Por redacción de Sin Comillas
La demanda incoada por la presidenta de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, Sandra Torres, y la miembro asociado, Gloria Escudero, contra la comisionada Nixyvette Santini Hernández, podría ser la prueba de la existencia de un desbalance de poderes en dicho organismo, asegura Jorge Hernández, Vicepresidente y Principal Oficial Financiero de OneLink Communications.
“Cuando fueron a pasar juicio sobre el nombramiento de Gloria Escudero la inmensa mayoría de la industria de telecomunicaciones alertó al Senado sobre esto que está pasando en las vistas de confirmación. Meses después ya tenemos el primer caso sin precedentes ante la JRT”, dijo Hernández.
En las vistas de confirmación de Escudero, miembros de la industria plantearon que el balance de poderes que había existido durante los pasados 15 años se pondría en peligro a favor de la Puerto Rico Telephone Company, porque Escudero trabajó en dicha compañía por aproximadamente 30 años. La actual presidenta de la JRT, Sandra Torres, laboró en la PRTC antes de ocupar el cargo.
En la demanda contra Santini, Torres y Escudero le pidieron al Tribunal de Primera Instancia, sala de San Juan, que conceda un interdicto preliminar y permanente para evitar que Santini o cualquier funcionario de la agencia pueda divulgar cualquier información protegida por la confidencialidad y reglas de privilegio de abogado-cliente. Esto se basa en que Santini alegadamente ha divulgado dicha información en sus opiniones disidentes.
“Sin entrar en los méritos de esta demanda, sí nosotros podemos indicar que la comisionada Santini ha señalado serias irregularidades en el proceso de reconsideración y en la remoción de las salvaguardas establecidas en la primera orden y resolución que había emitido la Junta, que al final del día eran protecciones para los consumidores”, indicó Hernández.
OneLink Communications ha denunciado que la Resolución y Orden que emitió la JRT, sobre la evaluación para otorgar una franquicia para operar una licencia de Cable TV utilizando “Internet Protocol TV”, (IPTV) a la PRTC-Claro, revela un patrón de ilegalidades por parte de dicha empresa, incluyendo construcciones de la red sin permisos de ley, subsidios cruzados, entre otras irregularidades.
La Primera resolución y orden emitida por la JRT, que después fue enmendada una vez entró la nueva comisionada asociado Escudero, señalaba que PRTC-Claro construyó su red IPTV ilegalmente conforme habían denunciado los proveedores de cable OneLink y Choice Cable.
