Por Luisa García Pelatti
Normalmente, los países que tienen problemas de deuda suelen ser muy optimistas con sus proyecciones de crecimiento económico futuro, lo que significa que si crecen más van a poder pagar más deuda. En Puerto Rico, cada nuevo Plan Fiscal certificado por la Junta de Control Fiscal –y van seis– ha resultado en una revisión a la baja de las proyecciones de crecimiento, lo que significa que si la economía crece menos habrá menos dinero para pagar la deuda.
Lo explica Martín Guzmán, economista de la Universidad de Columbia, quien participó la semana pasada en la conferencia “Puerto Rico at a Crossroads and Lessons from Latin America”, organizada por el Centro para una Nueva Economía y la Universidad de Yale.
“La estrategia de la Junta es una apuesta arriesgada”, señala. “La razón por la que no vemos ahora una caída en el Producto Interno Bruto (PIB) es por la inyección de los fondos federales de reconstrucción. Eso es lo que mantiene a la economía de Puerto Rico, ¿pero qué pasará cuando esos fondos ya no estén?”. Señala que “lo más urgente es una estrategia de crecimiento económico integral”.
Desde que se certificaron los primeros planes fiscales las cosas han cambiado mucho: la pandemia de COVID, huracanes, terremotos, la invasión de Ucrania por parte de Rusia, el aumento en la inflación. Esos cambios hacen más difícil que se puedan lograr los objetivos de la Junta. “Los beneficios de las reformas estructurales son ahora más inciertos”, apunta Guzmán, ministro de economía de Argentina desde 2019 a 2022.
Hay que añadir que la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) aumentará el costo de la electricidad, “costo clave en cualquier economía” que provocará que la economía sea menos competitiva.
Por otro lado, Guzmán ha observado “una dinámica peculiar” que no es fácil ver en una economía en recesión. El gasto del gobierno de Puerto Rico en nómina ha sufrido una caída de 51.7% entre 2006 y 2022. Al mismo tiempo, se observa un aumento de 126.8% en los gastos del gobierno en servicios profesionales, principalmente de consultoría, y específicamente de McKinsey & Co.
Mientras eso ocurre, la Junta recorta el gasto en educación. Los fondos que recibe la Universidad de Puerto Rico han pasado de más de $900 millones a unos $500 millones. Los recortes en las inversiones en conocimiento van a provocar que la economía pierda capacidad de crecimiento, advierte Guzmán.
