Por redacción de Sin Comillas
El secretario del Departamento de Justicia, César Miranda, se expresó satisfecho con la decisión del Tribunal Supremo federal de eliminar la prohibición de matrimonios del mismo sexo. Esta decisión requiere que los estados, incluyendo al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, le extiendan a las parejas del mismo sexo las garantías del derecho fundamental al matrimonio. Ello implica que el gobierno de Puerto Rico y todas sus agencias tendrán que realizar los ajustes necesarios para reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo y los derechos relacionados al matrimonio en la Isla.
“Por fin. Esta decisión representa un paso gigante en la búsqueda de la igualdad de derechos. No se puede negar el derecho a amar. Para mí es tan importante como la decisión en Loving v. Virginia que dio paso a los matrimonios interraciales. Aquí se reconoce por fin el derecho igualitario de hermanos y hermanas puertorriqueños para que no haya motivo alguno que pueda impedir su manifestación de amor así como ellos lo sienten, ni el disfrute de los derechos que debemos garantizar a todos y cada uno de nuestros conciudadanos”, afirmó Miranda.
Añadió que “esta búsqueda por la equidad no queda aquí. Puerto Rico carece de una verdadera estructura centralizada que vele por la protección de los derechos humanos correspondientes a los diversos sectores de nuestras comunidades. El próximo paso en la agenda debe ser la toma de conciencia sobre la pobreza que padecen algunos sectores marginados de nuestra sociedad”.
“Tal y como reconocimos en el mes de marzo cuando se decidió no defender la constitucionalidad del Artículo 68 del Código Civil, entendemos que esta decisión del Tribunal Supremo federal es el reconocimiento elemental de que todos los seres humanos somos iguales ante la ley”, declaró Miranda, en referencia al pleito conocido como Conde-Vidal v. ELA, el cual se encuentra sometido ante el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito de Boston precisamente en espera de que el Tribunal Supremo federal se expresara sobre la misma controversia.
El secretario del Departamento de Justicia anunció que ordenó radicar en el viernes una moción ante el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito de Boston para que resuelva la demanda en cuestión, a la luz de la decisión del Supremo federal hoy en el caso Obergefell et. al v. Hodges. Sobre la efectividad en Puerto Rico de las disposiciones contenidas en la decisión, Miranda precisó que se habrán de poner en vigor de forma inmediata, conforme a la determinación de Gobernador, contenida en la orden ejecutiva emitida hoy por el Primer Ejecutivo.
“En términos prácticos, dicha decisión implica que el gobierno de Puerto Rico no puede impedir el que personas del mismo sexo contraigan matrimonio en la Isla y debe reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo efectuados en otros estados. La determinación del más alto foro federal básicamente extiende todos los derechos y facultades de los que disfruta una pareja casada hoy a aquellas parejas que contraigan lo que conocemos como matrimonio igualitario. Esto quiere decir que todas las agencias y entidades públicas van a tener que hacer los ajustes que sean necesarios para garantizarle a estos matrimonios todos los derechos que emanan del matrimonio tales como: herencia, disfrute de planes médicos en pareja, adopción, beneficios de seguro social y contributivos, entre otros”, explicó el titular de Justicia.
“Esta administración cree firmemente en una sociedad con valores arraigados en la igualdad, la justicia y el bienestar de los demás, pues uno de los principios básicos de nuestra democracia es que todos los ciudadanos tengamos un trato igual frente a la ley. Creemos en una sociedad equitativa en la que todos y todas gocemos de los mismos derechos y en donde se nos valore por nuestra calidad y dignidad como seres humanos, independientemente de nuestra raza, color, sexo, credo religioso, orientación sexual, nacimiento, origen o condición social. Como dijera antes y lo repito hoy, el Estado no puede tener el poder de propiciar el discrimen. Hoy avanzamos hacia la equidad y eso es bueno”, añadió Miranda.
“La decisión del Tribunal Supremo es un reconocimiento importante de las luchas de la comunidad LGBTT y de toda persona que anónimamente resistió contra el discrimen. A ellos y ellas va mi respeto y admiración”, comentó el gobernador Alejandro García Padilla.
“La proclamación de este derecho es, además, un triunfo para la dignidad de todos los seres humanos, quienes, ante la ley, somos iguales. Reconocer y defender ese derecho del prójimo garantiza y fortalece a su vez la protección de nuestras propias libertades a la expresión, al culto y, sí, al amor”, añadió
“Les pido a todos los que como yo somos personas de fe, que comprendamos que a nadie le toca imponerle a otro su credo religioso. Que para que cada cual pueda adorar a Dios según su propia conciencia, nos corresponde defender las libertades democráticas de cada individuo, de tal forma que nunca se nos pueda coartar la nuestra”.
“Próximamente estaré firmando una orden ejecutiva para hacer efectiva de forma ordenada pero inmediata, con todas las consecuencias legales que pueda acarrear, la decisión del Tribunal. A su vez, le he pedido al secretario de Justicia que se evalúen cualesquiera otros cambios que por legislación se deban promover para adecuar nuestro ordenamiento jurídico a esta nueva realidad”, dijo el Gobernador.
