Por redacción de Sin Comillas
la Red de Cumplimiento contra Crímenes Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), una oficina del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ha impuesto una multa de $15 millones a Bancrédito International Bank & Trust Corp. por violaciones a la Ley de Secreto Bancario (BSA). Es la primera acción de cumplimiento de FinCEN contra una Entidad Bancaria Internacional en Puerto Rico, e incluye la primera violación por no implementar y mantener un programa contra el lavado de dinero.
“Bancrédito procesó millones de dólares en transacciones sospechosas a través de Estados Unidos en nombre de clientes de alto riesgo, proporcionando cuentas en instituciones financieras extranjeras sin la debida diligencia y los informes requeridos por la BSA”, explicó Andrea Gacki, directora de FinCEN.
Bancrédito admitió haber violado intencionalmente la BSA entre octubre de 2015 y mayo de 2022, al no informar oportunamente transacciones sospechosas a FinCEN; no establecer un programa de debida diligencia para cuentas corresponsales establecidas, mantenidas, administradas o manejadas en los Estados Unidos en favor de instituciones financieras extranjeras; y la violación al requerimiento de establecer y mantener un programa contra el lavado de dinero.
Según FinCEN, Bancrédito admitió haber violado intencionalmente la BSA en un sinnúmero de ocasiones entre octubre del 2015 y mayo del 2022, incluyendo la no radicación de Informes de Actividades Sospechosas (“SAR”) ante FinCEN; la ausencia de un programa de debida diligencia para cuentas corresponsales establecidas, mantenidas, administradas o manejadas en los Estados Unidos en favor de instituciones financieras extranjeras; y la violación al requerimiento de establecer y mantener un programa anti-lavado de dinero.
Bancrédito dijo que está “en total desacuerdo con la decisión” de FinCEN y añadió que “no ha tenido ninguna participación en esta decisión tomada unilateralmente y sin fundamentos adecuados por FinCEN y el Síndico Ryan Marín de Driven”, nombrado por OCIF. “El Síndico Marín NO cumplió con su deber fiduciario ante Bancrédito Holding Corporation. Si se hubiera seguido un proceso adecuado, FinCEN habría descubierto que sus conclusiones estaban equivocadas”, explicó la entidad en declaraciones escritas.
“Como evidencia de que se trató de una decisión de disparar primero, apuntar después, la acción de FinCEN es una multa excesiva y sin precedentes. Como ejemplo, la multa es inconsistente con comunicaciones previas con el banco. En la última examinación realizada del 2019 al 2021, la multa fue de $91,000. Una multa de $15 millones es 164 veces mayor de lo que el regulador y supervisor del banco habían determinado que era apropiado y evaluado”, añadió Bancrédito, que “tomará todas las acciones legales necesarias para señalar la acción injustificada y sin precedentes”.
Por su parte, la Comisionada de Instituciones Financieras de Puerto Rico (OCIF), Natalia I. Zequeira Díaz, le dio la bienvenida a la acción tomada por FinCen contra Bancrédito. Desde agosto de 2022, la OCIF anunció el comienzo del proceso de liquidación voluntaria de Bancrédito bajo la supervisión de un administrador independiente, que posteriormente se convirtió en síndico nombrado por OCIF.
“Los esfuerzos llevados a cabo por la OCIF en la supervisión y fiscalización de la banca internacional en Puerto Rico demuestran nuestro compromiso con el cumplimiento de nuestro deber de proteger contra daño irreparable la solidez y reputación del sistema financiero de Puerto Rico. No hay duda de que el trabajo que hemos realizado durante los pasados tres años envía un mensaje contundente de que la OCIF no va a permitir que ninguna entidad bancaria internacional que ostente una licencia otorgada por el Gobierno de Puerto Rico opere al margen de la ley o ignore los claros mandatos de los estatutos y reglamentos aplicables”, dijo la Comisionada.
“La desafortunada experiencia con Bancrédito pone de relieve la importancia de la pronta aprobación de la legislación que el Gobernador ha sometido a la Legislatura para enmendar la Ley 52-1989, conocida como la Ley Reguladora del Centro Bancario Internacional y la Ley 273-2012, conocida como la Ley Reguladora del Centro Financiero Internacional, respectivamente, a fin de robustecer la fiscalización de bancos y entidades financieras internacionales, mejorar la solidez de sus operaciones, proteger razonablemente a sus depositantes y atacar el lavado de dinero. Con ello fomentamos que las entidades bancarias y financieras internacionales que operen en Puerto Rico lo hagan de forma solvente, sólida, competitiva y responsable, de forma tal que contribuyan al crecimiento económico de la Isla para beneficio de todos los puertorriqueños”, añadió Zequeira.
Bancrédito era la EBI más antigua y una de las más grandes de Puerto Rico. Las EBI tenían un riesgo elevado de lavado de dinero, según determinó en la “Evaluación Nacional de Riesgo de Lavado de Dinero de 2022” del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
