Llegados a este punto habría que preguntarse por qué el Gobierno se empeña en defender el proyecto del gasoducto -o como el Gobierno prefiere que se llame, Vía Verde. A la oposición de ambientalistas y de la opinión pública ahora hay que añadir la de empresarios y asociaciones profesionales. Si ya ni los empresarios –insistentes hasta el cansancio en la urgencia de bajar el costo de la electricidad– apoyan el proyecto, ¿por qué el Gobierno tratar de empujar un proyecto que nadie quiere?
