Por redacción de Sin Comillas
El Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica de Puerto Rico (ICSE) presentó una demanda en el Tribunal de Primera Instancia impugnando la validez de la nueva tarifa impuesta por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). El aumento que entró en vigor el pasado 1 de julio de 2022, representa un alza de 5%.
El ICSE le requirió al Tribunal que declare nulo el procedimiento de revisión tarifaria por este ser contrario a la Ley de Procedimientos Administrativos Uniformes, también conocida como la LPAU (Ley 38-2017). La AAA utilizó una ley de hace 37 años para imponer la nueva tarifa.
Al usar la antigua Ley-21, la AAA aumentó la tarifa evitando que la ciudadanía pudiera confrontar la información de la agencia ni presentar su propia evidencia, explicó el asesor legal del Instituto, Manuel Fernández. “Cerrar las puertas a la ciudadanía demuestra que la AAA desea seguir conduciéndose sin responsabilizarse sobre su desempeño. La AAA pretende cobijar su falta de transparencia y rendición de cuentas con la antigua Ley 21 del 1985”, indicó José L. Pou Román, asistente de la asesoría legal del ICSE.
Si el tribunal decide en contra de la AAA, al agencia tendrá que celebrar un procedimiento de revisión nuevo bajo la LPAU, en donde se permita a todos los puertorriqueños presentar evidencia a su favor, confrontar los testigos de la AAA y poder acudir al Tribunal de quedar inconformes con la nueva revisión tarifaria.
ICSE es una organización sin fines de lucro que asegura se enfoca en la planificación, educación y ejecución de reformas económicas clave para lograr una economía sostenible para el beneficio de Puerto Rico.
