Por redacción de Sin Comillas

Cada año entre 700 y 800 personas son víctimas de robo de identidad en Puerto Rico. Para ellos ahora hay una herramienta que les ayudará a protegerse: la “Ley de Congelación de Crédito por Motivos de Seguridad”, que permite que los consumidores soliciten a las agencias de informes de crédito que suspendan la entrega de su información de crédito a terceros.

La «Ley de Congelación de Crédito por Motivos de Seguridad” permite que los consumidores le notifiquen a las agencias de informes de crédito una orden para congelar su crédito. La congelación por seguridad permanecerá vigente hasta que el consumidor solicite que la misma sea removida. La agencia de informes de crédito removerá una congelación por seguridad dentro de los tres días desde que reciba tal solicitud de remoción de parte de un consumidor.

«El robo de identidad y el fraude son delitos muy frecuentes en Puerto Rico. La Ley 236-2015 le brinda a la gente las herramientas para proteger su información de crédito. Como presidente de la Comisión de Banca del Senado, y por mi experiencia profesional previa en dicha industria, estoy convencido que está Ley ayudará a proteger a miles de consumidores en nuestro país», indicó el senador Ramón Luis Nieves, autor de la medida.

La ley federal Fair Credit Reporting Act atiende lo concerniente a los informes de crédito. No obstante, varias jurisdicciones de Estados Unidos como California, Connecticut, Florida, Hawaii, New York y Washington, y ahora Puerto Rico con la Ley 236-2015, han legislado para que los ciudadanos que sospechen que otras personas están usando su crédito indebidamente, puedan llamar a las agencias de crédito y ordenarles que suspendan la emisión de su información.

La Ley 236 indica que las agencias de informes de crédito podrían cobrarle a los consumidores una cantidad no mayor de $10 por la congelación por seguridad de un informe de crédito, a menos que el solicitante sea una víctima de robo de identidad que haya sometido, al momento de solicitar la congelación por seguridad, una copia válida de un informe investigativo o de incidente o de una querella ante una agencia de orden público sobre el uso ilegal de la información personal de la víctima por otra persona. Tampoco se le cobrará a un consumidor mayor 65 años en su solicitud inicial de poner o quitar una congelación por seguridad.