Por redacción de Sin Comillas
La Red de Transparencia se une a las expresiones del Overseas Press Club (OPC) y la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPRO) para rechazar la aprobación de los proyectos de ley de “transparencia” (P. C. 1095), y de “datos abiertos” (P. S. 236), ya que ambas limitan y obstruyen el derecho constitucional a la información pública, y no cumplen con los estándares internacionales de transparencia y acceso a la información pública.
Según indica la Red, el proyecto de ley de “transparencia” desde su inicio ha tenido serias debilidades, las cuales no se han atendido a pesar de diversas enmiendas sugeridas. La versión actual, aprobada por la Cámara de Representantes y el Senado, es aún más débil ya que elimina la disposición de entregar inmediatamente la información pública cuando existe, no define detalladamente lo que es “información pública”, “documento público” o “divulgación proactiva”, y no establece un ente que establezca las normas y procesos para que todas las entidades públicas implementen la ley de la misma forma. Además, aquellas personas que soliciten información en oficinas regionales tendrán que esperar más tiempo para recibirla, y el recurso especial de revisión judicial solo tomará lugar en el Tribunal de Primera Instancia de la Región Judicial de San Juan, dificultando acceso a residentes fuera de la zona metropolitana.
Además, la versión aprobada tampoco estipula las excepciones de confidencialidad y establece un término de 30 días para pedir la revisión judicial. Si la persona no pide revisión durante ese periodo, pierde su derecho a revisión.
Por otra parte, el proyecto de ley de “datos abiertos” no se queda atrás, ya que los cambios recientes eliminan la sustancia de la misma. Específicamente, la versión aprobada le quita la tutela al Instituto de Estadísticas, y en vez, establece al Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS) como el ente responsable de dicha implementación. Esta Oficina, que tiene poca experiencia relacionada a los datos y, responde directamente al Gobernador de Puerto Rico, le resta independencia al proceso y limita la capacidad regulatoria de calidad y divulgación de datos que puede ofrecer el Instituto de Estadísticas. La versión aprobada también elimina la petición de que el proceso de digitalización sea legible por maquina, afectando la viabilidad del individuo de poder adquirir y analizar la data. La medida deja afuera a la Rama Legislativa, la Rama Judicial y los municipios, y amplifica las excepciones de confidencialidad por encima de las establecidas por el Tribunal Supremo de Puerto Rico.
Finalmente, la Red también enfatiza que ambos proyectos se contradicen, lo que podría crear aún mayor confusión e inconsistencia en la implementación de esfuerzos. Por ende, la Red se une al llamado para pedirle al Gobernador el vetar ambos proyectos, y a entablar una conversación con las entidades cívicas interesadas sobre el tipo de proyecto al que se debe aspirar para lograr la apertura de datos y el acceso a la información.
La Red de Transparencia es un espacio permanente de diálogo, cooperación e intercambio de saberes y experiencias comprometido con el derecho de acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas gubernamental en Puerto Rico. Los integrantes de la Red de Transparencia son Espacios Abiertos, el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, Centro de Periodismo Investigativo, Agenda Ciudadana, GFR Media, Abre Puerto Rico, Sembrando Sentido, Sin Comillas, la Lcda. Ivonne Lozada y la Lcda. Natalia Ramírez Echevarría.
