Foto: Sin Comillas
Por Luisa García Pelatti
“La Junta puede hacer recomendaciones para cumplir con el plan (fiscal) pero el gobierno es el que tiene la determinación de si las acoge o no”. Con esas declaraciones, el representante del Gobierno ante la Junta de Control Fiscal, Elías Sánchez, parece desafiar la decisión de la Junta de pedir la reducción de la jornada laboral si no se cumplen sus recomendaciones. Durante la conferencia de prensa celebrada el viernes, tras la octava reunión pública de la Junta, Sánchez dijo que se sienten “muy complacidos de que se ha acogido el presupuesto del gobierno. El único renglón que tuvimos discrepancia es en la reducción de la Legislatura”, en referencia a los $13 millones adicionales en recortes solicitados para la rema legislativa. “Esa fue la única discrepancia”. Sánchez asegura que “el argumento de igualdad”, una reducción de 10% del presupuesto en todas las agencias y ramas del gobierno, se cumplía con el recorte original de $11 millones en el presupuesto de la Legislatura. Ahora con los $13 millones solicitados adicionalmente, la reducción en el presupuesto de la Legislatura sería de $24 millones. Sánchez señaló que “el gobernador estaba dispuesto” a cubrir esa reducción con recortes en otras áreas de la rama ejecutiva. Por otro lado, asegura que no ha habido, por parte de la Junta, una determinación para reducir la jornada laboral. “Este presupuesto no contiene una reducción de jornada laboral”. “El gobierno cumplió con el requisito de los $200 millones en medidas recurrentes de gastos e ingresos”. Lo que falta, explica, es que la Junta quiere ver los detalles del plan de implementación de los recortes. “La diferencia está en el nivel de detalle que ellos quieren para evidenciar los recortes, y eso es algo que nunca se ha hecho”. A partir del 1 de julio, el Gobierno tiene que demostrar con todo detalles cómo se están llevando a cabo los recortes. “Estamos confiados en que lo podemos hacer”. Sánchez destaca un aspecto legal (Sección 205 de la Ley PROMESA), la Junta podrá hacer recomendaciones al gobierno sobre medidas específicas para cumplir con el plan fiscal, “pero el gobierno es el que tiene la determinación de si las acoge o no”. Y si no las acoge, tiene que preparar un memorando explicando a la Junta por qué no las acoge. Ese memorando se debe enviar al Congreso y al presidente de Estados Unidos.
