Por redacción de Sin Comillas
“Puerto Rico no solo tiene un déficit fiscal, también tiene un déficit de derechos políticos”, destacó en su informe Philip Alston, el relator especial sobre extrema pobreza y derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), tras visitar Puerto Rico la semana pasada. El informe, que también contiene señalamientos sobre la pobreza en Estados Unidos, tras visitar los estados de California, Alabama, Georgia, West Virginia y Washington DC.
“Los derechos políticos y la pobreza están inextricablemente vinculados en Puerto Rico”, asegura Alston. “Si fuera un estado, Puerto Rico sería el estado más pobre de la Unión. Pero Puerto Rico no es un estado, es un mero territorio”. Recoge en el informe que los puertorriqueños no tienen representación con derecho a voto en el Congreso de Estados Unidos y que, a menos que vivan en Estados Unidos, no pueden votar por el Presidente de los Estados Unidos.
“En un país que le gusta verse a sí mismo como la democracia más antigua del mundo y un acérrimo defensor de los derechos políticos en el escenario internacional, más de 3 millones de personas que viven en la isla no tienen poder en su propia capital”.
Y aunque dice que no le corresponde sugerir soluciones a la situación política “a la luz de la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo y la adopción por parte del Congreso de PROMESA, parece haber buenas razones para que el Comité de Descolonización de la ONU concluya que la isla ya no es un territorio autónomo”.
Tras reunirse con la directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal, Natalie Jaresko, indicó que no parece que los problemas sociales tengan un papel significativo en los análisis de la Junta. “En un momento en que incluso el Fondo Monetario Internacional (FMI) insiste en que la protección social debe tenerse en cuenta explícitamente en las recomendaciones de ajuste (es decir, austeridad), parece esencial que la Junta tenga en cuenta las preocupaciones sobre derechos humanos y protección social al contemplar decisiones a largo plazo para hacer reformas al sistema de protección social, al salario mínimo y el mercado laboral”.
