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Por redacción de Sin Comillas

El Secretario de Hacienda, Juan Zaragoza Gómez, informó  que hoy se llevó a cabo otro operativo de embargos en cuatro localidades que cometieron violaciones al Código de Rentas Internas, que le adeudan aproximadamente un millón de dólares a la agencia.  

“En este operativo, en el que participaron Técnicos en Contribuciones, Agentes de Rentas Internas y Agentes de Evasión   intervinimos a cuatro comercios  que incumplieron con la obligación de remitir dinero al  Departamento de Hacienda que tenían en carácter fiduciario, incluyendo retenciones del Impuesto de Ventas y Uso (IVU), contribución sobre ingreso, contribución patronal,  además de cheques devueltos”, señaló Zaragoza.

Los comercios incluyeron tres establecimientos de comida rápida localizados en los municipios de Caguas y Humacao, que tiene una deuda de sobre $500,000 por no remitir su contribución sobre ingreso ni pagos de IVU principalmente; y un reconocido restaurante ubicado en la placita de Santurce que adeuda aproximadamente sobre $450,000 en retenciones patronales, contribución sobre ingreso, cheques devueltos y pagos de IVU.

“Anteriormente he señalado que estamos efectuando diversas gestiones de cobro de deuda, que aunque el Código de Rentas Internas las provee, no necesariamente se han utilizado en el pasado”,  dijo.  Por otro lado,  señaló que han comenzado la revocación de  licencias de bebidas alcohólicas a comerciantes que no cumplen  con alguno de los requisitos dispuestos por la ley.

“Como parte de las normas establecidas para la concesión de licencias de bebidas alcohólicas, se requiere que el comerciante que la solicita o posee cumpla con todas sus obligaciones impuestas por el Código de Rentas Internas”, añadió.

El Departamento, como parte de esta iniciativa, revocó la licencia por el expendio de bebidas al detal al restaurante en Santurce y a un restaurante ubicado en el Viejo San Juan.  En el caso de este último, iba a ser embargado hoy, pero radicó quiebra.

Los embargos y cierres de localidades tienen carácter preventivo y se efectúan con el propósito de garantizar el cobro de la deuda. Transcurridos 30 días a partir de la fecha de notificación, el embargo será ejecutado si no se ha cancelado la deuda en su totalidad, ya sea mediante pago o con evidencia de haber realizado el mismo.  Después de dicho periodo, la propiedad embargada o parte de ella, será vendida en pública subasta tan pronto sea posible, sin más avisos.