Sergio Marxuach, director de política pública del CNE. (Foto: Sin Comillas)
Los recortes a la UPR son desproporcionados
Los pagos de las pensiones serán la mayor partida de gastos durante 10 años
Las Reformas estructurales no generarán el crecimiento económico que se necesita
El Plan de Ajuste disminuye la deuda un 48%
Los fondos de Medicaid no son una solución a largo plazo
Por redacción de Sin Comillas
“Por desgracia para Puerto Rico, recientemente hemos visto a un grupo de ‘líderes’ políticos demostrar que no han aprendido ni olvidado nada desde que el gobernador de Puerto Rico declaró nuestra deuda pública como ‘impagable’ en 2015. Tras siete años de impago, quiebra, legislación federal que despojó a Puerto Rico de su capacidad para desarrollar e implementar una política fiscal, la imposición de una Junta no elegida y un prolongado proceso supervisado por los tribunales para reestructurar la deuda de Puerto Rico, un grupo de personas responsables por formular política pública actúa como si no hubiera aprendido nada de esa experiencia”, comentó Sergio Marxuach, director de política pública del Centro para una Nueva Economía (CNE), en un análisis de varios de los componentes del Plan Fiscal del 2022 publicado en CNE Review.
Destaca que en la Legislatura hemos visto el regreso de los “barriles de tocino”, el uso de fondos no recurrentes para cubrir gastos recurrentes y la reasignación de fondos destinados al plan de salud público basados en la premisa errónea de que la Administración Biden ha ideado una solución permanente a largo plazo para financiar el programa Medicaid de Puerto Rico. “Está claro que no han aprendido ni olvidado nada”.
Por su parte, en el gobierno ejecutivo se usan trucos fiscales para financiar un aumento salarial de $1,000 al mes para los maestros de las escuelas públicas. “Para que quede claro, no nos oponemos a que se aumenten los salarios a los maestros de las escuelas públicas. De hecho, el Plan Fiscal para el año fiscal 2022 incluye el financiamiento de un aumento mensual permanente de $470 al mes (en dos fases). A lo que nos oponemos, porque simplemente es una mala práctica, es a utilizar fondos no recurrentes de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense (ARPA, por sus siglas en inglés) para aumentarles el salario a $1,000 al mes durante sólo dos años. ¿Qué pasará entonces en 2024? De nuevo, no se ha aprendido nada, no se ha olvidado nada”.
Marxuach lanza una advertencia. Los políticos dirán que “esta vez es diferente”. “Lo peor que podemos hacer cuando empezamos a salir de la bancarrota y comienzan seriamente los esfuerzos de reconstrucción de los daños causados por los huracanes, es volver a las costumbres del pasado, las costumbres de los traqueteos contables, los presupuestos engañosos y las proyecciones de crecimiento económico e ingresos poco realistas, porque ‘esta vez es diferente’. Nunca lo es”.
La Junta de Control Fiscal certificó el 27 de enero el Plan Fiscal y lo adaptó a las condiciones del Plan de Ajuste de la Deuda, confirmado por la jueza Laura Taylor Swain el 18 de enero de 2022. Se estima que los superávits no restringidos previstos al final de los próximos cinco años fiscales promediarán $190 millones al año, lo que significa que el gobierno de Puerto Rico tiene muy poco margen de maniobra si los ingresos resultan ser sustancialmente inferiores a las expectativas, los gastos superan significativamente la cantidad presupuestada, o se produce una combinación de menores ingresos y mayores gastos, dice Marxuach.
Los recortes a la UPR son desproporcionados
“Tal vez ninguna otra agencia gubernamental ha sufrido tantos recortes en su presupuesto como la Universidad de Puerto Rico (UPR). La asignación del Fondo General a la UPR se ha reducido por $445 millones, o 48%”, señala Marxuach. Dice que “es difícil entender” por qué la Junta de Control Fiscal decidió reducir de forma “masiva” la asignación del Fondo General para la institución de educación superior más importante de Puerto Rico.
Aunque algunos justifican ese recorte por la reducción en el número de estudiantes, el análisis desmonta ese argumento. Según los datos publicados por la UPR, la matrícula estudiantil ha disminuido de 46,325 durante el año fiscal 2017 a 35,623 durante el año fiscal 2022, una reducción de 23%. “Por lo tanto, la reducción del 48% en las asignaciones del Fondo General es completamente desproporcionada con respecto a la disminución de la matrícula”.
“Si la Junta realmente quiere mejorar el capital humano de Puerto Rico como base del crecimiento económico para el futuro, entonces el desmantelamiento de la UPR es totalmente contraproducente. Por lo tanto, recomendamos que, si los ahorros proyectados en la aportación local a la operación del programa de Medicaid se hacen realidad, que al menos una parte de los fondos que queden disponibles se asignen a la Universidad de Puerto Rico”.
Los pagos de las pensiones serán la mayor partida de gastos
El Plan Fiscal se ha modificado para reflejar ciertas reformas realizadas en los planes de retiro. Los costos totales de las pensiones (PayGo más los depósitos del fideicomiso) entre los años fiscales 2022 y 2031 tendrán un promedio de más de $3,000 millones al año. Esto significa que los pagos relacionados con las pensiones serán la mayor partida de gastos durante ese periodo de 10 años.
“Para que quede claro, no estamos defendiendo la reducción de las pensiones. Sin embargo, queremos destacar que estos $3,000 millones anuales son el costo que estamos pagando ahora debido a décadas de mala administración, por los muchos años que los organismos gubernamentales no hicieron las contribuciones requeridas para las pensiones y por las múltiples veces que el gobierno central ‘tomó prestado’ del fondo de pensiones y nunca devolvió el ‘préstamo’”, dice Marxuach.
Las Reformas estructurales no generarán el crecimiento económico necesario
El Plan Fiscal incorpora los efectos de las reformas estructurales en las áreas de (1) capital humano y beneficios sociales, (2) educación K-12, (3) facilidad para hacer negocios, (4) el sector de la energía y (5) la infraestructura. Sin embargo, dice Marxuach, las reformas estructurales favorecidas por la Junta son cuestiones de segundo orden y no generarán el crecimiento económico que Puerto Rico necesita, tanto para aumentar la calidad de vida de su población como para pagar su deuda reestructurada, a menos que se inserten o enmarquen en una estrategia o visión económica más amplia.
Un significativo alivio de la deuda
El Plan de Ajuste disminuye las obligaciones del gobierno aproximadamente un 48%, sin tener en cuenta las posibles recuperaciones a través del pago de los Instrumentos de Valor Contingente (IVC). El alivio total de la deuda, por tanto, es significativo pero no tan alto como afirma la Junta, ni tan bajo o trivial como alegan los detractores del plan, afirma el análisis.
Y lo que es más importante, desde el punto de vista del presupuesto anual, el Plan de Ajuste reduce considerablemente el servicio de la deuda del gobierno, que pasa de un promedio anual anterior a PROMESA de $1,330 millones a un promedio anual luego de la reestructuración de $666 millones. El servicio total de la deuda de GO/COFINA nunca superará los $1,150 millones, es decir, aproximadamente el 1.6% del Producto Nacional Bruto (PNB) del año fiscal 2021, durante los próximos 30 años. El Plan Fiscal 2022 “no prevé que el gobierno de Puerto Rico se endeude por ningún motivo en los próximos cinco años”, dice el informe.
Los fondos de Medicaid no son una solución a largo plazo
En septiembre de 2021, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés) emitieron una interpretación de la disposición del límite de financiamiento de Medicaid para Puerto Rico que, entre otras cosas, aumentó el límite asignado para el año fiscal 2022 a $2,943 millones.
La Junta considera que la interpretación administrativa de los CMS es una “solución a largo plazo para el financiamiento de Medicaid para Puerto Rico”. Pero Marxuach no está de acuerdo. Estas son las razones:
- La carta de los CMS no es una orden administrativa vinculante, una norma o un reglamento., ni una ley. Por lo tanto, esta política podría ser revertida o retirada en cualquier momento.
- La interpretación administrativa no modifica, ni puede modificar, el Porcentaje de Asistencia Médica Federal (55% FMAP, por sus siglas en inglés), lo que podría dar lugar a que el gobierno tuviera que recortar los beneficios o reducir otros gastos para pagar el programa Medicaid si se revoca la interpretación de los CMS.
“La reducción de la cantidad que debe presupuestar Puerto Rico para Medicaid ha ‘liberado’ aproximadamente $800 millones que han permitido a la asamblea legislativa volver a sus antiguos derroches. En nuestra opinión, esos fondos podrían haberse aprovechado mejor creando un fondo de estabilización presupuestaria o restaurando, al menos parcialmente, la asignación del Fondo General para la Universidad de Puerto Rico”, afirma la publicación.
El CNE Review es una publicación mensual del Centro para una Nueva Economía (CNE) que analiza en profundidad asuntos de política pública y su impacto en las personas.
