Por redacción de Sin Comillas
“Una junta punitiva que no respete a mis constituyentes y pisotee el principio de los derechos de los estados, me convertirá rápidamente, de un aliado a un adversario”, advirtió el Comisionado Residente en Washington, Pedro Pierluisi, en una vista en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Reiteró que en el estatus está la raíz de la crisis, y estableció los parámetros que debe contener el proyecto de ley que apruebe el Congreso, mientras advirtió que aunque podría aceptar una junta de supervisión, no tolerará una junta punitiva que constituya un juicio moral sobre Puerto Rico.
“A finales de este mes, el Congreso celebrará su octava vista pública sobre Puerto Rico. Bajo la dirección del presidente Ryan, el Comité de Recursos Naturales liderará un esfuerzo para crear legislación para el territorio. Ya hay un récord suficiente sobre el cual basar acción legislativa. El récord demuestra que en Puerto Rico no hay solo una crisis, pero una serie de crisis interrelacionadas. Es una crisis económica, una crisis fiscal, una crisis de liquidez, una crisis de deuda, una crisis de emigración y una crisis de administración pública. Si visualizamos a Puerto Rico como un árbol y a cada crisis como una rama débil, la raíz de ese árbol es el estatus desigual e indigno de Puerto Rico. Si bien el objetivo inmediato es reparar las ramas del árbol, en última instancia tendremos que atacar el problema de raíz, y eso significa que Puerto Rico debe convertirse en un estado o una nación soberana”, afirmó Pierluisi.
“No hay duda de que el estatus es de vital importancia. ¿Por qué estamos proponiendo autoridad de reestructuración, y el crédito contributivo por ingreso devengado, y que se le provea trato justo a Puerto Rico bajo Medicaid? Bueno, como territorio, el estatus de Puerto Rico no le provee las herramientas adecuadas en esas tres áreas. Y por tanto creemos que necesitamos proveerle al territorio aquellas herramientas que necesita [para que pueda] manejar esta crisis. Y estamos de acuerdo en que durante un largo tiempo el estatus ha contribuido a esta crisis”, añadió Pierluisi, citando al asesor del Secretario del Tesoro Antonio Weiss.
En su mensaje, el Comisionado Residente argumentó que debido a que la crisis en Puerto Rico tiene múltiples dimensiones, la legislación que finalmente apruebe el Congreso debe atenderlos, por lo que tiene que estar basada en tres elementos. En esencia, Pierluisi sostuvo que el proyecto de ley debe facultar a Puerto Rico para reestructurar parte de su deuda, debe atender las desigualdades bajo programas federales claves y asistencia temporera para atender la mala administración fiscal.
“En primer lugar, el proyecto de ley debe facultar a Puerto Rico para reestructurar una porción significativa de su deuda. El proyecto de ley podría proporcionar un periodo en el que puedan darse negociaciones voluntarias entre los emisores de bonos y sus acreedores, mediadas por expertos neutrales. Si estas negociaciones no dan fruto, el gobierno de Puerto Rico debe tener la facultad para autorizar a sus corporaciones públicas a ajustar sus deudas bajo el Capítulo 9 del Código de Quiebras federal, un derecho que todo estado tiene y que Puerto Rico solía tener. La Constitución para Puerto Rico aprobada por el Congreso establece que los bonos emitidos o garantizados por el gobierno central reciben prioridad en el pago. Lo que nos une como americanos -y los puertorriqueños son ciudadanos americanos orgullosos- es nuestro compromiso con el estado de derecho. Aunque no creo que el Congreso deba anular la Constitución de Puerto Rico, sí espero que todos los acreedores, incluyendo los tenedores de obligaciones generales, hagan concesiones para el bien común que al final beneficiarán a todos. Me parece que finalmente está surgiendo consenso bipartidista en apoyo a una autoridad razonable de restructuración de deuda para Puerto Rico”, dijo Pierluisi.
Como segundo elemento que debe contener el proyecto de ley que apruebe el Congreso, el Comisionado Residente subrayó la necesidad de atender las disparidades bajo los programas federales, a las que describió como “intolerables”. “El proyecto de ley debe atender las intolerables desigualdades que Puerto Rico enfrenta bajo importantes programas federales, que es una de las razones principales de nuestros déficits y la deuda. Tengamos en cuenta que, históricamente, Puerto Rico recibía menos de $300 millones en fondos anuales de Medicaid, mientras que un estado de igual tamaño como Oregon, recibe $5,000 millones. Reto a cualquier estado a operar un programa de Medicaid adecuado con esa insultante suma sin coger prestado demás en los mercados de capitales. Imposible”.
El Comisionado Residente afirmó que el gobierno de Puerto Rico tiene un récord de mala administración fiscal. Sostuvo que este es un hecho doloroso, pero es un hecho que hay que afrontar, tomar la determinación de mejorar y aceptar algún tipo de asistencia temporera. Esa asistencia temporera puede ser una junta de supervisión independiente que apruebe el plan financiero y los presupuestos anuales del gobierno de Puerto Rico, y ayude a garantizar que se cumplan.
“Pero el pasado no tiene que ser igual que el futuro. No hay razón alguna por la cual los futuros líderes de Puerto Rico no puedan adoptar una disciplina fiscal -a diferencia de austeridad- y rápidamente eliminar la necesidad de la junta de supervisión. Y el Congreso debe ser cuidadoso al pasar juicio moral sobre Puerto Rico, ya que el gobierno federal tiene una deuda de $14 trillones, que es el 75 por ciento del Producto Doméstico Bruto (GDP, por sus siglas en inglés). Somos responsables de nuestras acciones, pero el Congreso es responsable de sus acciones -y sus inacciones- también”, expresó Pierluisi.
“Una junta balanceada obtendría la aceptación del liderato gubernamental, empresarial y laboral de Puerto Rico, y puede servir de puente hacia un mejor futuro. Sin embargo, una junta punitiva que no respete a mis constituyentes y pisotee el principio de los derechos de los estados, me convertirá rápidamente, de un aliado, a un adversario”.
