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Por redacción de Sin Comillas
El gobernador Ricardo Rosselló Nevares urgió al Congreso a tomar en consideración a Puerto Rico en la reforma contributiva federal e incluir a la Isla en el paquete de ayuda que atenderá los diferentes desastres naturales registrados en la nación para así asegurar un trato igualitario para los ciudadanos americanos residentes en la Isla.
Rosselló advirtió que si el Congreso no considera a Puerto Rico como una jurisdicción de los Estados Unidos en materia contributiva provocará el éxodo de las compañías que generan el 42% del Producto Interno Bruto, la pérdida de empleos en la Isla y, por ende, la mudanza de más puertorriqueños a la nación que a la larga provocará un incremento en los gastos de los estados.
El mandatario recordó que los empleos creados en Puerto Rico son empleos americanos. Por lo tanto, para impulsar la creación de empleos y el desarrollo económico de la Isla se debe asegurar que la reforma contributiva federal establezca que:
- Los productos manufacturados en Puerto Rico, que sean importados a los Estados Unidos, son productos domésticos; por lo tanto, no les debe aplicar el arbitrio propuesto (excise tax) de 20% para mercancía manufacturada en el extranjero.
- Las empresas domésticas que emplean a ciudadanos americanos en Puerto Rico no les aplique el impuesto de repatriación por ganancias invertidas en la Isla, siempre y cuando estas tengan un compromiso de permanecer operando en Puerto Rico por un mínimo de 8 años y mantengan más del 50% de sus bienes, tangibles e intangibles, en la Isla.
- Que no apliquen a Puerto Rico impuestos que tienen como propósito evitar la erosión de la base contributiva de los Estados Unidos (contribución mínima anual), porque la Isla debe ser considerada como parte de la nación americana.
Se podrían perder 70,000 empleos
El presidente de la Asociación de Industriales (AIPR), Rodrigo Masses, advirtió que el proyecto de Reforma Contributiva Federal ante la consideración en estos momentos del Congreso de los EE.UU., según redactado, tiene la posibilidad de impactar catastróficamente la economía de la isla, provocando la pérdida de más de 70,000 empleos bien remunerados y más del 35% del presupuesto gubernamental.
El pasado 2 de noviembre de 2017 el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes federal presentó el proyecto legislativo HR 1, conocido como el “Tax Cuts and Jobs Act”, que constituye una propuesta para la reforma del Código de Rentas Internas federal. El Proyecto busca, entre otras cosas, atraer actividades de manufactura hacia los EE.UU. y como consecuencia de dicha iniciativa recibirá los ingresos, la producción y la generación de trabajos de empresas norteamericanas que, por razones primordialmente contributivas han mantenido sus operaciones fuera del país, apuntó el titular de los Industriales.
Como alertó la AIPR entonces, las disposiciones que el Congreso utilizó para fomentar ese resultado fueron demasiado abarcadoras. “Al pretender desincentivar actividades de manufactura fuera de EE.UU. se ataca también a las actividades de manufactura llevadas a cabo dentro de Puerto Rico. Al no tomar en cuenta la realidad jurídica, social y económica de que Puerto Rico es una jurisdicción con una plena integración con EE.UU. y en la cual estas compañías son las responsables de la generación de unos 70,000 empleos americanos directos y sobre 200,000 indirectos y aproximadamente 35% de los recaudos contributivos de la Isla, el Proyecto presenta un gran peligro a nivel local”.
En particular, destacó Masses, las secciones 4301 y 4303 del “Tax Cuts and Jobs Act” tienen el potencial de afectar a Puerto Rico. Por un lado, estas secciones requieren la tributación en EE.UU. de las ganancias generadas fuera de los EE.UU. y por otro, impondrían un arbitrio de 20% a las compras que una afiliada estadounidense haga a otra afiliada fuera de los EE.UU.
Desde mucho antes de la radicación del Proyecto, la AIPR ha trabajado para introducir texto que logre eximir las operaciones en suelo americano del efecto de cualquier disposición de una naturaleza proteccionista contra actividades foráneas. Sin embargo, el 9 de noviembre de 2017 el comité aprobó el proyecto sin proveer lenguaje que proveyera algún tipo de protección o alivio a las actividades llevadas a cabo en Puerto Rico.
Además de esto, el mismo 9 de noviembre el Comité de Finanzas del Senado federal presentó su propuesta para la reforma contributiva federal. En esta propuesta, aunque no utilizan el mismo arbitrio de 20% para reducir las ventajas de precio de manufacturar fuera de EE.UU., proponen insertar disposiciones para proteger las actividades dentro de los EE.UU. que afectarían directamente las operaciones llevadas a cabo dentro de Puerto Rico. “Más aún el lenguaje utilizado en algunas de estas propuestas, pareciera ser que tienen pleno conocimiento de la estructura de las empresas que operan en Puerto Rico y tampoco han introducido texto que exima las operaciones en suelo americano del efecto de las mismas. Aparenta ser que el asunto no es uno de falta de entendimiento de la realidad de la cual llevamos años educando al Congreso, sino que nos hace pensar que, simple y llanamente, con tal de aumentar sus recaudos y financiar su propuesta de reforma contributiva, al Congreso no ha considerado de forma activa el impacto que sus medidas puedan tener sobre el futuro de decenas de miles de trabajos americanos en Puerto Rico ni la salud socio económica de Puerto Rico”, dijo el presidente de los Industriales.
“Tenemos que proteger lo que ha sido la columna vertebral de la economía de Puerto Rico en los últimos años y el principal sector económico que nos queda luego del embate del huracán María: la base industrial puertorriqueña. Este no es el momento, ni la reforma contributiva el vehículo para cambios al modelo comercial de la última década. En lugar de estar hoy preocupados por la subsistencia económica de Puerto Rico, debemos estar enfocados en obtener las herramientas para el desarrollo y crecimiento económico que hace un año el Congreso nos prometió con la sección 701 de PROMESA. Cualquier solución duradera para la crisis fiscal y económica de Puerto Rico tiene que considerar el efecto local de cualquier iniciativa contra manufactura fuera de EE.UU., y además proveer en dicho proyecto una solución permanente y favorecedora al crecimiento local. Durante el remanente de la semana la Asociación de Industriales de Puerto Rico, junto a otras asociaciones miembros de la Coalición del Sector Privado, empresas y representantes del gobierno de Puerto Rico redoblaremos esfuerzos en Washington DC para asegurarnos que este mensaje sea escuchado, entendido y reflejado en la reforma contributiva federal”, añadió Masses.
