Por redacción de Sin Comillas
La coalición Queremos Sol denuncia que la privatización del sistema eléctrico a través del contrato de Luma ‘ha sido un desastre para el país y para la transición necesaria hacia la energía de fuentes renovables”.
“Lejos de los ahorros y eficiencias que el gobierno aseguraba que este contrato traería, lo que hemos visto es que la tarifa de luz se ha encarecido aún más y el servicio ha empeorado”, señaló Ingrid Vila Biaggi, portavoz de la coalición Queremos Sol y presidenta de CAMBIO PR. “Este es un contrato malo para el país. Desde el inicio alertamos que Luma iba a enfrentar grandes problemas, a causa de su propia decisión de no contratar la mayoría de la fuerza laboral de la AEE, perdiendo así literalmente décadas de experiencia acumulada con el sistema eléctrico del país”.
“Nunca ha habido transparencia ni fiscalización adecuada sobre el contrato de Luma”, planteó Ruth Santiago, abogada ambiental. “Es más que evidente que la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas no tiene ni la capacidad ni el peritaje en asuntos energéticos para fiscalizar a Luma”. Santiago destacó que el Negociado de Energía tampoco ha ejercido sus funciones de fiscalización, tardó casi un año en rendir un informe sobre el fuego en Monacillos del junio pasado sin requerir a Luma que adoptara cambios operacionales. El Negociado nunca ha rendido un informe en su investigación de la falla de una línea de transmisión que provocó una avería de la planta Costa Sur en agosto pasado.
Por otro lado, la coalición planteó que Luma ha tardado mucho en acceder a los fondos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) disponibles y que todavía propone utilizar estos fondos para fortalecer el sistema centralizado y basado en la energía de combustibles fósiles. Según los planes de Luma, no va a invertir nada de los aproximadamente $14,000 millones en fondos de FEMA en energía renovable ni sistemas de almacenamiento. Un estudio de modelaje publicado el año pasado por la organización CAMBIO demostró que Puerto Rico podría alcanzar un nivel de 75% energía renovable en 15 años y, si se invierte $9.6 mil millones de los fondos federales para esta transformación, resultaría en una tarifa estable de aproximadamente 15 centavos por kWh.
“Si Luma sigue en su ruta, vamos a perder la gran oportunidad de los fondos federales para llevarnos a un sistema eléctrico resiliente, asequible y limpio”, enfatizó Federico Cintrón Moscoso, director ejecutivo de la organización comunitaria El Puente.
Las organizaciones también destacaron que la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas está continuando con el proceso de la privatización completa de la AEE y ha indicado que va a seleccionar contratistas para operar las plantas existentes de la AEE a finales de junio. En este momento se están confeccionando los contratos para la privatización de la generación utilizando el mismo modelo leonino del contrato de Luma, bajo la cual las empresas privadas no van a tener que invertir sus propios fondos en las plantas ni tener que respetar los derechos laborales de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
“Reclamamos a la asamblea legislativa que detenga este proceso de privatización de la generación de la AEE. Este proceso va a resultar en más aumentos en la tarifa y retrasos en cumplir con el marco legal para la energía renovable, por introducir nuevos intereses privados que van a seguir operando las plantas de combustibles fósiles”, dijo Adriana González, portavoz del Sierra Club. “El proceso de privatización con Luma ya ha sido un fracaso, y no podemos seguir repitiendo los mismos errores”.
