Juan Carlos García Padilla (izq.), alcalde de Coamo; Luis Javier Hernández, presidente de la Asoc. de Alcaldes; y Karilyn Bonilla Colón, alcaldesa de Salinas. (Foto suministrada)

Por redacción de Sin Comillas

Recuperar el poder de los municipios en el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), hacerlo más eficiente, decretar una amnistía para el pago de deudas y lograr convencer a la Junta de Control Fiscal que el Fondo de Equiparación no es un subsidio son algunos de los temas discutidos por la Asociación de Alcaldes durante la presentación de un estudio realizado por el Comité de Estabilidad Fiscal.

“El Fondo de Equiparamiento para los municipios no es un subsidio, sino un mecanismo donde el Gobierno Central compensa los daños y perjuicios causados a las finanzas municipales al conceder exoneraciones de manera arbitraria sin la consulta y autorización municipal”, explicó Luis Javier Hernández Ortiz, presidente de la Asociación de Alcaldes.

El Plan Fiscal, aprobado por la Junta de Control Fiscal, contempla la eliminación paulatina del Fondo de Equiparación, que se nutre de contribuciones no cobradas por los municipios, como la aportación básica exonerada, el 35% de los ingresos netos de Lotería Tradicional y el 2.5% de rentas internas netas del fondo general, así como el 2% de los recaudos de las multas de infracción de vehículos de tránsito y 0.20% de la contribución no cobrada por las exoneraciones residenciales solicitadas.

“Como base de la estructura de financiamiento municipal, el Fondo de Equiparación para los municipios no debió ser eliminado ni modificado por el Gobierno Central y la Junta de Control Fiscal sin las debidas enmiendas de ley y sin el necesario estudio integral sobre los costos que significarán para los municipios, principalmente los pequeños y medianos”, añadió Hernández Ortiz.

La Junta de Control Fiscal habría mostrado su disposición a llegar a un acuerdo y evitar la eliminación del Fondo de Equiparación.

Según el análisis presentado por el Comité de Estabilidad Fiscal tanto en Estados Unidos como en la mayoría de los países del mundo, los municipios se financian mediante las contribuciones y tasas propias, pero también con las aportaciones del Gobierno Central mediante la participación de una parte de las contribuciones o tasas que recauda el Estado y que suelen distribuirse a base de población o mediante un fondo que el Estado crea y distribuye a los municipios.

El 46% de los ingresos de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) se invierte en los municipios de San Juan y Bayamón; la Administración de Tribunales (AT) distribuye el 23% de sus ingresos a San Juan, Bayamón, Guaynabo y Carolina; el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) entrega el 20% de sus ingresos a Bayamón; la Autoridad de Desperdicios Sólidos (ADS) envía el 37% a San Juan, Bayamón, Guaynabo, Carolina y Trujillo Alto; y la Administración de Servicios de Salud Mental y contra la Adicción (ASSMCA) transfiere el 95% de sus ingresos a San Juan, Bayamón y Trujillo Alto. “Por eso es que se requiere de un Fondo de Equiparación que contrarreste la inequidad”, explicó Hernández Ortiz.

Por otro lado, el estudio recomienda evaluar una posible enmienda a la constitución de la Junta del CRIM para poner fin a la representación del Gobierno Ejecutivo, así como evaluar la estructura operacional y establecer métricas reales. Además, se deben revisar los Reglamentos para atemperarlos al nuevo Código Municipal y tomar medidas para enfrentar el volumen de la morosidad. Otras de las recomendaciones es aumentar la base contributiva, retasando propiedades actuales y tasar las nuevas propiedades, así como afianzar los poderes de los municipios y regiones para cobrar y tasar de manera efectiva.

El grupo de trabajo también señaló la importancia de evaluar la eficiencia municipal mediante la creación de consorcios y fomento de la descentralización. “Aunque el Gobernador habló de descentralización y de que los municipios asuman ciertas responsabilidades que ahora realiza el Gobierno Central, es necesario hablar de la descentralización fiscal o cómo los municipios reciben ingresos para realizar las responsabilidades que actualmente están delegadas y las que pueden y deben realizar”, añadió el presidente de la Asociación.

La Asociación de Alcaldes quiere impulsar legislación sobre varios temas:

  • Abolir la facultad del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) sobre contribuciones municipales y que los municipios negocien sus tasas.
  • Que todas las corporaciones públicas paguen contribuciones sobre la propiedad mueble e inmueble.
  • Cobro uso servidumbre de paso a las corporaciones públicas, Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Por ejemplo, si se elimina la Contribución en Lugar de Impuestos (CELI), entonces los municipios cobrarían servidumbres de paso a la AEE y a la AAA.
  • Se debe destinar una porción del “room tax” al municipio donde se cobre el impuesto.
  • Se debe destinar porción del impuesto de las tragamonedas y lotería electrónica a los municipios donde se registre la venta.
  • Investigar el estatus del fondo de redención del 1.03% desde que se dejó de pagar la deuda. Que se elimine la obligación de aportar $124M millones anuales.
  • Eliminación de la responsabilidad de Administración de Seguros de Salud (ASES) para el año fiscal 2021-2026, a ser sufragado con una asignación congresional.
  • Establecer un “Fee” municipal al marbete que emite DTOP.

“Sostenemos que en Puerto Rico se debe trabajar hacia una autonomía municipal financiera, política y legal del gobierno central, pues uno de los grandes problemas que enfrentamos los municipios es que no están claramente delimitadas las responsabilidades municipales y que, debido a la falta de capacidad del gobierno estatal para actuar a nivel local, los municipios asumieron las responsabilidades en tiempos de crisis como los huracanes Irma y María 2017, los sismos 2019 y 2020, el COVID 2020-21”, comentó Hernández Ortiz.

En el estudio participaron Jorge Márquez, exalcalde de Maunabo y exmiembro de la Junta del CRIM; Carlos Santini, exdirector de la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM); Francisco Amill; Heriberto Martínez, expresidente de la Asociación de Economistas; y Luis García Pelatti, economista y expresidente de la Junta de Planificación.