Por redacción de Sin Comillas
La Asociación de Industriales de Puerto Rico (AIPR) y el Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica (ICSE) recomendaron no aprobar el Plan Integrado de Recursos propuesto por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) a la Comisión de Energía de Puerto Rico y rechazaron el aumento en la tarifa de energía y en el cargo transicional.
Ambas entidades consideran que el plan propuesto resulta en un aumento exagerado en el costo de la electricidad de aproximadamente 4 centavos/Kwh, lo cual equivale a un aumento de 25% de la actual.
Según Francisco García, vicepresidente ejecutivo de la AIPR, “el PIR y los cargos de titulación no viene acompañado de un Plan Integrado de la AEE que promueva inversión privada para bajar los costos energéticos y ambientales; y resulta en precios insostenibles en desacuerdo con el desarrollo y resurgir de nuestra maltrecha economía”.
Por su parte, Tomás Torres de ISCE, aseguró que uno de los principales factores que inhabilitan al sector privado a favorecer la Petición de Orden de Restructuración propuesta por la Corporación para la Revitalización de la AEE, es que no existen estudios en torno a proyección de demanda. Otros puntos de gran peso son la situación actual de incertidumbre económica, y la ausencia de cargos de transición razonables, sin tope alguno.
El plan contiene contradicciones dentro de los varios escenarios (carteras y futuros) y los análisis de sensibilidad sometidos por la AEE; y no presenta una proyección proyección razonable de demanda basada en supuestos reales que consideren las tarifas actuales y los aumentos actualmente presentados por la AEE.
“La competitividad y el desarrollo económico de Puerto Rico, en momentos de grandes retos, depende directamente de que se logren reducir los altos costos de energía. Esta es una propuesta que debe trabajarse tomando en consideración el entorno del estado económico actual, así como las recomendaciones concretas de todos los sectores de la industria”, dijo Torres. Entre los puntos que plantearon para no recomendar la aprobación del plan, Torres destacó que al plan no considera los efectos del precio (tarifa) de la electricidad en la proyección de demanda, algo fundamental a la validez del plan.
García por su parte reiteró que, la propuesta, tampoco presenta un plan de acción robusto a corto plazo de cinco años, para cumplir con los Estándares de Mercurio y Tóxicos en Aire (MATS, por sus siglas en ingles) de la Agencia de Protección Ambiental federal (EPA, por su siglas en inglés), y con los requisitos de “Generación Fósil Altamente Eficiente”, como requerido en la Ley 57 de 2014. La AIPR y el ICSE entienden que la AEE también “falló en proporcionar planes razonables de cobertura de costos de combustible (“fuel cost hedging”) y otros planes de manejo de riesgo que razonablemente tomen en cuenta la situación financiera futura de la AEE”, dijo.
“La aplicación inmediata de ‘Generación Fósil Altamente Eficiente’, como requerido por la Ley -57, en acuerdo con el espíritu de la ley, y en cumplimiento con los procesos que se llevan actualmente por la Comisión de Energía, podría permitir la construcción inmediata de nuevas plantas de alta eficiencia (requeridas por ley para el año 2019), logrando el remplazo de unidades obsoletas en las planta de Costa Sur y Aguirre”, coincidieron los portavoces.
A manera de cumplir con las normas ambientales de los Estándares de Mercurio y Tóxicos en el Aire (MATS), indicaron que esto conllevaría el remplazo inmediato de unidades en la planta de Palo Seco. Torres recalcó que se debe considerar también “el grado en que la nueva infraestructura de gas y la sustitución acelerada de unidades, favorecen el lograr el cumplimiento con las metas de energía renovable establecida en la Ley 82 de 2010, específicamente con la meta de 15% para el 2020. Actualmente el cumplimiento es de alrededor de 3.3%”, recalcó.
Finalmente, el Plan de la AEE no presenta una tarifa de trasbordo (“wheeling”) conforme a la Ley 57 de 2014 o planes concretos para implementar y mantener las reformas de acceso a la red (“open access”). Tampoco la corporación pública explica adecuadamente cómo sus planes van de acuerdo a los estados financieros auditados de la AEE, recalcó Torres.
Tomando en consideración estos factores, la AIPR y el ICSE, presentaron varias recomendaciones. Entre ellas está el “acelerar el desarrollo de infraestructura de gas natural, con análisis costo-beneficio del Puerto de Gas de Aguirre (“Aguirre Offshore Gas Port”) o infraestructura alterna que conecte las plantas Costa Sur y Aguirre”.
A manera de “servir mejor al interés público de Puerto Rico”, la ICSE recomendó que “la AEE debe desarrollar una propuesta alterna que sea pertinente y que tome en consideración las recomendaciones hechas durante este proceso”.
