19 de abril de 2018 – Duodécima reunión de la Junta de Control. (Foto: Juan Costa)

COMENTARIO sobre la serie Los ejecutivos de la quiebra

Por Luis J. Valentín Ortiz | Centro de Periodismo Investigativo

 

La quiebra de Puerto Rico le ha costado al pueblo más de $225 millones en un año, solamente en abogados y consultores financieros. Se proyecta que el gasto ascenderá a $1,200 millones durante los próximos seis años, incluyendo los gastos de la Junta de Control Fiscal.

Empujé líneas como estas, con sus variaciones, como apuesta para comenzar una serie de historias que indagara en la facturación en servicios profesionales dentro del proceso de bancarrota que enfrenta la isla. No tuve éxito. Cuando se habla de cientos de millones de dólares, cifras por sí solas no alcanzan a explicar la magnitud del asunto. Me lo explicó mi editora y lo entendí en el camino.

Resulta más efectivo lo siguiente: Algunos abogados y consultores trabajando en la quiebra facturan en un mes — a veces en una semana — lo que cobra una familia puertorriqueña promedio al año, o alrededor de $20,000. Eso, en cualquier liga, se llama desigualdad.

Los ejecutivos de la quiebra visitan a menudo la isla con todos sus gastos pagos. Desde distintas ciudades de Estados Unidos, llegan en SUVs negras, a veces directamente del aeropuerto, los días en que hay vista en el Tribunal Federal de Hato Rey. Los ves caminando bajo un sol buena gente, con sus bultos sobre ruedas andando por las aceras de la Avenida Chardón.

Casi 1,000 personas — abogados, paralegales y consultores financieros, entre otros— que vienen de sobre una treintena de firmas, trabajan en la quiebra de Puerto Rico y su facturación la paga Hacienda. Otros cientos asesoran y facturan al margen, sin tener que pasar por la evaluación del tribunal. Se trata de una operación multimillonaria que desfalca a un país en bancarrota que vive sin expectativas de que las cosas se recuperen pronto. De los más de $225 millones que se han facturado hasta el momento, el 98% sale para firmas estadounidenses. Es dinero que no circula en la economía del país, más allá del café o el taxi mientras visitan Puerto Rico, y que también paga el Gobierno.

La serie Ejecutivos de la quiebra ilustra quiénes son los principales actores en el juego, muchos de los cuales van de quiebra en quiebra, de reestructuración en reestructuración, viéndose las caras una y otra vez. En Puerto Rico, la mayoría de ellos operan tras bastidores. Unos diseñan e implementan el plan fiscal y sus “reformas estructurales”. Otros litigan en el tribunal. Se sientan en la mesa de negociación. Analizan los números y crean las proyecciones. Ingenian las “soluciones” a la crisis fiscal y económica.

Estipulado queda que el proceso es novel y complejo, que los adversarios del Gobierno cuentan con sus propios batallones de abogados deluxe y que la magnitud de lo que se pretende lograr no tiene precedentes: reestructurar, de manera “sostenible”, casi $120,000 millones en deuda pública y obligaciones por concepto de pensiones. Por la milla larga, es la quiebra gubernamental más grande en la historia de bonos municipales de Estados Unidos y su costo se compara cada vez más a las quiebras corporativas de Lehman Brothers y Enron, que  a las de ciudades como Detroit o Jefferson County, Alabama.

Lo que quizá escapa a algunos es la ironía: una jurisdicción en quiebra, con su economía en el piso y el nivel de pobreza más alto bajo la bandera americana, tiene que cargar con el peso de esta cuenta. Que un abogado que ha generado casi $1 millón a costa del Gobierno, pide el reembolso por cancelar un Uber ($5) o el cargo de una película en una noche de hotel. Que al sumar todos los cafés y comidas facturadas como parte de la quiebra, casi $500,000, el Gobierno cubre el salario anual de por lo menos 15 plazas de policías. Que el máximo de $40 de reembolso para cada desayuno, almuerzo y cena fuera de la oficina para estos ejecutivos de la quiebra, es lo que muchos puertorriqueños rinden para comer dos días, o más.

A esto se le suman las constantes advertencias que ha hecho el examinador de facturas nombrado por el tribunal, Brady Williamson. Sobrefacturación, incrementos automáticos en las tarifas por hora, “errores de juicio”, falta de detalles en las facturas, duplicidad de servicios contratados, esto último achacado muchas veces a la representación del Gobierno y la Junta. Cada uno tiene sus propios bufetes, firmas de consultoría financiera y asesores trabajando en las mismas áreas. Justifican el gasto por las veces en que sus intereses están encontrados. Pero ya Williamson lo ha identificado en repetidas ocasiones: hay duplicidad de esfuerzos. Pero los cheques siguen saliendo.

En su último informe al Tribunal radicado esta semana, el examinador reiteró que los problemas de sobrefacturación continúan y advirtió que comenzará a levantar objeciones en torno las facturas de los profesionales. Hasta el momento, no lo ha hecho y solamente ha forzado deducciones que rondan un 2% de la facturación total.

Durante una entrevista con el Centro de Periodismo Investigativo, pregunté a la directora ejecutiva de la Junta, Natalie Jaresko, sobre la presencia de múltiples bufetes o firmas de consultoría trabajando en un mismo asunto. Se lavó las manos. Dijo que no puede comentar sobre lo que hace el Gobierno con sus abogados y consultores. Añadió que la “independencia” de la Junta y la complejidad del asunto requieren “perspectivas diferentes”.

“Pienso que todo esto valdrá el dinero [que se está pagando]”, sostuvo Jaresko. Su optimismo más bien recuerda al estribillo “Priceless” (No tiene precio) en los anuncios de una tarjeta de crédito.

Recientemente, tanto la Junta como líderes legislativos arremetieron el uno contra el otro por el costo que tiene para los puertorriqueños y puertorriqueñas financiar sus operaciones. Según el plan fiscal más reciente, la Casa de las Leyes le cuesta unos $34 anuales a cada residente, mientras que el gasto por la Junta y los profesionales que trabajan la quiebra — incluyendo aquellos contratados por el Gobierno — asciende a poco más de $70.

El costo de la quiebra trasciende los honorarios de estos abogados y consultores. ¿Cuánto le costará a los pensionados la quiebra del país? ¿Cuánto dejarán de devengar en salarios los empleados públicos que salen del Gobierno? ¿Cuánto perderá — o ganará — cada bonista? ¿Cuál será el recorte final a los servicios esenciales? Al cabo de todo, ¿cómo cuantificar el impacto social de la quiebra?

Más allá de los estimados y cálculos políticos que puedan dar uno u otro bando, pasarán años antes de tener alguna idea de cuánto ha costado este proceso. A juzgar por cómo va la cosa, el costo que tendrá la quiebra de Puerto Rico — con una deuda contraída de manera irresponsable y hasta potencialmente ilegal, según un informe comisionado por la Junta — es un barril sin fondo.