Por redacción de Sin Comillas
La Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA) anticipó que la puesta en vigor de la patente nacional tendrá un efecto “devastador para la industria de alimentos, para todos los consumidores y para la economía del país”. Se estima que la medida podría provocar el cierre de entre 13% y 20% de las empresas en el sector o entre 52 y 80 supermercados, con una reducción de empleos de entre 3,000 a 5,000 directos, provocando una inflación aproximada al 3.5%. Esto a su vez representa una reducción de entre $9,000 y $14,500 millones en contribuciones.
Ley 40 establece una “patente nacional” a través de una contribución mínima alterna, que en su aplicación impondrá una tasa efectiva promedio a la industria de supermercados de entre 80% y 130%, sin considerar otras contribuciones como el B2B, aumentos del agua, el costo de energía, la gasolina y la patente municipal, entre otros.
“Y es que el hecho de que sea una contribución por volumen de venta implica que el comercio puede estar obligado a pagar contribuciones, aun cuando no genere ganancias o, lo que es peor, que la propia patente puede poner al comercio en pérdidas. Más peligroso aún, el diseño de la nueva contribución afecta sólo a aquellas industrias y comercios con márgenes estrechos, como es el caso de la industria de alimentos, sin afectar a aquellas industrias y comercios con márgenes mayores al 5%. Esto es regresivo, injusto, arbitrario y discriminatorio ¿Imagínese usted que el estado le diga que tiene que pagarle 80% o 100% de lo que usted se ganó trabajando mientras su vecino sólo tiene que pagar 39%? ¿Qué usted haría? ¿Seguiría trabajando?”, preguntó Manuel Reyes Alfonso, vicepresidente de MIDA.
De acuerdo con el presidente de MIDA, doctor Ferdysac Márquez, imponer tan fuertes contribuciones a la cadena de abastos de alimentos provocará incrementos en el precio de los alimentos exacerbando la regresividad de los impuestos y potencialmente afectará el acceso a alimentos de los hogares con menores ingresos. Explicó que las familias de menos recursos, al igual que ocurre con los países, dedican una proporción mayor de su ingreso a alimentos y por ende pagarían proporcionalmente más contribuciones.
“Bajo esta realidad, la única forma en la que el comerciante puede mantenerse a flote es incrementando sus márgenes ya sea con aumentos en precios, reducción de gastos, una combinación de ambas o el cierre definitivo. Todas estas alternativas son nefastas para nuestra economía y para los consumidores. En la medida en que los alimentos no son discrecionales, los consumidores no tienen opciones para evitar los aumentos”, puntualizó Márquez.
Márquez, explicó que el otro peligro de este impuesto es que al no impactar a aquellos comercios con márgenes de ganancia mayores al 5%, posiblemente se esté beneficiando una vez más a las cadenas o tiendas por departamentos del exterior.
“Estas cadenas pueden recibir un crédito federal por el pago de estas contribuciones y, además, la mayoría no se dedica principalmente a la venta de alimentos por lo que sus márgenes en los otros productos le permiten diluir el impacto o incluso evitarlo completamente. Una posible tercera ventaja es que tienen la capacidad de traer productos directamente del exterior por lo que se ahorrarían en el IVU cobrado por los distribuidores”, sostuvo.
“Como bien alegó el Gobierno durante la aprobación de este estatuto, la opción de aumentar precios dependerá de la circunstancia competitiva en que se encuentre el comercio. Es decir, paradójicamente el gobierno cuenta con que la agria competencia en esta industria limitará la capacidad de los comercios de subir precios pero cargó los dados, a favor de las cadenas extranjeras exterior. Nuevamente, esto pone en desventaja a los comercios locales”, aseveró Márquez, agregando, que “a esto se unen ahora las ventajas relacionadas a la manera en que esto se ha implementado por lo que el resultado podría ser que las multinacionales no hagan los ajustes o esperen indefinidamente para hacer los mismos, sacando de carrera a quienes no tienen esa posibilidad”.
“El resultado es que aunque de primera instancia podría entenderse que los consumidores se benefician, en la medida en que los mercados se sigan consolidando y tengamos menos competencia, los consumidores tendrán que pagar el precio que éstas establezcan”, puntualizó Márquez.
Los empresarios hicieron énfasis en que no se trata de que el sector quiera evadir su responsabilidad, sino de que se ha cometido una gran injusticia con esta industria y con todo aquel comercio local que genere pocos márgenes.
También hicieron un llamado a los legisladores a no aprobar de manera “fast track” el P. de la C .1427 del ejecutivo y a poner racionalidad en la Ley Núm. 40. Solicitaron se consideren las enmiendas incluidas en otro proyecto, el P. de la C. 1430.
Finalmente, argumentaron que el proceso provisto por la Ley 40 como mecanismo para palear los efectos confiscatorios de esta medida es seguramente inconstitucional, carece de transparencia y se presta para trato arbitrario y discriminatorio. “Sólo en países dictatoriales se expone a los empresarios a la confiscación de sus ingresos y se le otorga facultad discrecional a un funcionario público para decidir quién paga y cuánto, por lo que no descartaron impugnarlo judicialmente” indicó Reyes Alfonso, al tiempo que exhortó a los legisladores a no ceder a semejante autoridad. En relación a la posible inconstitucionalidad del estatuto, el grupo no descartó acudir a los tribunales de ser necesario.
MIDA es una asociación comercial que representa a las empresas que conforman los diversos eslabones de la cadena de distribución de alimentos y otros productos relacionados que se mercadean por sus canales. Estas empresas son responsables de hacer llegar a los hogares de las familias los productos alimentarios y otros relacionados que se consumen en la Isla.
