Por redacción de Sin Comillas

El Comité de  Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, en inglés) y el Comité de Reclamaciones Especiales de la Junta de Control Fiscal presentaron ante el Tribunal Federal que atiende los asuntos de quiebra de Puerto Rico bajo el Título III de la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés),  un recurso de emergencia en el que solicitan mantener selladas las demandas que presenten por fraude o negligencia en la emisión de deuda pública. El objetivo es que no trascienda información de las investigaciones que el Comité de Reclamaciones Especiales consideran debe mantenerse de forma confidencial “por ser legalmente sensitiva”.

“Si se revela públicamente, esta información puede ser perjudicial para los intereses legales, estratégicos y económicos de los Deudores, la Junta de Control Fiscal y el Comité”, señala la moción. Para proteger estos intereses, el Comité considera que la información debe mantenerse sellada, aunque una versión preliminar está disponible en el Exhibit A en el archivo público (M158125934976-rep-2204094317).

El plazo para presentar demandas vence el 2 de mayo.

El UCC había solicitado al Tribunal que lo designe como síndico con la facultad de investigar las emisiones de deuda y presentar demandas por fraude o negligencia contra individuos. La Junta de Control Fiscal y el UCC presentaron una estipulación en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos con detalles sobre el procedimiento mediante el cual el Comité Especial de Reclamaciones de la Junta y UCC presentará demandas relacionadas con los bonos de Puerto Rico emitidos entre 2012 y 2014, que se considera excedieron el límite de deuda constitucional y “otras reclamaciones de evasión”. Esa deuda se estima asciende a $6,000 millones.

La Junta de Control Fiscal ya había dicho que intentará recuperar miles de millones de dólares en intereses pagados a los tenedores de los bonos que son parte de la deuda pública que es ilegal. Sin embargo, señala que no demandará a los responsables de la emisión de esa deuda ilegal por fraude “o teorías especulativas, pues hay serios impedimentos de prescripción, defensas y otros asuntos que pone en duda la sabiduría de gastar activos del estado en reclamaciones especulativas contra individuos”, explicó la Junta.

La moción presentada por el UCC critica que la Junta de Control Fiscal se haya enfocado en realizar una “investigación correcta” sobre las posibles causas de acción relacionadas con las emisiones de deuda de Puerto Rico; se haya dedicado a obstruir los esfuerzos del UCC para investigar la conducta de los deudores y el nivel de endeudamiento; y haya permitido que las causas caduquen al no anticipar y cumplir con los plazos legales.