Por redacción de Sin Comillas
La Asociación de Periodistas (ASPRO) y el periódico digital Sin Comillas radicaron, en a mañana del jueves, un recurso legal en el Tribunal Superior de San Juan exigiéndole al Secretario de Hacienda que divulgue el estudio sobre reforma contributiva que realizó la firma KPMG. Por otro lado, ASPRO también radicó un recurso legal en el que exige la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) que divulgue los acuerdo con UBS en el que la firma de inversiones se comprometía a pagar una multa de $3.5 millones y restituir $1.7 millones a ciertos clientes por transacciones con fondos mutuos.
El jueves por la tarde, el tribunal emitió una orden (Orden) concediendo cinco días al Gobierno para que comparezca y muestre causa por la cual no se deba emitir el mandamus. El caso fue asignado a la sala 907 de la jueza Iris Cancio González.
Sin Comillas solicitó copia del informe de KPMG, que se utilizará para delinear la reforma contributiva. El Departamento de Hacienda respondió a la solicitud señalando que el informe “es aún un borrador o documento de trabajo sobre el cual no se han tomado decisiones finales”. Por otras parte, dijo que ha solicitado al Secretario de Justicia “una Opinión Consultiva sobre la pertinencia legal o no de la divulgación de la información solicitada. Esta consulta se hizo siguiendo las directrices impartidas en la Carta emitida por la Fortaleza el 10 de noviembre de 2014, sobre la Divulgación de Información Pública requerida por los Miembros de la Prensa”.
Los demandantes entienden que la posición asumida por estas agencias no sólo es una violación constitucional al libre acceso a la información pública sino también contraria a la orden ejecutiva promulgada por el Gobernador de Puerto Rico a fines de “promover un gobierno de transparencia basado en el acceso a la información y estadísticas públicas confiables”.
El Mandamus señala que “semejante razonamiento y manejo restrictivo de la información pública, no sostiene escrutinio constitucional. En nuestro País, el acceso de la información pública opera como un imperativo democrático, el cual resulta oponible frente al Estado –de suyo– y sin subordinación a la opinión del Secretario de Justicia o a los tiempos de la toma de decisión gubernamental”.
