Por Luisa García Pelatti
Hasta ahora, el Gobernador no ha dicho cómo va a manejar la controversia sobre la transacción que se propone hacer la Corporación Pública para Supervisión y Seguro de Cooperativas (COSSEC): comprarle a las cooperativas los bonos del Gobierno al valor que pagaron originalmente, aunque ahora cada $1 valga sólo 20 centavos. El Gobierno le estaría comprando la deuda a las cooperativas y pagando por ella más de lo que le pagaría al resto de los acreedores y eso la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés) lo prohibe.
La petición de información realizada la semana pasada a la oficina de comunicaciones de La Fortaleza no ha sido contestada todavía. Además, se nos informó que algunas de nuestras preguntas son competencia de COSSEC, que hasta el viernes no tenía a nadie que atendiera las peticiones de la prensa.
La pregunta principal es ¿qué va a hacer el Gobierno después de que COSSEC haya aprobado una transacción para favorecer a las cooperativas y que va a dejar insolvente a COSSEC, una corporación pública? Pero hay muchas otras interrogantes sin respuesta: ¿Qué opina el Gobierno ante los que dicen que la transacción incumple la ley Promesa? ¿Se ha presentado ya alguna demanda? ¿Anticipan que se presentarán? ¿La transacción cuenta con el respaldo del Gobierno? ¿Existe algún informe en poder del Gobierno a favor o en contra de la transacción?
Las cooperativas tienen $1,000 millones invertidos en bonos, principalmente del Banco Gubernamental de Fomento. La transacción que quiere aprobar COSSEC autorizaría la compra de una tercera parte de esos $1,000 millones. Las cooperativas señalan que fueron coaccionadas para comprar esos bonos. No todas las cooperativas –hay 115 en la Isla– invirtieron en bonos del Gobierno. ¿Quién les obligó a comprar? ¿No tienen las cooperativas una gerencia profesional que tome decisiones sin coacciones? ¿Y por qué compraron bonos exentos si no pagan impuestos?
COSSEC es el organismo que regula las cooperativas. Es algo así como el FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation) de las cooperativas, pero con una peculiaridad llamativa. La junta de directores de COSSEC está formada por nueve directores: cinco de ellos (mayoría) con representantes de cooperativas, lo que significa que en la práctica las cooperativas se regulan ellas mismas. El regulador está regulado por sus regulados.
Según ha trascendido, a la transacción se han opuesto el representante del Secretario de Hacienda y el Comisionado de Instituciones Financieras. El representante del Banco Gubernamental de Fomento tuvo que abstenerse por conflicto (el BGF es el mayor deudor de las cooperativas). Pero a pesar de la oposición de esas dos agencias, la transacción podría aprobarse, lo que llevaría a la insolvencia a la corporación pública. Además del voto a favor de los directores que representan a las cooperativas, la medida cuenta con el respaldo del Comisionado de Desarrollo Cooperativo, Sergio Ortiz Quiñones, que preside la junta desde el 2013. Según algunas fuentes, Ortiz Quiñones busca ser nombrado presidente ejecutivo de COSSEC, puesto que está vacante tras la salida de Daniel Rodríguez Collazo, a quien se le retiró la confianza para continuar tres años más en el cargo. Anteriormente, Ortiz Quiñones fue representante del Partido Popular Democrático entre 2001 y 2008.
El capital de COSSEC es de alrededor de $240 millones. El menoscabo de las inversiones de las cooperativas supera los $500 millones. Está claro que la transacción sería el final de COSSEC. Si el Gobierno está detrás de esta transacción debería explicar por qué quiere salvar a las cooperativas, dándoles un tratamiento diferente que al resto de los bonistas.
Las cooperativas ya protagonizaron otra controversia con la aprobación de la Ley 220 del 15 de diciembre de 2015, que estableció para las cooperativas requerimientos contables distintos a los principios de contabilidad generalmente aceptados (“GAAP”, por sus siglas en inglés), particularmente, en la presentación de lo que la propia ley denomina como “Inversiones Especiales” (inversiones en bonos e instrumentos del Gobierno de Puerto Rico). El Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico (CCPA) se mostró en contra de la medida, que en palabras de algunos significaba un “maquillaje” de los libros de las cooperativas, para que no reflejaran las pérdidas de las inversiones en bonos. Sin embargo, esa ley no fue suficiente y ahora las cooperativas necesitan que COSSEC les compre esas inversiones. Nuevamente el Gobierno busca favorecer a las cooperativas, un sector que no paga contribuciones, pero que cuenta con alrededor de 1 millón de socios, que se traducen en votos.
¿Sabían en la Fortaleza que COSSEC buscaba que se aprobara la compra de los bonos a las cooperativas? ¿Lo conocía Víctor Suárez, director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, entidad encargada de la reestructuración de la deuda antes de la llegada de la Junta de Control Fiscal? ¿Qué tendrá que decir la Junta de Control Fiscal sobre una transacción que viola la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés)?
Si se da la transacción, lo que puede ocurrir en cualquier momento porque tienen mayoría de votos, llevaría a la quiebra a COSSEC, que no tiene capital suficiente. Los contribuyentes terminarían pagando por rescatar a las cooperativas, que no pagan contribuciones y tomaron una mala decisión de negocios al comprar deuda del Gobierno.
