Por Redacción de Sin Comillas
La Oficina del Inspector General de Puerto Rico (OIG) descubrió posibles irregularidades con más de 7.8 millones en fondos cuestionados relacionados con ganancias obtenidas por un contratista que administra el Programa de Asistencia para la Renta por COVID-19 de la Administración de Vivienda Pública (AVP).
Según la investigación, la AVP contrató en 2021 los servicios de una compañía privada como para la implementación y administración del programa de asistencia de renta, financiado 100% con fondos federales. Este contratista, a su vez, subcontrató los servicios de otras compañías para que llevara a cabo los trabajos.
El contratista principal cobró entre un 36% y un 52% de margen de ganancia sobre el costo por hora del personal de uno de sus subcontratistas, lo que resultó en ganancias de aproximadamente $7.8 millones en dos de los contratos. No se estableció en los contratos que se hubiese negociado una disposición sobre un margen de ganancia para el contratista por los servicios rendidos por los subcontratistas. El margen de ganancia representó para el contratista una cifra millonaria por encima del costo de los servicios pagados en dos de los contratos evaluados.
Por otro lado, la investigación determinó que la AVP no supervisó cabalmente las funciones delegadas a sus contratistas y subcontratistas. Esta falta de supervisión resultó en posibles errores y fraudes que no fueron gestionados de manera efectiva.
Específicamente, se analizaron 90 casos aprobados bajo el Programa de Asistencia para la Renta por COVID-19, de los cual se habían identificado 6 casos como problemáticos. Entre estos identificaron posibles casos de fraude por un total de $85,904. A la fecha de evaluación, solo se habían recuperado $15,050 de los fondos fraudulentos, lo que representa apenas el 18% del total identificado.
El análisis también reflejó la existencia de 878 casos de fraude confirmados, totalizando aproximadamente $2.75 millones, sin que estos hayan sido referidos o realizados las gestiones correspondientes para la recuperación de fondos.
La AVP respondió a la OIG que “continúa trabajando activamente con los casos de fraude, ya que el Programa no ha culminado. La dirección postal para la devolución de los fondos estaba a nombre del Programa, no del Contratista. Según la AVP, la reglamentación no exige una fecha específica para el referido de los casos de recobro a las agencias concernidas y la AVP a la fecha se encuentra agotando el proceso administrativo interno de recobro”.
Durante el examen, también se encontró que la AVP no devolvió un sobrante de $1.2 millones al Gobierno Federal. Los fondos no utilizados deben ser reembolsados al Departamento del Tesoro, pero los estados de cuenta bancaria no reflejan dicha devolución. Durante el periodo de Examen la AVP informó que el sobrante de ERAP fue reembolsado al Departamento de Hacienda de Puerto Rico.
El examen también reveló que la AVP está incumpliendo las directrices del “Puerto Rico Innovation and Technology Service” (PRITS), que promueven la eficiencia gubernamental y la protección de la privacidad. PRITS requiere que la información permanezca bajo custodia del Gobierno. Sin embargo, la AVP no ha desarrollado un plan de migración para trasladar la información del Programa a la infraestructura tecnológica gubernamental.
