Opinión

Por Pedro M Cardona Roig*, “El Urbanista”

Puerto Rico es un país en el que los funcionarios y autoridades han optado por operar en un abierto incumplimiento con las leyes, reglamentos y sentencias del tribunal.

Los días 22 y 24 de septiembre de 2020 la Junta de Planificación (JP) celebró vistas públicas para la evaluación de un nuevo Reglamento Conjunto, luego que la versión aprobada en el 2019 fuera declarada nula por haber incumplido con los requisitos de ley para la aprobación de un instrumento de esta naturaleza.

En el proceso de vistas públicas más caótico que he presenciado, se señaló que el instrumento no respondía a las mejores prácticas de planificación y confundía y mezclaba el trámite de endosos, certificaciones, licencias y permisos. De otra parte, se señaló que el instrumento no consideraba los aspectos de riesgo y cambio climático, al crear nuevos distritos de calificación de suelo. Además, se insistió que tampoco reconocía la diversidad del territorio, los asentamientos, las áreas residenciales, comerciales, industriales y de los centros urbanos de la isla grande y las islas municipio de Vieques y Culebra.

Un amplio grupo de sectores que incluyen a las principales organizaciones profesionales de planificadores, arquitectos, ingenieros, agricultores, entre otros: organizaciones ambientales como Para la Naturaleza y Ciudadanos del Carso; organizaciones comerciales que van desde el Centro Unido de Detallistas, Cámara de Comercio y las Farmacias de la Comunidad; la inmensa mayoría de los municipios y sus organizaciones representativas como la Liga de Ciudades y la Asociación de Alcaldes; y los representantes de varias urbanizaciones residenciales, expresaron su enérgico rechazo de manera pública y a través de ponencias.

Pese a lo sucedido, el 2 de diciembre de 2020 la JP aprobó el Reglamento Conjunto para la Evaluación y Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo, Uso de Terrenos y Operación de Negocios (Reglamento Conjunto 2020), que entró en vigor el 2 de enero de 2021.

En una acción sin precedentes, cuatro entidades demandaron a la JP solicitando la nulidad del deficiente instrumento, entre ellas, el Comité Pro-Seguridad ARRAQ y ARESPA, Inc. El Comité es una organización sin fines de lucro que representa a 788 familias que viven en San Juan.

El 31 de marzo de 2021, estos grupos comunitarios recibieron notificación de la sentencia del Tribunal de Apelaciones declarando nulo el Reglamento Conjunto de 2020, a menos de 100 días de su entrada en vigor, por incumplimiento sustancial con los requisitos que dispone la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico.

A pesar de la sentencia del Tribunal de Apelaciones, la JP insistió sin éxito, en revertir la determinación acudiendo al Tribunal Supremo. De esta forma, advino final y firme la sentencia del 31 de marzo de 2021 que declaró nulo el Reglamento Conjunto de 2020.

Aunque la JP conoce lo anterior, ha insistido en que el Reglamento Conjunto 2020 sigue vigente, violentando la determinación del Tribunal.

El Reglamento Conjunto 2020, permite la transformación indiscriminada de áreas residenciales en comerciales y la introducción de otros usos como los alojamientos a corto plazo y las industrias sin que haya habido un análisis o un proceso de planificación. Si este reglamento se mantuviera vigente, tendría el efecto de revocar la autonomía municipal al sustituir el proceso de planificación integral municipal con un reglamento general y genérico que no reconoce lo local y tampoco la voluntad de la ciudadanía que participó del proceso para la aprobación de los planes municipales. Sorprende que los municipios no hayan levantado su voz cuando se aprobó este reglamento porque ya no tienen voz en lo que respecta a los usos de suelo en su territorio.

Recordemos que cuando la JP celebró vistas públicas para este proceso no anunció la intención de enmendar los planes municipales, cuando en efecto ha pretendido hacerlo, y tampoco cumplió con los requisitos del Código Municipal para enmendar un Plan.

En última instancia, habría que preguntarse: ¿La estrategia que ha seguido la Junta de Planificación, la Oficina de Gerencia de Permisos y el Departamento de Desarrollo Económico cumple con la ley, es buena para la ciudadanía y garantiza el desarrollo económico? La respuesta a estas tres preguntas, es NO. No cumple con la ley, no garantiza la habitabilidad de las comunidades, la estabilidad del territorio y tampoco garantiza el desarrollo económico. Recordemos que todos los permisos, autorizaciones, endosos, certificaciones, consultas de ubicación, cambios de distritos y otros trámites que han sido autorizados desde que se emitió la sentencia de nulidad del RC2020 el 31 de marzo de 2021 hasta el presente, corren bajo una incertidumbre real y están expuestos a ser impugnados por cualquier parte adversamente afectada por la aplicación del Reglamento nulo.

La Junta de Planificación, una agencia del Gobierno de Puerto Rico adscrita al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, ha tomado la determinación de violar la ley y ha emitido comunicados a la comunidad regulada (arquitectos, ingenieros, planificadores, contratistas y otros), amparándose en justificaciones irracionales contenidas en la Resolución JPI-39-09-2022 aprobada el 28 de enero de 2022.

Esta acción de la JP de ignorar la sentencia tiene el efecto de burlar a las comunidades que sacaron de sus recursos para solicitar la impugnación del reglamento y triunfaron en su reclamo. Estas comunidades, aunque señalaron los errores procesales, se movilizaron por el temor a los efectos que tendría el reglamento en todas las comunidades en Puerto Rico.

El mensaje que envía el gobierno a la ciudadanía es que no respeta el veredicto de los tribunales. Entonces, tenemos que preguntarnos, cómo va a exigirle a la ciudadanía que cumpla con otras leyes y reglamentos cuando incluso violenta los procesos para confirmar a Enrique Volckers Nin o a los miembros de la Junta de Planificación. ¿Con qué fuerza moral?

Esta no es una buena base para promover el desarrollo económico ni la recuperación de Puerto Rico y es a la vez el mejor y peor ejemplo de un estado que es lumpen, al que hemos advenido en los pasados años.

  • El autor es arquitecto y presidente de GET Global Consulting