Por Redacción de Sin Comillas
La Junta de Control Fiscal presentó a la Legislatura un presupuesto para el Fondo General del Gobierno de Puerto Rico para el año fiscal 2025 de $13,1000 millones, 2.8% por encima del presupuesto del actual año fiscal. El presupuesto incluye un aumento en la financiación para educación, salud y seguridad pública.
El presupuesto del Fondo General destinará a Educación $2,300 millones, un 18% del gasto; a pensiones de los empleados públicos $2,200 millones, un 17%; a seguridad pública $1,400 millones, un 11%; y a salud $1,300 millones, el 10%.
El presupuesto de la Universidad de Puerto Rico (UPR) se mantendrá en aproximadamente $1,300 millones, y podría obtener acceso a $102 millones adicionales en el próximo año si alcanza los objetivos acordados.
El presupuesto propuesto incluye $560 millones en financiamiento adicional con respecto al año actual para inversiones estratégicas dirigidas a iniciativas que beneficiarán a los residentes de Puerto Rico, incluidos $311 millones para educación, $170 millones para salud y bienestar social, $74 millones para los municipios y $87 millones para infraestructura, incluyendo la seguridad del agua y de los alimentos.
El presupuesto del Fondo General, de $13,100 millones, no incluye $4,900 millones en Fondos de Ingresos Especiales, que se componen de ingresos que el gobierno genera a partir de cuotas y servicios dedicados a usos particulares, ni $15,400 millones en Fondos Federales.
El gobernador de Puerto Rico, Pedro R. Pierluisi, señaló que “las principales iniciativas que son vitales para el Gobierno están incluidas en el Plan Fiscal Certificado como, la ampliación del nivel de pobreza federal del Medicaid hasta el 100%, continuar con el apoyo integral a Medicaid Platino, continuar con el fondo de servicios esenciales para los municipios, el financiamiento de los aumentos salariales garantizados a maestros-bomberos y primeros respondedores después de la expiración de las fuentes de financiamiento federal temporal y la repetición de los $250 millones que forman parte del incentivo económico a los contribuyentes”.
Pierluisi explicó que el Plan Fiscal certificado proyecta superávits agregados más pequeños debido a que en el año fiscal 2028 las contribuciones federales para el Medicaid en Puerto Rico “se reducirán en un nivel histórico nunca antes visto”.
El gobernador comentó que al finalizar el año fiscal 2025, Puerto Rico tendrá cuatro presupuestos balanceados. Sin embargo, en torno a la Sección 209 de la Ley PROMESA, la cual establece los requisitos para el fin de la Junta luego de que Puerto Rico tenga acceso a los mercados de capital, indicó que el Plan Fiscal “no debería fomentar un proceso para micromanejar el Gobierno y sus corporaciones públicas lo que redundaría en perpetuar la existencia de la Junta”.
“Tras la implementación del Plan de Ajuste de la Deuda del Gobierno y otras reestructuraciones que han sido completadas, creemos firmemente que, como medida fiscal responsable, la Junta debe tomar pasos medibles que reduzcan los costos burocráticos asociados a sus políticas y procedimientos. Reconocemos que PROMESA ha sido útil para la transparencia y rendición de cuentas, pero su implementación ha sido y es sumamente costosa al tiempo que ha creado una burocracia paralela que no contribuye a posicionar nuestra economía en un ámbito más competitivo. Por ejemplo, vemos como un paso crítico comenzar a eliminar la designación de instrumentalidad territorial cubierta bajo la Sección 101(d)(2) para entidades que han logrado un nivel de deuda que sea sostenible, un historial de desempeño financiero y que están al día en sus estados financieros”, explicó el gobernador e urgió a los miembros de la Junta a actuar con responsabilidad para asegurar que su presencia no se exceda y que los fondos públicos se utilicen donde es necesario.
“El Plan Fiscal Certificado incluye información relacionada a los requisitos y condiciones que la Junta ha establecido como necesarios para terminar sus labores. Debido a que hace poco más de un día recibimos el borrador del Plan Fiscal, instruí a mi equipo de trabajo a analizar con detenimiento el lenguaje, por lo que me reservo el derecho del Gobierno de impugnar cualquier requisito de certificación que entendamos sea irrazonable o sobrepase el ámbito de competencia de la Junta”, dijo el primer ejecutivo.
En torno a tener acceso a los mercados de capital mediante tasas razonables, Pierluisi expresó que los requisitos incluidos como parte del Plan Fiscal son al parecer una extralimitación de parte de la Junta.
Ahora, la Junta y la Legislatura trabajarán juntos hasta el 26 de junio, cuando la Legislatura debe presentar su presupuesto propuesto. En o antes del 30 de junio, la Junta deberá certificar el presupuesto del año fiscal 2025, que será conforme con el Plan Fiscal para Puerto Rico y que se proyecta llevará el gasto total del Gobierno central a aproximadamente $33,300 millones.
Certifican el Plan Fiscal
Por otro lado, la Junta certificó el Plan Fiscal revisado para Puerto Rico, actualizado con los datos y proyecciones más recientes de ingresos y gastos. No hemos tenido acceso al nuevo Plan Fiscal, que incluye nuevas proyecciones macroeconómicas.
El Plan Fiscal identificó ocho áreas críticas para que Puerto Rico se recupere plenamente de la quiebra y cumpla el mandato de PROMESA de alcanzar la responsabilidad fiscal:
- Proyecciones económicas y de ingresos mejoradas. El Gobierno debe establecer un proceso para elaborar una proyección de ingresos multianual consensuada.
- Mejores prácticas de administración presupuestaria. El Gobierno debe establecer un presupuesto con un marco integral que incluya la contratación, la presupuestación, la administración de los ingresos y el manejo del rendimiento,
- Un programa abarcador de ejecución de proyectos de capital. Sin un plan a largo plazo, Puerto Rico desconocería cómo maximizar las fuentes de financiamiento y si cuenta con fondos suficientes para sus proyectos de capital,
- Mejora de los servicios prestados al público y de las relaciones laborales. El Gobierno debe emprender reformas significativas para mejorar los servicios públicos en Puerto Rico mediante la creación de un servicio público más eficiente y la resolución de los desafíos relativos a las relaciones laborales.
- Un gasto en servicios de salud basado en resultados y datos, y controlado. El Gobierno debe asumir un rol activo para apoyar la mejora de los resultados en el ámbito de la salud pública y garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de salud de Puerto Rico.
- Informes financieros mejorados y transparentes. El Gobierno debe atender las deficiencias en el manejo fiscal y dar seguimiento e informar la información clave sobre la situación financiera de Puerto Rico, como la evolución de los ingresos y los gastos.
- Optimización del manejo fiscal municipal. La Junta de Supervisión continuará colaborando con el Gobierno y los municipios para mejorar el rendimiento y la rendición de cuentas mediante un sistema reestructurado de subvenciones y transferencias que incentive a los municipios a tener un desempeño adecuado en áreas clave de los servicios municipales, incluyendo los procesos de permisos.
- Promover el crecimiento económico
Según el Plan Fiscal, el Gobierno tendrá que realizar inversiones específicas e implementar profundas reformas estructurales para producir un crecimiento sostenible y apoyar los ingresos gubernamentales. El Plan Fiscal trazará la ruta para tales inversiones y reformas. Entre las inversiones claves están ofrecer una educación de calidad y contar con un sistema eléctrico fiable.
Los miembros de la Junta certificaron además los Planes Fiscales actualizados de la Compañía de Fomento Industrial (PRIDCO) y la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA).
La Junta se creó bajo la ley “Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act” (PROMESA) de 2016.
