Por Luisa García Pelatti

El sector privado dio una sorpresiva muestra de unidad al lograr sentar a 25 organizaciones en la conferencia de prensa de ayer. Hicieron una presentación coordinada, con guión. Hablaron casi todos, pero bajo el liderato de Waleska Rivera, la presidenta de la Asociación de Industriales. La publicación de la carta abierta al Gobernador y un artículo sobre el tema ese mismo día limitó el interés de los medios de comunicación, cuya asistencia fue reducida.

El sector privado planteó básicamente tres cosas: que el gobierno les diga qué medidas va a aprobar, que lo que haga no sea por más de un año y que tomen en cuenta sus recomendaciones.

El punto de vista del sector privado parece estar en el mediano y largo plazo (hablaron de medidas que apoyen el desarrollo económico). Es cierto que hay que resolver el tema de cómo reactivar la actividad económica, pero ahora mismo, a 12 días de que finalice el año fiscal, los esfuerzos del gobierno están centrados en reducir el déficit presupuestario para evitar la degradación de la deuda. El sector privado no ha entendido la urgencia de evitar la degradación, no la ven como una amenaza. Dicen que la forma de salvar los bonos es reactivando la economía.

Durante la conferencia, los representantes de las organizaciones empresariales sólo sacaron a relucir el tema de la degradación durante una ocasión y sólo para decir que piensan que se logrará evitar. “Esta urgencia para aprobar el presupuesto no debe ser una excusa para extender la agonía que vive la economía”, comentó uno de los participantes.

¿Qué pensarán Moody’s y S&P oyendo al sector privado hablar de imponer las medidas sólo durante un año?

¿Cuál fue el objetivo del sector privado con la carta abierta y la conferencia de prensa? ¿Es un último intento antes de darse por vencidos con los aumentos de contribuciones? ¿Es el inicio de una batalla para impedir que se aprueben las medidas? ¿Es un intento de negociar con el gobierno, aceptar algunos impuestos ahora a cambio de otras medidas en los próximos meses? ¿Es un esfuerzo para obligar al gobierno a establecer un diálogo sobre la política económica con el sector privado?