Por Elías Gutiérrez*
La sociedad puertorriqueña está en guerra consigo misma. Múltiples grupos de interés especial se activan en el momento en que perciben alguna amenaza al interés que defienden. La gente se aglutina en grupos, gremios, sectores, partidos, facciones e ideologías. Aunque hay áreas en las que distintos grupos encuentran confluencia, la relación entre ellos es infrecuente y tenue.
El comportamiento asociado con las condiciones que se traducen en la visión suma-cero convierte el sacrificio voluntario en algo casi imposible de aceptar. De hecho, aceptar sacrificios en pro de bien general o de otros grupos se interpreta como evidencia de ingenuidad o aun peor, propio de zánganos. Siendo éste el estado de cosas, el sacrificio se hace posible sólo dictado por las propias circunstancias o por el gobierno. Cuando así ocurre, el partido que esté en el poder sufrirá el castigo de una rabieta del electorado en los próximos comicios. El ciclo se repetirá con el próximo gobierno porque el mismo vendrá comprometido con promesas cuya viabilidad económica y financiera no fue nunca tomada en cuanta.
¿Cómo puede romperse el circulo vicioso que mina la estructura política y destruye la economía del país? Aquí es que entra en juego el concepto de “pacto social”. Se plantea la necesidad de lograr un acuerdo entre las fuerzas políticas oponentes y ciertos agentes sociales que ejercen un grado de influencia suficiente para que se logre la abstención del activismo y la movilización negativa de las fuerzas políticas, en aras de permitir que se lleven a cabo sacrificios grupales a cambio del bien general.
Para ilustrar el concepto puede utilizarse un ejemplo ficticio. Supóngase que los agentes sociales que representan a los trabajadores del sector público aceptan sacrificios sustanciales en salarios y beneficios marginales. Que ese sacrificio se hace con el fin de generar un ahorro con el que se financiará un esfuerzo de envergadura para rehabilitar la infraestructura productiva del país. Como parte del acuerdo, habría el compromiso de no atentar desde el poder legislativo contra la asignación y canalización de los recursos hacia los usos acordados. Es decir, que los partidos que advengan al poder no desviarán los ahorros hacia el gasto.
Por supuesto, el ejemplo que esbozo anteriormente está falto de detalles. El propósito del mismo se limita a ilustrar el concepto del pacto. Si fuésemos a proponer un pacto, yo partiría de algo que he planteado anteriormente.
Propongo que los dos partidos principales pacten en un esfuerzo dirigido a la solución de un problema creado por ellos mismos a través de los años. El problema consiste en la distorsión y disfuncionalidad del sistema tributario y los efectos nocivos que el mismo inyecta al sector productivo de la sociedad. He aquí la raíz del sesgo que muestra la economía de Puerto Rico hacia el consumo, en detrimento de la producción. Para detener la deriva negativa del estándar de vida es necesario actuar sobre el sistema fiscal vigente.
La opción que he propulsado para mejorar el sistema fiscal de Puerto Rico, consiste de dos elementos críticos: 1) convertir el impuesto sobre ventas y usos (IVU) en un impuesto sobre el valor añadido (IVA); y 2) descartar el impuesto sobre ingresos.
Tanto el IVU como el IVA son impuestos sobre el consumo. No obstante, el más efectivo y eficiente es el IVA. El IVA se aplicaría sin excepciones. Sólo se eximirían a las medicinas recetadas. Las personas de mayor edad podrían reclamar un reintegro al fin de año por la cantidad pagada en IVA con el fin de mitigar la regresividad del gravamen.
El IVA es más efectivo que el impuesto sobre ventas y usos (IVU) que rige hoy día. En parte ello es así porque, al cobrarse en cada instancia en que un producto se intercambia en la cadena de distribución, cada pagador debe cotejar que el vendedor haya pagado antes su parte. De no mostrar la evidencia, no se le descuenta el monto de IVA. Al final, el consumidor paga la totalidad y los intermediarios se convierten en cobradores en pro del Estado.
El IVA es utilizado en más de 140 países. En algunos de los estados de los EEUU también. Todo apunta a que, a la larga, un IVA será el sustituto del “income tax” federal. La oposición al IVA proviene de varios grupos y por motivos diversos. El primero es ideológico. Algunos estadoistas insisten en que el sistema fiscal de Puerto Rico se parezca al de los EEUU. Piensan que de esa forma se hace más fácil alcanzar la estadidad federada. Por otro lado, los comerciantes saben que el IVU es más difícil de fiscalizar y más vulnerable al impago. De ahí que la capacidad de captación sea baja. Los contables adoran el impuesto sobre el ingreso por su complejidad. De ella hacen una buena porción de sus servicios profesionales.
Esta es la oportunidad para resolver el problema de recaudos del gobierno. Pero resolverlo con el fin de impulsar un esfuerzo de gran magnitud hacia la inversión productiva. Además, es una gran oportunidad para detener el ataque que nuestro sistema fiscal inflige sobre los que trabajan, ahorran e invierten. El objetivo no deberá ser desviado para mantener el aparato público que hoy desangra al resto de los sectores que aún producen en nuestra economía. De ahí la importancia del pacto entre partidos.
La clave de esta receta consiste en lograr que los dos partidos políticos principales acuerden un armisticio. El mismo consiste en ceder cada uno en sus objeciones al IVA y en comprometerse a no atacar al otro por ello. De igual forma se deberán distribuir entre ambos el beneficio político de la eliminación del impuesto estatal sobre ingresos. Este sería el comienzo de un proceso que sustituiría el comportamiento típico de suma-cero por el que necesitamos. Es decir, el comportamiento típico de suma-positiva. Con ese ganamos todos.
* El autor es director de la Escuela Graduada de Planificación de la Universidad de Puerto Rico.
