Por Luisa García Pelatti
El año pasado, más o menos para esta fecha, Espacios Abiertos, unió a un grupo de periodistas para hablar del acceso a la información y la transparencia. De ese evento, titulado “El baile del acceso a la información”, surgió la idea de crear un esfuerzo concertado para lograr acceso a ciertos documentos. La solicitud al Departamento de Hacienda del informe de reforma contributiva que hizo KMPG cogió auge en ese evento. El pasado sábado, Espacios Abiertos celebró “Casos y cosas del acceso a la información en Puerto Rico”, un taller de trabajo para discutir los aspectos constitucionales del acceso a la información.
Los periodistas, con frecuencia, nos encontramos sin argumentos a la hora de solicitar información pública al Gobierno. ¿Qué hacer cuando te dicen que el documento en cuestión no te lo pueden dar porque tiene información confidencial, o es un borrador, o que se hará público más tarde, más adelante, después, ya veremos? Lo normal es que los periodistas se den por vencidos y sigan con otra cosa.
En el taller se discutieron alternativas para encaminar estrategias conjuntas para exigir información pública. La junta directiva de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO) indicó que es inaceptable que en momentos en que se discuten importantes reformas y decisiones fiscales y económica, se haya convertido en una costumbre negar información relevante para el futuro del país.
Por su parte, la directora de Espacios Abiertos, Nuria Ortiz, dijo que uno de los objetivos es aglutinar sectores de la sociedad para que se unan al reclamo de no se puede seguir tomando decisiones gubernamentales a oscuras. La Unidad de Rendición de Cuentas de Espacios Abiertos lanzará una campaña para alertar sobre los peligros de las negociaciones y decisiones que se hacen en a nombre de pueblo de Puerto Rico pero que no salen a la luz pública, con el “hashtag” #aoscurasno. “El reclamo de la transparencia tiene que venir de la ciudadanía que es la que en última instancia pagará los platos rotos”.
Recordemos que el año pasado, la ASPPRP y SIN COMILLAS demandaron al Departamento de Hacienda exigiendo la publicación del informe de KPMG, que el Gobierno insistía en no publicar alegando que era un borrador y que por lo tanto no era un documento público.
Durante el juicio se presentaron otros argumentos para no entregar el informe: causaría alarma y confusión entre la ciudadanía si se publica ahora. Se publicará en algún momento. “Es un documento de trabajo”, “el documento no es final y no establece política pública”, “el documento es voluminoso y tiene recomendaciones como posibles escenarios”, “el pueblo prejuzgaría”, “el pueblo puede llegar a conclusiones incorrectas”, “el pueblo estaría desinformado si se publicara”, “sería perjudicial que el pueblo participe en el proceso deliberativo”, y “obligaría al gobierno a tener que contestar preguntas de la prensa”, “imagínese que se le permita a la prensa intervenir en cada proceso deliberativo del gobierno”.
Conocer el informe de KPMG era especialmente relevante porque contiene un análisis del sistema contributivo y es el documento que se iba a utilizar para redactar el proyecto de reforma contributiva unas semanas después. Conocer qué recomendaciones se hacían en el estudio y por qué, y cómo el proyecto que iba a proponer el Gobierno se asemejaba o no a esas recomendaciones era crucial para llevar a cabo un debate informado sobre la reforma contributiva.
Ahora, los periodistas nos hemos centrados en otros reclamos: el acceso al “data room” que el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) va a hacer disponibles a los tenedores de deuda para negociar la reestructuración; los incentivos que se otorgan bajo la Ley 22; los incentivos otorgados a empresas como Lufthansa; los resultados de la encuesta de las empresas realizada por el Departamento de Estado; o las minutas de las reuniones de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), entre otros asuntos.
