Por Redacción de Sin Comillas
La Ley número 78-2024, que permite a los proveedores de servicios de salud del sector privado negociar colectivamente con los aseguradores de salud las tarifas por sus servicios y los términos de sus contratos, podría afectar adversamente la situación financiera del segmento de seguros de salud comerciales, advierte la Asociación de Productos de Medicaid y Medicare Advantage de Puerto Rico (MMAPA, por sus siglas en inglés), que agrupa a las principales organizaciones de Medicaid y Medicare Advantage.
La asociación señala, además, que la nueva ley “no es consistente con las regulaciones federales antimonopolísticas establecidas por la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés). Por ello, la medida pone en riesgo el acceso a servicios de salud de los beneficiarios de cubiertas a nivel privado y comercial”.
“El proyecto firmado por el Gobernador contiene claras incongruencias con el estado derecho antimonopolístico vigente, tanto a nivel local como federal. Por ejemplo, eliminó salvaguardas previamente establecidas en la Ley 203 de 2008, como la creación de un Junta Revisora de Tarifas de Planes Médicos y Seguros, sin proponer la creación de un ente regulador facultado para revisar, supervisar y aprobar las tarifas negociadas. Esta Junta Revisora de Tarifas estaría compuesta por el Secretario de Salud, un ciudadano con conocimiento en el área de salud pública nombrado por el Comisionado de Seguros, un representante de proveedores y un representante de organizaciones de servicios de salud o administradores terceros. La eliminación de esta Justa Revisora de Tarifas fue objetada por el Secretario de Justicia durante el proceso legislativo pero su preocupación no fue atendida”, señala MMAPA en declaraciones escritas.
Señalan, además, que la ley modificó los porcentajes de concentración permitidos, aumentando de un máximo de 20% por región a 40% a nivel Isla, “no sólo de la cantidad de proveedores para la especialidad o subespecialidad de servicio de salud correspondiente, pero también eliminó la regionalización de la isla establecidas por el Departamento de salud que permite evaluar la accesibilidad de proveedores de servicios de acuerdo con la densidad poblacional. Esto deja la puerta abierta a que el 100% de ciertas especialidades y subespecialidades puedan negociar como colectivo, en clara violación a las leyes antimonopolísticas. Cabe destacar que a pesar de haber solicitado la opinión de la FTC, la Asamblea Legislativa aprobó la medida sin haber recibido la misma”.
Destacan que el trámite legislativo no tomó en consideración el impacto económico que dicha medida tiene para el sector privado, al excluir a organizaciones profesionales como el Centro Unido de Detallistas, la Cámara de Comercio de Puerto Rico y la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos, quienes se verían directamente afectados por el aumento que dichas negociaciones puedan ocasionar por el efecto cascada que implica a las tarifas y a la prima de los planes de salud que le ofrecen a su matrícula.
“Estas organizaciones no tuvieron la oportunidad de ilustrar a la Asamblea Legislativa de como esta medida podría afectar la estabilidad financiera de cientos de empresas en la Isla, particularmente pequeños y medianos comercios por el aumento en costo de sus planes médicos. En resumen, esta legislación, lejos de beneficiar al sistema de salud, tiene la potencialidad de encarecer el costo de los servicios de salud para los beneficiarios del sector comercial, además del riego de violentar las leyes y regulaciones antimonopolísticas federales y estatales aplicables al sector de salud”.
