Por Luisa García Pelatti
Los últimos desarrollos en el Instituto de Estadísticas hacen temer que se produzca un retroceso en el acceso y la publicación de los datos que generan las diferentes agencias del Gobierno. Uno de los objetivos de la creación del Instituto, reducir la injerencia del Gobierno en la elaboración y publicación de estadísticas, parece estar en riesgo.
Los problemas legales del director ejecutivo, Mario Marazzi Santiago, han servido de detonate en la crisis. El catalizador ha sido la sustitución de miembros de la Junta de Directores con doctorados en estadísticas, finanzas y demografía por cargos políticos con escasa cualificación para cubrir los puestos que estaban vencidos. Se habla incluso de que algunos nombramientos podría ser ilegales y vulnerarían los reglamentos del Instituto.
La toma politización del Instituto es un acto vergonzoso. El gobierno debe mostrar su compromiso con la transparencia de las estadísticas y la independencia del Instituto nombrando a profesionales expertos en la materia y con independencia de criterio, en vez de utilizar las estadísticas como balón político.
El Instituto fue creado en el 2007 y Marazzi Santiago, con un nombramiento vigente por 10 años, ha cohabitado con cuatro gobernadores. El gobierno de Ricardo Rosselló intentó, sin éxito, aprovechar el vencimiento de su nombramiento, en julio del año pasado, para destituirlo. Ahora se produce un nuevo intento.
Marazzi tiene derecho a la presunción de inocencia. La Junta de Directores se ha dado mucha prisa por solicitarle la renuncia, a pesar de que Marazzi se separó voluntariamente de sus funciones en el Instituto para apelar una orden de protección presentada en su contra.
