Por redacción de Sin Comillas
Como resultado de una investigación del FBI, el miércoles 18 de febrero, un gran jurado federal presentó cargos (ind Bank Fraud Doral 2-23-15) contra dos personas por fraude bancario, uso indebido de fondos, fraude electrónico y lavado de dinero, anunció Rosa Emilia Rodríguez Vélez, jefa de la fiscalía federal. Fuentes de SIN COMILLAS aseguran que las acusaciones estarían relacionadas con el asesinato en el 2011 de Maurice Spagnoletti, vicepresidente de Doral. La investigación sigue en curso.
Una de las acusadas es Annelise I. Figueroa, que era vicepresidenta del departamento de propiedades y tenía a su cargo la supervisión del mantenimiento de las sucursales de Doral Bank. El otro es Rolando Rivera Solís, vicepresidente de San Juan Tropical, una corporación que ofrecía servicios de limpieza de Doral Bank.
Según la investigación, Figueroa habría cambiado sustancialmente los términos de un contrato de mantenimiento de San Juan Tropical con Doral Bank. El pago mensual se habría cambiado a un pago semanal por la misma cantidad.
Por ejemplo, el 21 de enero de 2011, Figueroa, emitió una carta que indicaba que se pagarían $27,350 al mes. El 24 de enero de 2011, Figueroa, emitió otra carta cambiando el pago a $27,288.27 semanales. La carta no fue firmado por el supervisor o de cualquier otro ejecutivo bancario. En total, la cantidad defraudada habría ascendido a $2.4 millones.
Según algunas fuentes, Spagnoletti, que había llegado al banco en el 2011, habría descubierto el fraude y habría pedido a Figueroa la cancelación del contrato con San Juan Tropical.
“Estamos comprometidos con asegurar la integridad del sistema bancario y enjuiciar a los que con sus delitos financieros lo utilizan para su beneficio personal”, declaró Rodríguez Vélez. “Los esquemas fraudulentas ideados para explotar nuestro sistema bancario para obtener beneficios personales serán investigados y procesados con todo el rigor de la ley. Esta investigación continúa”, añadió.
Si son declarados culpables, los acusados enfrentan una sentencia máxima de 30 años por fraude bancario, 30 años por el cargo de fraude electrónico y 10 años para el cargo de lavado de dinero. Figueroa también se enfrenta a una posible sentencia de 30 años por utilización indebida de fondos del banco.
