Raúl Santiago Bartolomei (izq.), colaborador y planificador de El Otro Puerto Rico; Alonso Ortiz Menchaca, presidente de la organización; Christina Mojica, colaboradora de la entidad, y Martha Quiñones, economista que forma parte de la Junta de Directores de la organización. (Foto suministrada)Por Redacción de Sin Comillas
El Otro Puerto Rico, una organización sin fines de lucro dirigida a fomentar la vivienda asequible, propone comprar y rehabilitar propiedades que luego puedan venderse o alquilarse a precios accesibles.
La propuesta incluye la derogación de Ley 22 de 2012, la creación de la Oficina de Regulación del Arrendamiento, el control de los arrendamientos a corto plazo y una regulación temporal de los alquileres a largo plazo.
“La crisis de vivienda en Puerto Rico es un problema que requiere soluciones integrales. Nuestra propuesta no solo aborda la necesidad de vivienda asequible, sino que también busca estabilizar el mercado de alquiler y regular las actividades comerciales que afectan la disponibilidad de viviendas”, explicó Alonso Ortiz Menchaca, presidente ejecutivo de El Otro Puerto Rico.
La economista Martha Quiñones agregó que “nuestro análisis económico demuestra que la estabilización de los alquileres y la creación de nuevas unidades de vivienda asequible son cruciales para mitigar la inflación inmobiliaria y evitar el desplazamiento de nuestras comunidades. Esta propuesta es un paso esencial hacia un Puerto Rico más justo y equitativo”.
Christina Mojica, analista de Política Pública de El Otro Puerto Rico, subrayó la importancia de la participación comunitaria en el desarrollo de la propuesta. “Hemos trabajado con los sectores que han sufrido la crisis de vivienda. Sus experiencias y aportes han sido vitales para anclar nuestras propuestas en la realidad cotidiana de nuestra gente.”
“La derogación de la Ley 22 de 2012 es un paso esencial para frenar el acaparamiento desmedido de propiedades y la evasión contributiva que promueve el lavado de dinero. Además, proponemos la creación de la Oficina de Regulación del Arrendamiento, adscrita al Departamento de la Vivienda, que se encargará de la regulación de alquileres a largo y corto plazo por demarcación territorial y necesidad de mercado”, detalló Mojica.
Proponen regular los alquileres a corto plazo y limitar su operación a zonas comerciales. Además, se crearía un Registro de Propietarios de ACP y se desarrollaría un procedimiento administrativo adjudicativo para querellas y multas a propietarios que incumplan con las regulaciones establecidas.
Sobre los arrendamientos a largo plazo, recomiendan que se implemente una regulación temporal y que se establezca un equipo multidisciplinario dentro de una Oficina de Regulación del Arrendamiento para estudiar el comportamiento del mercado de vivienda en este renglón. En los municipios o zonas más afectadas por la inflación inmobiliaria, se propone establecer un tope de renta y permitir que los inquilinos se querellen contra propietarios que no cumplan con los cánones establecidos.
Proponen la creación de un Programa Nacional de Reconstrucción de la Vivienda para la adquisición y rehabilitación de propiedades en desuso. “Asimismo, permitirá la rehabilitación de viviendas multifamiliares o de uso mixto y facilitará el proceso para la declaración de propiedades como estorbos públicos, costeando los gastos del proceso”, explicó Ortiz Menchaca.
La propuesta también incluye la recomendación de crear las Salas Especializadas en Titularidad e Inmuebles en cada región judicial del Tribunal General de Justicia, que resolverán controversias sobre usucapión, herencias y problemas de titularidad para los cuales sugieren enmiendas a la legislación existente.
“La vivienda, además de ser una fuente potencial de riqueza, es la infraestructura base que define la fibra de nuestras comunidades. No atender esta crisis llevará a la precarización económica, obstaculizará la movilidad social, llevará al desplazamiento de poblaciones vulnerables y segregará a Puerto Rico entre comunidades más y menos aventajadas”, advirtió Raúl Santiago Bartolomei, planificador y catedrático de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.
El Otro Puerto Rico emplazó a los candidatos a la gobernación a evaluar las recomendaciones y asumir posturas. “Nuestro objetivo final es lograr que el tema de la vivienda y el desplazamiento sean parte de la conversación central en la campaña electoral del 2024. El país merece que sus candidatos expresen con claridad si están a favor o en contra de garantizar su derecho a la vivienda. Los candidatos tendrán hasta el 30 de agosto para reaccionar a esta propuesta. En el mes de septiembre lanzaremos una campaña educativa en la que informaremos al país quien esta a favor o en contra de su derecho a la vivienda y quiénes están o no comprometidos con que exista en el futuro un Puerto Rico con puertorriqueños”, subrayó Ortiz Menchaca.
El Otro Puerto Rico (EOPR) es una entidad sin fines de lucro integrada por residentes, comerciantes y liderato comunitario preocupado y ocupados en atender la crisis de vivienda y desplazamiento que atraviesa el país.
