déficits) comenzaron a surtir efecto en los mercados de capital. La radicación de quiebra de la ciudad de Detroit tuvo un efecto adverso en el mercado de bonos municipales. El costo de fondos para emisiones nuevas aumentó significativamente. Los inversionistas en bonos municipales adoptaron medidas crediticias mucho más restrictivas. Como consecuencia, esos mercados están cerrados para financiar nuestra deuda.
Aun los fondos de cobertura, quienes compran deuda de carácter especulativo, no están disponibles a un costo razonable. No tenemos otra alternativa que pagar la deuda. No se puede refinanciar como se hacía en el pasado.
La credibilidad es un elemento importantísimo para los inversionistas. Después de haber dicho tantas veces que el gobierno pagaría su deuda, ahora el gobernador cambia de curso anunciando que intenta renegociar la misma. Los detalles son escasos. Estimo que en vista de tantas promesas incumplidas por administraciones pasadas de operar sin déficit, y de la falta de una plataforma legal para refinanciar la deuda, el renegociar la deuda será cuesta arriba. La deuda de las obligaciones generales no debe estar sujeta a renegociación. Nos hemos cansado de decirles a los inversionistas que esa deuda está protegida por nuestra constitución y ahora existe la posibilidad que no se pague. Tenemos que ganar la credibilidad de los inversionistas a todo costo. Ellos no han tenido la culpa de lo que ha pasado. Solamente nosotros somos los mayores culpables eligiendo gobernantes y legislaturas totalmente inoperantes.
Otra dificultad importantísima en la renegociación de la deuda es el hecho que estamos apenas 16 meses plazo de las próximas elecciones. La incertidumbre de un cambio de gobierno, que reverse todo lo acordado, menoscaba los términos que se podrían lograr. Me pregunto si el partidismo político prevalecerá durante las próximas elecciones, o, si como pueblo logramos madurar y crecer para el bien de todos. Time will tell.
* El autor es analista financiero.
