José García. (Foto suministrada)

Opinión

Por José García López*

La situación crítica en que se encuentra el sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica en el País requiere acción inmediata de la presente administración de gobierno. El más reciente apagón que se extendió por más de setenta y dos horas fue el último episodio de la novela dantesca que nos tiene acostumbrado la empresa privatizadora LUMA. Con este último ya son un total de 14 apagones registrados desde que LUMA comenzó operaciones.

Si bien todos reconocemos las condiciones detrimentales en que se encontraba las subestaciones bajo AEE al ser transferida a LUMA hace más de nueve meses, entiendo de que es hora de que esta empresa demuestre un mejor desempeño operacional y técnico. La información que se ha divulgado por los principales medios del País nos indica que LUMA no está siendo efectiva cumpliendo con las métricas establecidas en el contrato y menos con los estándares de la industria a nivel nacional

LUMA tiene un contrato de 15 años con el Gobierno de Puerto Rico con una cuota de $ 70 – $105 millones en los primeros años y de $1,625 millones en todo el periodo (más cuota de incentivos de $309 millones). Además, tendrá acceso a más de $3,900 millones en fondos FEMA para reconstruir toda la red eléctrica existente. Por tanto, el problema no es uno de orden económico o de falta de recursos como antes tenía la AEE, sino es uno de un pobre y deficiente desempeño operacional.

Toda esta lamentable experiencia no es nueva con las empresas privatizadoras de nuestras utilidades. La vivimos en el año 2002 al continuar la privatización de las operaciones de la Autoridad de Acueductos Alcantarillados (AAA) y ser transferidos a la empresa Ondeo.

¿Qué pasó con Ondeo?

Ondeo de Puerto Rico era una empresa francesa (Suez). En mayo del 2002 el Gobierno de Puerto Rico firmó un contrato con Ondeo para que corriera las operaciones de la AAA por un periodo de 10 años a un costo de $4,000 millones. Luego de siete meses de operaciones las ejecutorias de Ondeo no fueron efectivas; lo que hizo que la gobernadora Sila M Calderón designara al CPA Juan Agosto Alicea, ex presidente del Banco Gubernamental de Fomento junto a un equipo trabajo para que evaluara el contrato. Fue posterior a esta intervención del agente fiscal (BGF) que se rescindió el contrato con Ondeo y la AAA retomó las operaciones hasta el sol de hoy. Gracias a esta determinación y voluntad del ejecutivo, se pudo salvar nuestra infraestructura de acueductos y alcantarillados.

¿Qué acciones inmediatas debemos tomar?

Sugiero que al igual que se hizo efectivamente en el pasado con la AAA, se ponga sobre la mesa inmediatamente este contrato y se revisen cada una de sus cláusulas contractuales acordadas. Todo este proceso requiere un análisis de costo-beneficio, el cual contemple las alternativas presentes y futuras. Sabemos que los costos directos relacionados con las penalidades de prescindir el mismo podrían ser exorbitantes. Sin embargo, mayor será el costo de oportunidad o sacrificio que tendría el País de continuar sufriendo más apagones, las pérdidas materiales en los hogares, vidas humanas en riesgos, hospitales sin servicios, la baja productividad en la empresa privada y otros. Además, las consecuencias negativas que tiene el tener nuestro sistema eléctrico en estado permanente de emergencia es que se afecta el clima de inversión que requiere el proceso de reconstrucción.

No esperemos más y tengamos la voluntad, firmeza como la fiducia pública para dar ese primer paso antes sea muy tarde para lamentarnos.

  • El autor es profesor adjunto de economía en el Departamento de Economía de la Universidad de Puerto Rico