La incertidumbre sobre los cambios al plan de jubilaciones había causado, hasta febrero de este año, un incremento de 53% en las solicitudes de retiro presentadas tras la aprobación de la ley PROMESA.

Por Centro de Periodismo Investigativo

Mayra Figueroa Franco tiene 60 años. Trabaja desde los 13. Casada y con dos hijos, decidió estudiar un bachillerato cuando tenía 40 años. Se graduó de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico (UPR) y comenzó a trabajar como secretaria ejecutiva en su alma mater. De eso, van 17 años. Hasta el próximo 30 de junio, el día en que se jubilará. “Yo no voy a esperar más, yo me quiero ir”, admitió.

La seguridad que despliega su voz refuerza la decisión que implican sus palabras. Una certeza que contrasta con el ambiente de incertidumbre que permea sobre los empleados que sienten la amenaza de los recortes inminentes que la Junta de Control Fiscal (JCF) impondrá sobre las pensiones del Sistema de Retiro UPR, el plan médico y la liquidación por días de vacaciones y enfermedad.

Aunque diversas administraciones del Gobierno de Puerto Rico llevan años reduciendo el presupuesto de la UPR, la JCF, amparada en la ley PROMESA, agudizó los recortes a la principal institución universitaria del país en octubre pasado con la aprobación unánime de un plan fiscal que recorta $541 millones en los próximos cinco años mediante reformas al sistema de pensiones, la consolidación de recintos, la congelación de plazas, la reducción de la aportación al plan médico y los aumentos escalonados en la matrícula, entre otras medidas.

“Pase lo que pase, salga como salga la cosa, yo me voy. Las cosas no están bien aquí. Prácticamente, yo hago tres plazas en una oficina. Encima de eso, las condiciones de trabajo, la salud… Cuando me estaciono en el parking, ya vengo como predispuesta, preguntándome qué me voy a encontrar, qué va a pasar. Cuando te ves en esa tensión… La paz mental mía cuenta mucho”, reflexionó.

Jubilación masiva de profesores

Con su recién tomada determinación de jubilarse, Figueroa Franco se suma a las 542 personas que han presentado la solicitud de acogerse a una pensión antes que finalice el presente año fiscal el próximo 30 de junio. Según el informe mensual no auditado que la renunciante directora ejecutiva de la Junta del Sistema de Retiro UPR, María del Carmen López, presentó al resto de miembros el pasado 22 de febrero, esa cifra provisional representa un aumento de más de una tercera parte (33%) si se compara con los 408 empleados de la UPR que pidieron retirarse en el año fiscal 2016-2017, cuando fue aprobada la Ley PROMESA que creó la Junta de Control Fiscal. A partir de ese año, las jubilaciones han continuado creciendo hasta alcanzar los números más altos en los últimos 10 años.

Solo en enero pasado, 208 empleados se sumaron a los 8,841 retirados de la principal institución educativa del país — un 81% más en comparación con el año pasado — motivados por la previsión de un recorte en los beneficios de su pensión y la intranquilidad de que no continúen con la actual cobertura del plan médico a partir del 1 de julio.

La expresidenta de la Junta del Sistema de Retiro, Diana Rivera Viera, atribuye el incremento en los meses de enero y julio en concreto a que los profesores de la UPR pueden jubilarse únicamente al finalizar cada semestre, a menos que sea un caso excepcional, como por ejemplo, una incapacidad.

Las señales de alarma se confirman debido a los recortes a las pensiones que la Junta de Control Fiscal reiteró al gobernador Ricardo Rosselló Nevares en una carta con fecha del 1 de mayo de 2019, en la que detalla los incumplimientos con el plan fiscal certificado en los que continúa incurriendo la UPR. En el documento, reafirma la exigencia de que se congelen las pensiones y que todos los empleados pasen del actual sistema de beneficios definidos a uno de contribución definida.

“El plan [fiscal] propuesto no incluye ningún detalle sobre los esfuerzos de reforma de las pensiones. Como tal, no cumple con todos los componentes de las reformas de pensiones en el plan fiscal certificado, a saber: un congelamiento en la pensión; una reducción en la parte no financiada de los beneficios acumulados; la continuación de un plan de contribución definida similar al de otros planes del Estado Libre Asociado”, dice la misiva.

La JCF argumentó además en esa comunicación que “la reducción en la parte no financiada de los beneficios acumulados” de las pensiones generaría un ahorro de $10.7 millones anuales. Sin embargo, esas estimaciones de ahorro no se concretarán si continúa la jubilación masiva de empleados activos que cotizan actualmente, provocada por los cambios en el plan médico y la disminución en el pago de días acumulados por enfermedad y vacaciones.

Anticipando esas jubilaciones masivas, la UPR adelantó a la JCF que el pago anual de las pensiones sería “significativamente mayor” que los $74 millones anuales contemplados en el plan fiscal certificado. Es por ello que el organismo federal le exige a la UPR que proporcione datos y proyecciones actualizadas sobre la reforma del plan de pensiones ya que, a su juicio, “es crítico” realizar una estimación precisa del gasto operativo anual de la institución. “Sin reforma, se podría requerir que la UPR gaste rápidamente sus reservas de efectivo para cumplir con las obligaciones de pensiones”, advirtió.

La JCF ya expresó el año pasado en otra carta su intención de que se modifiquen los planes de jubilación de los trabajadores de la UPR. Concretamente, estableció que se reduzcan en un 17% las pensiones que, sumadas al seguro social, excedan los $1,000 mensuales, en un ejercicio de disminuir progresivamente los beneficios actuales hasta que el Sistema de Retiro UPR se iguale a los del resto del gobierno.

De concretarse la agenda de la JCF, el 91% de los 8,759 jubilados actuales de la UPR se afectará con un recorte promedio de $340 mensuales, mientras que tres de cada cuatro empleados activos sufrirán una reducción en la pensión que han aportado hasta el momento, calculó el presidente de la Junta del Sistema de Retiro UPR, Eduardo Berríos Torres.

Una determinación de política pública “ideológica”

El actual plan de jubilación de la UPR, de beneficios definidos, establece que el empleado recibe una pensión mensual vitalicia al momento de jubilarse. La cantidad se calcula según los años cotizados, los ingresos y la aportación realizada, que va a un “pote” que se nutre de tres fuentes: la aportación patronal, la aportación individual del empleado y el rendimiento de inversiones poco riesgosas.

Por otro lado, el plan de contribución definida no paga una cantidad específica durante la jubilación, sino que varía según las aportaciones e inversiones que haga el trabajador conuna cuenta individual, en la que el patrono puede determinar si contribuye o no y cuánto. Si esos fondos se agotan, el jubilado ya no recibirá una pensión.

La decisión de que el retiro de la UPR pase de ser un plan de beneficios definidos a uno de contribución definida responde a una determinación ideológica de la Junta de Control Fiscal de imponer el mismo modelo a todos los sistemas de retiro de las instituciones públicas de Puerto Rico, independientemente de su grado de solvencia.

Esta determinación fue tomada pese a que, en 2017, el coeficiente de sostenibilidad fiscal (“funded ratio”) del Fideicomiso de Retiro, que establece la capacidad de pago de sus obligaciones, se encontraba en 48.9% tras aumentar nueve puntos porcentuales desde 2012, según sus estados auditados. Esto significa que, de cada dólar que tiene comprometido, el Sistema de Retiro UPR puede cumplir con 48 centavos. Según la información financiera auditada más reciente del Gobierno, el “funded ratio” del principal sistema de retiro de empleados públicos estaba en negativo 3.47% para el verano del 2016. En el caso de los sistemas de retiro de maestros y la judicatura, el coeficiente era de 4.93% y 5.36%, respectivamente.

Berríos Torres asegura que corroboró este planteamiento en una reunión celebrada el pasado 19 de septiembre entre varios miembros de la Junta del Sistema de Retiro con la directora ejecutiva de la JCF, Natalie Jaresko, sus asesores y su actuario, quien participó vía telefónica.

“En la reunión que tuvimos con la señora Jaresko, ella admitió que no conocía el Sistema de Retiro [de la UPR]. Ella simplemente estaba haciendo una expresión ideológica de la Junta de que, en Puerto Rico, todos los sistemas de retiro iban a ser iguales… La política ideológica de la Junta de Control Fiscal es que todos van a ser de contribución definida. ‘¿Esa es su posición?’, le pregunté a ella. ‘No, no, esa es la posición de la Junta’”, fue la respuesta de Jaresko, según Berríos Torres.

La APPU presenta una demanda federal

Las acciones que la Junta de Control Fiscal pretende imponer al Sistema de Retiro movieron a la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU) a demandar ante el tribunal federal el pasado 16 de abril a la entidad fiscal, al presidente de la UPR, Jorge Haddock Acevedo, a la Junta de Gobierno de la UPR y a sus integrantes Walter Alomar Jiménez, Zoraida Buxó Santiago, Eric Pérez Torres, Antonio Monroig Malatrassi, Emilio Colón Beltrán, Alejandro Camporreale Mundo y Neftalí Soto Santiago.

Reclaman que el foro judicial declare nula o paralice cualquier acción de la JCF sobre el Sistema de Retiro de la UPR, que se le ordene a la Junta de Gobierno de la UPR no acatar las directrices emitidas por la JCF en torno al Sistema de Retiro, que se remueva la Junta de Gobierno de la UPR y se nombre a la Junta del Sistema de Retiro UPR como fiduciario del Sistema de Retiro de la UPR, y que se respeten los derechos propietarios de los jubilados y los participantes del Sistema de Retiro.

“El Sistema de Retiro UPR, distinto a otras ramas de gobierno, y como el Sistema de Retiro de la Autoridad de Energía Eléctrica, es un fideicomiso que tiene unas protecciones adicionales”, indicó el licenciado Guillermo Ramos Luiña.

Según el representante legal de la APPU, la demanda también expone que los miembros de la Junta de Gobierno de la UPR han incurrido en un conflicto de interés porque, como fiduciarios, tienen el deber de defender el Sistema de Retiro y luchar contra las amenazas que atentan contra el Sistema de Retiro, lo que incluye cobrar a la administración de la UPR los $19.6 millones que debe al Fideicomiso del Sistema de Retiro UPR.

“Los miembros de la Junta de Gobierno han abdicado en su función fiduciaria de defender a los participantes y jubilados del Sistema de Retiro. Ellos individualmente tienen que enfrentarse a todo aquel que ponga en riesgo la estabilidad del Sistema de Retiro. Tienen la obligación de cobrar ese dinero, y no lo han hecho”, expuso Ramos Luiña.

Esta no es la primera vez que la Junta de Gobierno de la UPR se enfrenta legalmente a una solicitud de que se le retire como fiduciario del Sistema de Retiro. En diciembre de 2017, la Junta de Retiro de la UPR radicó un recurso legal exigiendo que se le transfiriera la fiducia sobre el Retiro para lidiar en todo asunto relacionado con PROMESA “como medida cautelar en protección de los intereses y derechos del Fideicomiso de Retiro UPR”. El foro de Primera Instancia desestimó el recurso cinco meses después, y determinó en su sentencia que “el deber fiduciario que la Junta de Gobierno tiene está investido de discreción”.

La inseguridad del plan médico

Según el informe anual de 2017 del Sistema de Retiro UPR, una cuarta parte de los trabajadores del primer centro docente del país tiene los 30 años de servicio o los 58 años de edad requeridos para jubilarse ya. No obstante, esas alrededor de 2,600 personas continúan laborando porque cuentan con una cobertura médica familiar y más amplia, beneficio que se reduce a un plan médico individual al acogerse al retiro, afirmó Berríos Torres.

“El plan médico de los [empleados] activos es superior al de los pensionados. En la cubierta de los pensionados, la universidad paga $125. En el plan de nosotros, $600; por lo tanto, tiene mejor cubierta”, detalló.

El presidente de la UPR dijo el pasado 13 de mayo que, aunque la Junta de Gobierno de la universidad aprobó un recorte de $250 en la aportación patronal del plan médico para el próximo año fiscal, la administración universitaria definió que el recorte en realidad será de $150. Esta cifra, sin embargo, no es la figura en el plan fiscal certificado de la UPR, donde permanece la aportación patronal de $350.

Según Figueroa Franco, quien es asmática, los deducibles de sus medicamentos pueden alcanzar los $1,000 mensuales. “El plan médico paga casi $6,000”, acotó. Por eso, la incertidumbre de no saber si seguirá teniendo esa cobertura “fue la gota que llegó hasta arriba” en su decisión de jubilarse, y ya comenzó a buscar planes médicos individuales que pueda pagar con su futura pensión. “Aunque sea yo sola, no bajaría de $400”, sostuvo.

Rivera Viera y Berríos Torres coinciden en el “efecto devastador” que tendría la reducción del plan médico tanto para los trabajadores activos como para el fondo del Sistema de Retiro, pues, al no contar con ese incentivo, se produciría una jubilación masiva que provocará que sean más los jubilados recibiendo una pensión que los asalariados aportando al pago de las pensiones.

“Es un golpe brutal al Retiro porque esas líneas entre empleados activos y jubilados se van a cruzar más rápido. Aun si el plan [médico] no cambiara, se van a cruzar las líneas porque la universidad no está reclutando. Por lo tanto, no hay sustitución del ingreso”, argumentó.

La profesora jubilada fue más allá en su proyección sobre las repercusiones negativas que tendría esta determinación sobre el país, concretamente sobre el sistema de salud público, ya que quienes se queden desprovistos de un plan médico se verán obligados a solicitar la Reforma de Salud, lo que aumentará los costos al gobierno.

Eliminación del “enfermito”

El angustioso panorama que enfrentan los empleados de la UPR empeora con la reducción del reembolso de días por enfermedad no utilizados, conocido como “el enfermito”. Hasta ahora, podían recibir el pago de hasta 90 días acumulados por ese concepto y otros 60 días por vacaciones ordinarias. El Plan Fiscal certificado por la JCF establece que esos beneficios se reducirán a 15 días a partir del próximo año fiscal que empieza en julio, disminución que ha sido confirmada por la administración a este medio.

Según Berríos Torres, esta medida es una estrategia fiscal para uniformar con las agencias de gobierno la cantidad máxima de días por enfermedad acumulados que afectará a mucha gente. Sin embargo, la decisión de jubilarse no puede estar motivada únicamente por el miedo a perder este estipendio.

Pero eso no convence a Figueroa Franco, quien tiene acumulados 68 días de vacaciones y 75 de enfermedad. “Si me dicen ‘agota los días que tienes’, no volvería en ‘long time’, pero no me puedo ir, porque yo trabajo aquí sola. Si soy consciente, no puedo dejarlo así. La universidad me ha dado también. Hay que agradecer. No es que yo los voy a cobrar todos, pero te pagan una gran parte. Entonces, es mejor tenerlos acá. ¿Y para dónde irían? Para la cuenta de ahorros, para pagar el plan [médico]”, razonó.

Azote a los pensionados

Otra de las afectadas por la reforma en el plan de pensiones será la profesora jubilada Nydia Chéverez Rodríguez. Madre de un hijo y una hija, ambos con una enfermedad genética, desde hace 28 años cuida sola de ellos ya que el padre murió cuando apenas tenían 13 y 10 años, respectivamente. Ciego, diabético y con un leve grado de retardación, su hijo mayor, de 41 años, vive con ella y necesitará atención y cuidados el resto de su vida. Desde que se retiró hace dos años del Recinto de Ciencias Médicas, Chéverez Rodríguez depende de su pensión para mantenerse y ayudar económicamente a su primogénito.

“Me da mucha angustia porque yo lo que pienso es, si me bajan la pensión con mis circunstancias, me las voy a ver bien difícil. La única ventaja que tengo es que yo vengo de la pobreza. Y que yo logré, por lo menos, ser una clase media, no clase media alta. Si tengo que volver a la pobreza, me voy a acostumbrar más fácil porque ya estuve allí, pero sé lo difícil que es, precisamente porque estuve ahí”, meditó la mujer de 62 años.

Chéverez Rodríguez es una de las demandantes en el recurso legal que presentó la APPU, que busca paralizar cualquier acción de la JCF sobre el Sistema de Retiro de UPR.  Argumentó que, en los últimos años, muchos de los empleados de la UPR han incurrido en préstamos personales para aportar una mayor cantidad de dinero a su retiro y garantizar una pensión más alta al momento de jubilarse.

“Dos años antes de jubilarme, me recomendaron que me subiera al último nivel, que era una aportación del 11% anual de mi sueldo, lo que implicó otro préstamo, por el cual ahora mismo me están descontando $600 porque me dieron solo cinco años para pagarlo. Con la expectativa de tener un tope de pensión más alto, el más alto que se podría tener, pensando en mi situación especial”, explicó.

“Ahora vienen estas amenazas al Sistema de Retiro, y qué pasa con todo ese dinero que yo he estado pagando con intereses, qué pasa con ese dinero que yo dejé de disfrutar y lo metí en el Sistema de Retiro para que venga ahora a meter la mano gente que no tiene nada que ver con eso a robarme mi dinero”, cuestionó.

La esperanza de que el recurso legal prevalezca va acompañada de cautela. Mientras se dilucida la demanda en el tribunal federal, el organismo docente está aconsejando a sus miembros que “tomen medidas y se preparen por si viene un cantazo, un golpe y hay una reducción”, acotó la también secretaria en el Capítulo de Jubilados.

Ante el futuro incierto, Chéverez Rodríguez se pregunta qué pasará si desmantelan la Universidad de Puerto Rico: “¿Qué va a ser de la gente pobre, de la gente que viene del campo, que es la única alternativa que tienen? ¿Qué va a ser del país?”. Aun así, alberga la esperanza de que “el país despierte y se vuelque completo a defender a la universidad, no solamente los universitarios”.

Mientras la UPR continúa en probatoria ante la Middle States Commission on Higher Education, Rivera Viera no es tan optimista: “Todo el plan está diseñado para mitigar a la universidad. La universidad es el centro de resistencia en el país. Lo más crítico ahora mismo es la cuestión de la acreditación porque, si no hay acreditación, no hay becas Pell y, si no hay becas Pell, no hay estudiantes. Y, si no hay estudiantes, no hay universidad”, puntualizó.