Por Luisa García Pelatti
Para la mayoría de los conferenciantes del “Detroit Learning Exchange”*, la junta de control fiscal (“Emergency Financial Manager”) fue un ente antidemocrático e inconstitucional, que funcionó, desde marzo de 2013 a diciembre de 2014, como un gobierno dictatorial. La imposición de esa junta, dicen viola la esencia de la democracia al eliminar la representación en el gobierno local. Advierten que la junta tomará decisiones de forma rápida y que los puertorriqueños deben estar preparados para poder reaccionar a las decisiones que tome.
Los que así hablan son grupos de la sociedad civil, organizaciones comunitarias, periodistas y abogados, mientras que ex miembros de la junta y funcionarios del gobierno de la ciudad defendieron los resultados que llevaron a la recuperación de las finanzas de la ciudad.
La creación de esa junta ha tenido implicaciones que van más allá de la situación financiera. Para los representantes de las comunidades, la raíz del problema está en el discrimen racial que sufren la ciudad, habitada mayoritariamente por afroamericanos. El gobierno del estado de Michigan no invirtió de forma adecuada en Detroit y el gobierno corrupto de la ciudad ayudó a crear la crisis fiscal. Las decisiones del junta mostraron un total desprecio por el bienestar y la salud de los habitantes pobres de la ciudad, que se manifestó especialmente en la crisis del agua (el gobierno de la ciudad realizó recortes masivos del suministro de agua a los habitantes que no podían pagarla). Para la gente de Detroit la junta fue una forma de insultarlos: eran corruptos incapaces de gobernarse a sí mismos.
La situación de Detroit y de Puerto Rico tiene algunos paralelismos: “Los puertorriqueños somos un grupo de desalmados incompetentes que no pueden cuidarse a sí mismos”, decía el juez del Apelativo federal, Juan R. Torruellas, al criticar la imposición de la junta de control fiscal el pasado 10 de septiembre en un discurso durante la Convención del Colegio de Abogados; pero también algunas diferencias muy claras. Puerto Rico no es una ciudad, la población es cinco veces mayor y la deuda supera a los $18,000 millones de Detroit. Y si en Detroit el discrimen racial tiene un papel protagónico, en Puerto Rico el asunto se centra en la situación colonial de la Isla, como ha señalado Torruellas.
“La imposición de esa junta representa el acto más denigrante, despectivo y colonial que se haya visto” y considera irrelevante la celebración de elecciones en noviembre. La junta es una agencia de cobro para pagarle a los bonistas, dijo el juez, que opina que la ley Promesa es un golpe de estado a la democracia en Puerto Rico.
En Detroit, explicaron que es difícil encontrar alguien que no estuviera en contra de la junta. En Puerto Rico, la ciudadanía, decepcionada con los gobernantes, prefieren creer que la junta resolverá sus problemas. “¿Cómo es posible que aceptemos dócil y servilmente que se nos trate de esta forma?”, se cuestionaba Torruellas, que propone organizar una resistencia civil pacífica.
En Detroit, las decisiones de la junta se produjeron con tal celeridad que no tuvieron tiempo de reaccionar. Por eso advierten a los puertorriqueños. “¡Prepárense!”
- El Puerto Rico Debt Crisis Convening: Detroit Learning Exchange es una actividad organizada por Open Places Initiative, de Open Society Foundation, y Espacios Abiertos.
- Open Society Foundation cubrió los gastos de traslado, alojamiento y comida de esta periodistas durante la actividad.
