Héctor Mayol, administrador del Sistema de Retiro.

Por Luisa García Pelatti

El gobierno no estaría contemplando tomar nuevas medidas para solucionar el déficit actuarial del Sistema de Retiro de Empleados del Gobierno en lo que resta del año. Héctor M. Mayol Kauffmann,administrador de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura, hizo una presentación de la grave situación deficitaria del Sistema de Retiro, durante su participación como orador en una actividad organizada por el Capítulo Alumni FAE de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico. Pero no planteó que a corto plazo se vayan a presentar soluciones adicionales.

El Sistema de Retiro de Empleados del Gobierno tiene un déficit actuarial de $25,000 millones –que es 7 veces el presupuesto–, lo que significa que el gobierno podría quedarse sin dinero para pagar las pensiones en el 2022. Recordemos que el Gobierno ya aprobó en hace unos meses dos medidas: aumento en la aportación del Gobierno y la inyección de $162 millones; que le han dado agregado algunos años de vida al Sistema.

En agosto, Moody’s redujo la clasificación de la deuda del Gobierno a Baa1 con perspectiva negativa debido la situación fiscal de los sistemas de retiro. Moody’s dijo en ese momento que las reformas necesarias en los sistemas de retiro pueden complicar las dificultades económicas y fiscales de cara a los próximos años. La perspectiva negativa significa que Moody’s podría volver a reducir la clasificación de la deuda si no se toman medidas para reducir el déficit del Sistema, que tiene solamente 8 centavos por cada dólar que tendrá que pagar en beneficios.

Desde mediados de agosto, el Gobierno ha llevado a cabo, al menos, cuatro reuniones con legisladores de los dos partidos para discutir posibles alternativas para solucionas la crisis el Sistema, pero al final de cada una de las reuniones los legisladores pedían más tiempo para analizar el impacto de las alternativas bajo estudio. Un aumento en las aportaciones de los empleados y una reducción de los beneficios de los nuevos empleados, son algunas medidas que habrían estado bajo estudio. La cercanía de las elecciones podría postergar ahora la toma de una decisión claramente negativa de cara a las elecciones.

A mediados de agosto se llevó a cabo una primera reunión, al término de la cual los legisladores pidieron 10 días para analizar el impacto económico de una docena de recomendaciones contenidas en el Informe de la Comisión Especial para los Sistemas de Retiro. Diez días después volvieron a reunirse y solicitaron dos semanas más para anunciar esas posibles medidas. El 27 de septiembre se produjo una tercera reunión, y aún hubo una cuarta, esta vez sin presencia de medios de comunicación.

La Ley 116 del 2011 aumentó la aportación patronal –gobierno estatal, municipios y corporaciones– del actual 9.3% a 20.3% 2021. Las aportaciones aumentarán 1% los primeros cinco años, 1.25% los cinco siguientes hasta haber alcanzado un alza de 20% en el 2021. Se trata de $51 millones más en el 2012 y de $600 millones adicionales hasta el 2021. Además, se hizo una inversión especial de $165 millones. El gobierno ha destacado que con la aprobación de estas dos medidas “se extienda la vida” del Sistema del 2014 al 2022.