Por redacción de Sin Comillas
A toda prisa, sin ningún tipo de análisis ni debate, la Cámara de Representantes aprobó anoche el proyecto solicitado por la Junta de Control Fiscal y Fortaleza sobre el acuerdo con los bonistas en la reestructuración de la deuda de COFINA. La medida, denunciaron grupos ciudadanos, permitiría otro oneroso e inconstitucional endeudamiento del gobierno por los próximos 40 años. Las organizaciones pidieron al Senado para que no apruebe la medida hoy, que es el último día de sesión en la Legislatura.
“La Legislatura de hoy no puede manejar los temas de la deuda con la misma ligereza e irresponsabilidad que las que nos llevaron a la crisis fiscal que tenemos. Nos preguntamos cuántos de los legisladores que votaron a favor del proyecto, lo leyeron con detenimiento y analizaron las repercusiones desastrosas a las que esta medida condena al pueblo. Un proyecto que llevaba menos de un mes de radicado, que da paso a la restructuración del 24% de la deuda pública por los próximos 40 años. De nuestras visitas a las oficinas legislativas era obvio el poco conocimiento que había sobre la medida”, declaró Eva Prados, portavoz del Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda, una de las organizaciones que alertó a la Legislatura sobre el contenido del acuerdo entre la Junta de Control Fiscal y los bonistas seniors de COFINA.
Según señalan, el proyecto 1837 que aprobó en la Cámara y que quedaría pendiente de considerarse en el Senado condena a Puerto Rico a pagar $33 billones, cuando se prestaron $17 billones, y obligará a la gente a pagar por 40 años el Impuesto sobre Venta y Uso (IVU), porque los recaudos le pertenecerán a sus acreedores. “De la misma manera que los proyectos que autorizaron las emisiones de bonos que nos llevaron a esta quiebra, se aprobaron a espaldas del pueblo, anoche la Cámara aprobó un proyecto que nos llevará a otro impago y le regalará nuestros fondos públicos a los bonistas inescrupulosos”, declaró, por su parte, Roberto Pagán, presidente de la Comisión Ciudadana por la Auditoría Integral del Crédito Público.
Estas organizaciones, que intentaron dialogar con el liderato legislativo para explicarle el lenguaje peligroso que contiene el acuerdo impulsado por la Junta, señalaron que la Comisión de Hacienda, Presupuesto y de la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico, presidida por Tony Soto, les aseguró habría vistas públicas, sin embargo, presentó un informe positivo el mismo día que bajó la medida a votación, sin debate y sin dar cuentas al país sobre sus consecuencias. “Solicitamos al Senado que cumpla su deber constitucional de representar bien a sus constituyentes, que somos todo el pueblo de Puerto Rico, y detenga esta medida hasta que se discuta públicamente y se presenten las enmiendas necesarias o se exija una renegociación”, manifestó Prados.
Los portavoces reiteraron su exhortación a la ciudadanía para que llame a los senadores durante el día de hoy solicitándoles que se den espacio para analizar la medida, llamen a vistas públicas, no consideren el proyecto o le voten en contra. La petición a la Asamblea Legislativa cuenta, a su vez, con el apoyo de más de 6,000 endosos ciudadanos recogidos las pasadas 72 horas en la plataforma digital change.org. “Se trata de decidir qué futuro van a dejarle estos legisladores a sus descendientes. El pueblo ya ha sufrido suficiente”.
