Por redacción de Sin Comillas
Varias organizaciones aprovecharon que ayer se celebraba en Nueva York la vista judicial del caso de quiebra del Gobierno, para pedir la cancelación de la deuda. En la vista se vio la moción presentada el 14 de enero por la Junta de Control Fiscal pidiendo a la jueza Laura Taylor Swain que declare $6,000 millones en deuda pública inconstitucional.
Los argumentos principales de la moción son que las emisiones violan la cláusula de la Constitución de Puerto Rico sobre el límite constitucional a la deuda, que prohíbe que la suma del pago a la deuda y la emisión de bonos del ELA sea mayor que el 15% del promedio de los recaudos de los pasados dos años; y (2) que se utilizó esa deuda para el pago de déficit estructurales, prohibido también por la Constitución.
“El gobierno tenía unas prohibiciones de rango constitucional sobre la emisión de toda esta deuda que se violaron. Los hallazgos de la Junta de Control Fiscal son idénticos a los que la ahora extinta Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público, y su sucesora, la Comisión Ciudadana, han recogido en sus informes. Desde el 2016 se viene señalando que al menos la mitad de toda la deuda pública que se le atribuye a Puerto Rico fue emitida en violación a la Constitución, y eso incluye no sólo los bonos de las tres emisiones cuya nulidad reclama ahora la Junta, sino todas las emisiones de COFINA, las de la Autoridad de Edificios Públicos, y muchas más emisiones de bonos y notas emitidas por el Gobierno de Puerto Rico. De hecho, exigimos la nulidad de todas las emisiones utilizadas para financiar déficits presupuestarios desde el 1974”, expresó Luis José Torres Asencio, profesor de derecho constitucional e integrante de la Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Crédito Público.
Por su parte, el catedrático de economía de la UPR, Dr. José I. Alameda, explicó sobre el tipo de deuda que se está impugnando hoy en el Tribunal de Quiebra que “para mediados de 2018, la deuda de bonos de obligación general de Puerto Rico ascendía a $13,267 millones. Un bono de obligación general es un mecanismo de deuda emitida por el Gobierno Central garantizado por sus recaudos, así como por su poder de crear e imponer impuestos. Por ejemplo, mientras los bonos de COFINA, se pagan con el IVU, los llamados bonos de obligación general se pagan del Fondo General del Gobierno, de donde salen los recursos para pagar las demás operaciones del gobierno central como educación, seguridad, salud, UPR, etc”.
“Así, no sólo deben anularse los sobre $6,000 millones referidos en la moción de la Junta, sino que resulta imperativo que antes de evaluar cualquier propuesta de repago a bonistas, la Jueza identifique, de una vez y por todas, todos los servicios esenciales para la ciudadanía, de manera que se pueda determinar si los términos de los acuerdos permiten garantizar tales servicios. Como demostré en mi análisis sobre COFINA, los acuerdos propuestos no sólo fracasan en garantizar tales servicios, sino que parten de proyecciones ilusorias de recaudos, por lo que sólo contribuirán al recrudecimiento de la pobreza en el País y nos llevarán a nuevos impagos de la deuda”, manifestó Alameda Lozada, también integrante de la Comisión Ciudadana.
Por su parte, Eva Prados Rodríguez, portavoz del Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda, expresó que la moción de la Junta “reafirma la importancia de una auditoría ciudadana integral de la deuda pública porque precisamente son muchos los cuestionamientos que existen sobre esta deuda. Esta acción de la Junta de Control Fiscal demuestra la validez y certeza del reclamo y la importancia que tiene para evitar que el país pague injustamente por los errores del pasado. Sin embargo, el pueblo debe quedarse vigilante a que esta acción no se convierta sólo en una estrategia de negociación. Queremos y exigimos la cancelación de toda esa deuda. Además, son muchas más las instancias donde se actuó lejos de los mejores intereses del Pueblo de Puerto Rico, es mucha la deuda que debe ser cancelada y señalar quiénes deben responder por estos actos”.
Entre las organizaciones convocantes están, la Comisión Ciudadana para la Auditoría de la Deuda, Frente Ciudadano por la Auditoria de la Deuda Pública de Puerto Rico, VAMOS, Colegio de Profesionales de Trabajo Social, Center for Popular Democracy (CPD), Hedge Clippers, Mijente, LCLAA, VAMOS4PR, Union Theological Seminary, A Call to Action on Puerto Rico, ProLibertad, PIP NY, The New York City Puerto Rico Long Term Recovery Group (NYC-PR-LTRG), NYDIS.
