Por redacción de Sin Comillas

Unos $44,700 millones llegarán a la economía en fondos de estímulo federal ante el COVID-19, estima la Junta de Control Fiscal. Se recibirán unos $20,000 millones del Plan de Rescate Estadounidense (ARP, por sus siglas en inglés), además de $7,000 millones de la Ley de Asignaciones Suplementarias de Respuesta y Alivio del Coronavirus (CRRSA, por sus siglas en inglés) y $17,500 millones de la Ley de Ayuda, Alivio y Ley de Seguridad Económica (CARES, por sus siglas en inglés).

“La cantidad estimada para Puerto Rico de $45,000 millones de las tres leyes relacionadas con la
pandemia será de vital importancia para ayudar a las personas, las empresas y al gobierno a enfrentar
los terribles efectos de la pandemia de COVID-19 en Puerto Rico y su economía”, indicó la directora
ejecutiva de la Junta, Natalie Jaresko, durante 26a reunión pública celebrada el viernes.

“Depende de los residentes, las empresas y el gobierno reclamar y hacer uso de este dinero de la mejor manera posible para ayudar a Puerto Rico, no solo a recuperarse de la pandemia, sino también de las crisis de años anteriores y sentar las bases para una verdadera renovación económica”, comentó Jaresko.

Durante la reunión, la Junta ofreció actualizaciones sobre el progreso en la implementación de cinco reformas estructurales. Estima que la implementación completa y a tiempo agregará casi un punto porcentual de crecimiento económico y $25,000 millones en ingresos al gobierno durante las próximas tres décadas.

«Hemos hecho algún progreso en la implementación de estas reformas en Puerto Rico, pero tenemos un largo camino por recorrer para completarlas. Sólo la plena implementación de estas reformas permitirá a Puerto Rico ser competitivo con el resto del mundo en la atracción de inversiones y la creación de empleos de alta calidad que mejorarán la vida de todos los puertorriqueños», dijo Jaresko. «No reformar no es una opción».

Según la Junta, los mayores contribuyentes al crecimiento económico y a los ingresos del gobierno serán la
transformación del sistema energético, que suma a unos $11,000 millones y se estima que las reformas que facilitan el hacer negocios en Puerto Rico añadan más de $9,000 millones.

Reforma del capital humano y del bienestar social

El Departamento de Hacienda actualizó con los formularios contributivos y permitió las reglamentaciones y los cambios legales necesarios para implementar el crédito tributario por ingreso del trabajo. No obstante, se han hecho pocos esfuerzos para comunicar y educar a la población objetivo. En el Programa de Asistencia Nutricional, la Administración para el Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF)
retrasó la implementación del requisito de trabajo/voluntariado y no ha finalizado un plan de implementación detallado.

Facilidad para hacer negocios

El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio ha logrado un avance inicial en la reforma del proceso para obtener permisos, mientras que el Departamento de Justicia ha hecho algún avance en reducir el retraso en el registro de la propiedad. Invest Puerto Rico y Discover Puerto Rico han hecho progresos en la misión de ayudar a hacer crecer la economía. No obstante, una reforma de la administración contributiva necesaria para mejorar la competitividad se encuentra retrasada.

Reforma educativa

El Departamento de Educación y la Universidad de Puerto Rico han progresado en la implementación del programa de tutoría para escuelas de bajo rendimiento y en el apoyo a los maestros durante la enseñanza remota en la pandemia. Sin embargo, el Departamento carece de una estrategia integral para aprovechar las prácticas respaldadas por la investigación para aumentar la participación familiar y un plan para apoyar la toma de decisiones basadas en datos.

Reforma del sector energético

La Junta considera que Puerto Rico tiene un regulador energético independiente, y la red de PREPA pronto será administrada por un operador privado, Luma Energy.

Infraestructura

Ha habido progreso para aumentar las inversiones de capital en activos de transporte, pero el desarrollo de un marco de priorización para las inversiones del sector de transporte sigue retrasado.

La Junta aprobó varias solicitudes de redistribución por parte del Gobierno de Puerto Rico, que incluyen:

  •  La Autoridad para Financiamiento de Infraestructura de Puerto Rico construirá un puente
    elevado sobre la Intersección La Muda, en Guaynabo ($12.8 millones).
  • La Oficina de Desarrollo Socioeconómico y Comunitario para la vivienda y otros proyectos
    de construcción en varios municipios ($2.7 millones).
  • El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico para la eliminación
    de petróleo usado ($1.1 millones).